Energía eólica interrumpida

El polvo perfora el aire en el punto de convergencia entre el capitalismo verde y la barricada humana en Álvaro Obregón. Los hombres de este lugar suelen usar prendas para protegerse del aire cargado de suciedad: se suben las camisetas hasta el rostro y así evitan la tierra suspendida. Alguna camiseta protectora muestra la cara sonriente de un antiguo candidato político, otra es una diluida reliquia de un concierto de rock and roll; en cualquier caso, la tos crónica que se oye por todas partes en esta pequeña localidad hace que parezca una batalla perdida. Hoy, frente a la derruida fachada de ladrillo de la hacienda abandonada de la que se apropió la resistencia como lugar de reunión, un grupo de jóvenes transformó las camisetas en cubrebocas. El suyo es un gesto más simbólico, pues tiene un toque de ilegalidad y es, a la vez, una oda al zapatismo. Cuando bajan de la plataforma de una camioneta abollada, ni siquiera las mascarillas improvisadas logran ocultar sus sonrisas. Acaban de regresar de una excursión al lugar donde Mareña tiene su torre de pruebas, una descarnada torre de metal con una veleta de tres puntas que mide la calidad, duración y fuerza del viento. En sus manos, los enmascarados sostienen algo. Un premio. La multitud, alrededor de unos setenta espectadores, se reúne ansiosa por ver qué consiguieron. Pasando el botín de mano en mano con cuidado, el objeto finalmente se acerca lo suficiente para que podamos verlo. Es un anemómetro, un aparato que mide la velocidad del viento; un objeto fuera de lugar. “¿De dónde salió?”, preguntamos. “Se cayó de la torre”, responden. “¿Se cayó así nada más?”, nos preguntamos en voz alta, un poco incrédulos. Con una sonrisa cada vez más amplia, parece que han decidido que no vale la pena seguir fingiendo. “Bueno —dicen— se cayó cuando derribamos la torre Mareña”.

©Gran OM & Co., El Istmo es nuestro, 2020

​ El proyecto Mareña contaba con un conjunto muy poderoso de aliados y con todo el respaldo del capital transnacional, pero los hombres con camisetas a manera de cubrebocas, junto con muchos otros en el Istmo, seguían dudando del parque y de lo que podría acarrear o impedir en los años venideros. Al ser un megaproyecto de vastas dimensiones, el parque eólico tenía el potencial de afectar los medios de sustento de la población de todas las comunidades circundantes. Se consideraba que amenazaba tanto el medioambiente terrestre como las ya vulnerables aguas marítimas y sistemas lagunares de donde los istmeños obtenían su sustento en forma de pescado y camarón. Para muchos, el parque personificaba la dominación extranjera. Según algunos, el proyecto supondría la expropiación de las tierras de los pueblos indígenas, así como de las tierras de gestión colectiva de los agricultores locales, y desplazaría aún más a la población indígena ikojts, que ya llevaba siglos exiliada a los bordes acuosos del Istmo por la negligencia del Estado y sus vecinos binnizá. De acuerdo con otras personas, los funcionarios del gobierno y los agentes de la empresa sobornaban a los líderes locales, que luego repartían el botín entre sus compinches políticos. Además, había muchas dudas sobre la legalidad del propio parque. Una afirmación muy extendida era que las comunidades afectadas no habían recibido información precisa, de manera que, si el contrato del parque eólico fue firmado sin la plena comprensión de los signatarios, el proyecto violaba la Constitución mexicana y los convenios internacionales suscritos por el país. La letanía de denuncias contra el proyecto Mareña fue extensa y difundida ampliamente. Los argumentos operaban en varios planos discursivos, vinculando el ecologismo y los derechos humanos, la soberanía indígena y las obligaciones del Estado con su ciudadanía.

​ A lo largo del tiempo y en distintos poblados, la oposición al proyecto adoptó varios nombres, desde los inconformes de San Dionisio del Mar hasta la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) , cuya sede está en Juchitán. Pero todos se agruparon, en términos generales, bajo el título de la resistencia o, en ocasiones, los antieólicos. Me refiero a este proceso de oposición y a sus protagonistas como la resistencia porque afirmar que los implicados son “antieólicos” no es del todo correcto: no se oponen a la energía eólica en sí, sino a la manera en que esta ha llegado a ocupar sus tierras y costas en forma de capital transnacional, administración corporativa, contratos potencialmente espurios y corrupción generalizada. Las figuras clave de la resistencia (Bettina, Rodrigo, Alejandro, Mariano y Jesús) se dieron a conocer gracias a la batalla de Mareña no solo en el Istmo, sino, en algunos casos, en todo el mundo. Con la gigantesca escala del proyecto (132 turbinas ubicadas en tres comunidades diferentes, cada una con su identificación étnica, lingüística y política específica; cada una con su historia y sistema de tenencia de la tierra particulares; y cada una con sus propias condiciones y preocupaciones ecológicas), Mareña Renovables se enfrentaba a una tarea compleja, casi imposible de concretar. El no reconocer esta complejidad antes o con mayor profundidad es una de las razones principales de la de­saparición del parque. Sin embargo, las consecuencias conjuntas entre el lugar y la idiosincrasia local se pusieron de manifiesto en la resistencia.

​ Lo que espero destacar en el caso de Mareña Renovables es que, aunque la empresa y el estado creyeran que estaban llevando la transición a la región (tanto en forma de energía renovable como en términos de desarrollo económico), quienes se oponían al parque creían precisamente lo contrario: el parque eólico no era más que otro ejemplo de extracción y explotación de recursos por fuerzas externas. Para la resistencia, la instalación del megaproyecto era una imposición neocolonial más, que despojaba a los indígenas de sus tierras para beneficio de los financiadores europeos. Desde este punto de vista, no es de extrañar que la expansión de los parques eólicos en la región pasara a denominarse de un modo más general “la nueva conquista”. En el frustrado parque eólico vemos que la transición depende en gran medida del lugar del que se trate. El cambio a nuevas formas de energía es fundamental para la salud climática global, pero se vivirá de manera distinta en función de los intereses locales y globales.

©Beatriz Millón, Neocolonialismo, Istmo de Tehuantepec, Cortesía de la artista

Desmontaje

Pasamos la mañana hablando con Jesús y su esposa, Magda, sobre las protestas y las posiciones de los inconformes en San Dionisio, el pueblito donde él nació y creció. Su tío era la autoridad municipal en 2004, cuando se firmó el contrato original para el parque eólico de Mareña con Preneal;¹ pero ahora tanto él como su anciano tío se oponen frontalmente al desarrollo del proyecto. Fue a principios de 2011, nos dijo Jesús, cuando un grupo de comuneros consiguió el contrato original, algo que solo fue posible, señaló, a través de entregas secretas y una serie de operaciones clandestinas. Esta fue la primera vez que pudieron ver el contrato en su totalidad. Al leerlo, se sintieron indignados por el alcance y la envergadura del proyecto. Como muchos de ellos nos han explicado a lo largo de los meses, en un principio se les informó que el parque tendría únicamente treinta turbinas en lugar de 132.

​ Además de la multiplicación de las turbinas, podríamos rastrear un error jurídico fundamental hasta una reunión que parece no haberse celebrado nunca. De acuerdo con las normas legales de la toma de decisiones de la comuna, deben celebrarse dos reuniones para cualquier decisión de resoluciones duras, es decir, decisiones que impliquen impactos vinculantes y a largo plazo sobre la propiedad colectiva, como el uso de suelo. Durante estas reuniones son imperativos el debate y la discusión, y todos los miembros del colectivo deben conocer con exactitud el alcance y los planes de cualquier propuesta. Tras estas discusiones, el 50 por ciento más uno de los miembros de la comuna debe aprobar la resolución para que sea vinculante. Los inconformes de San Dionisio alegan que la segunda reunión obligatoria nunca se celebró y que la información no se divulgó de forma precisa o completa, por lo que la recolección de firmas del acuerdo original es nula. Se trataba, como oiríamos decenas de veces, de un “contrato leonino” e injusto que favorecía ilegalmente a una sola de las partes firmantes, en este caso, la empresa.

​ Durante el verano de 2011, cuando se descubrió el contrato, Bettina comenzó a reunirse con la oposición en San Dionisio. Fue en ese entonces cuando empezaron a tomar forma las protestas selectivas contra Mareña. A principios de agosto, miembros de la oposición de San Dionisio se reunieron con otras comunidades de la barra o la región lagunera. Aunque la barra le pertenece a San Dionisio como tierra comunal (y legalmente forma parte del municipio administrativo de Juchitán), los derechos de uso tradicionales, como la capacidad de lanzar botes de pesca desde el sitio, siguen en manos de San Mateo, Santa María, Álvaro Obregón y otros poblados que rodean el banco de arena. A mediados de mes se celebraron asambleas populares y el pequeño poblado de Pueblo Viejo, junto a una cohorte de sandionisios, volvió a rechazar la construcción del parque.

​ A medida que avanzaba el año, Amnistía Internacional empezó a recibir avisos de que Bettina estaba siendo objeto de amenazas. No estaba claro de quién, pero se rumoraba que de esbirros que trabajaban para la empresa o matones contratados por partidarios del parque que acechaban en las sombras o, con más frecuencia, pasaban en camionetas intimidantes. En noviembre de 2011, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió un comunicado al gobierno estatal en el que afirmaba que la activista requería protección debido a las amenazas (y agresiones anteriores) que había sufrido por su labor en defensa de los derechos humanos. Ese mismo mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el préstamo a Macquarie/Mareña —por un total aproximado de 64 millones de dólares— para la construcción del parque. Según un representante del BID, Jeff Easum, el banco consideró que se trataba de un paso en la dirección correcta y que cumplía su misión y mandato ecológicos.

​ Cerca de la Navidad de ese año, Mareña Renovables depositó más de 20 millones de pesos en la cuenta bancaria municipal de San Dionisio por el contrato de cambio de uso de suelo. Según se supo después, el presidente municipal y alcalde del PRI, Jorge Castellanos, omitió reportar este pago, por lo que a muchos observadores, sobre todo a los opositores al parque, les pareció un “obsequio” muy lucrativo y mal habido.²

​ En enero de 2012, un grupo numeroso de comuneros de San Dionisio exigió públicamente que se “rectificara” el contrato de 2004. Mientras tanto, el alcalde anunció que ya había firmado el acuerdo de construcción apenas unas horas antes de la declaración de los inconformes. Muchos habitantes lo tomaron como un acto unilateral que solo beneficiaría financiera y políticamente al alcalde y a sus seguidores. Poco después, el alcalde fue expulsado colectiva y literalmente de su despacho en el Palacio Municipal. Varias decenas de miembros de los inconformes tomaron el sitio, ocupando físicamente el espacio administrativo del alcalde exiliado.

Resistencia del Istmo de Tehuantepec contra el corredor eólico. Fotografía de ©Santiago Navarro. Cortesía del artista y Avispa Midia

​ El 8 de febrero de 2012 un colectivo de habitantes de San Dionisio presentó una iniciativa en el Congreso de Oaxaca para la destitución oficial de Castellanos, alegando que había cometido varios delitos y faltas contra aquellos a quienes tenía la misión de servir. Por ejemplo, varios vecinos denunciaron que se les negaban servicios médicos por oponerse al parque eólico. O, como dijo una mujer mientras hablábamos con ella en su puesto frente al Palacio Municipal ocupado:

Si eres del PRD, no va a venir ninguna ambulancia a atenderte. ¡Olvídalo! Te van a dejar morir ahí.

​ Como en otros lugares del Istmo, el faccionalismo político ha sido parte de la vida en San Dionisio desde la llegada de los partidos políticos nacionales, y se magnificó a medida que se acercaba la construcción del parque eólico.

NOTA DE LOS EDITORES

La resistencia de los inconformes se mantuvo durante un año más a pesar de los sobornos y los intentos de deslegitimar las asambleas comunitarias en el Istmo por parte de las autoridades locales y estatales. Muchos de los que se oponían al parque eólico sufrieron amenazas de muerte y violencia física. Además, ocurrieron enfrentamientos violentos entre ellos y contratistas del proyecto Mareña. Finalmente, los inconformes presentaron un amparo ante un juez federal, quien ordenó detener temporalmente las turbinas del parque eólico. En enero de 2013 el Consejo de Administración de Mareña Renovables anunció su retiro de Oaxaca.

Cymene Howe, Ecologics. Wind and Power in the Anthropocene, Duke University Press, Carolina del Norte, 2019, pp. 103-116. Se reproduce con el permiso de la autora. Este texto guarda una estrecha relación con el de Dominic Boyer, publicado en esta misma edición.

Imagen de portada: Resistencia del Istmo de Tehuantepec contra el corredor eólico. Fotografía de ©Santiago Navarro. Cortesía del artista y Avispa Midia