I
Es el año 2023 y ya hay jóvenes que nacieron zapatistas. Una generación entera creció lejos del cacicazgo, sin vivirlo en carne propia, y escapó del destino de morir por enfermedades curables —como les sucedió a 60 mil chiapanecos en el gobierno de José Patrocinio González (1988-1993)—.1 Pero el zapatismo sigue teniendo enemigos.
Algunos entran a Chiapas disfrazados de apoyo, como el programa asistencialista Sembrando Vida, que inyecta grandes cantidades de dinero (118 614 millones de pesos en lo que va del sexenio)2 bajo la condición de que los beneficiarios callen todas sus críticas al gobierno estatal y al federal. La censura a cambio de recursos es un compromiso de palabra, así lo relatan testimonios anónimos de distintas regiones de de la entidad y de estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Además, las bases de Sembrando Vida contravienen las costumbres de los pueblos mayas que habitan en Chiapas. “Las comunidades indígenas y campesinas tienen una tradición de gestión colectiva del territorio, apoyada en la propiedad social de la tierra y en la asamblea como máxima autoridad. El programa está socavando intencionalmente las estructuras que les permiten cierto grado de autonomía”, se lee en un documento del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.3 Para recibir los apoyos hay que abandonar las prácticas colectivas del cuidado y la siembra de la tierra y adoptar el individualismo, mucho más adecuado si se pretende parcelarla en pequeñas propiedades para comprarlas o venderlas.
Pero quizá los enemigos más peligrosos de los zapatistas sean las guardias blancas y los paramilitares, entrenados y operados por el Ejército mexicano, financiados por caciques locales y aliados con el cártel de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los testimonios del propio EZLN y las denuncias recurrentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Estos pactos no solo refuerzan la contrainsurgencia, sino que crean un escenario violento para controlar los negocios a los que se dedican estas fuerzas armadas irregulares.
El atentado contra la comunidad de Moisés Gandhi es uno de los casos más recientes de la violencia que se vive en Chiapas. El 5 de junio de 2023, un centenar de organizaciones denunciaron que el ataque fue obra de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, un conocido grupo paramilitar que suele cometer atentados contra las bases de apoyo del EZLN. En esa ocasión murió el zapatista Jorge López Santíz. Un pronunciamiento firmado por centenas de asociaciones y personalidades advierte: “Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador”.
Otro caso es el video, muy difundido en redes sociales, que muestra una hilera de camionetas artilladas del cártel de Sinaloa entrando a Frontera Comalapa, un punto estratégico porque se encuentra en el límite fronterizo con Guatemala. Parecía un desfile: mientras los vehículos pasaban, la gente los vitoreaba a un lado y otro de la carretera. Días después, decenas de miles marcharon por la paz en las calles de algunas localidades chiapanecas, por ejemplo, en Motozintla y Siltepec. Sin embargo, las organizaciones, laicas y religiosas, están arrinconadas.
Hoy la situación es extremadamente crítica, pero comenzó en el gobierno de Manuel Velasco (2012-2018), cuando los Zetas tomaron el control del corredor norte de Chiapas y el resto de la entidad quedó en manos del cártel de Sinaloa.4 El poderío y la presencia de estos grupos criminales tiene un efecto perverso: el gobierno estatal ha empezado a delegarles labores contrainsurgentes que antes solo hacían las guardias y los paramilitares contratados por los caciques. “A partir de esta alianza, el gobierno local les encarga la contrainsurgencia”, confirma el periodista Luis Hernández Navarro, quien sigue haciendo la cobertura periodística del zapatismo.
Ahora, en el gobierno de Rutilio Escandón, con el cártel de Sonora dividido, el CJNG entró al territorio con una beligerancia insospechada. Los recién llegados quieren eliminar todos los obstáculos —sin que importe cuánta sangre corra— para dominar el estado. El señor de los Caballos, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, encabeza el CJNG y su archienemigo el Güero Pulseras, Jesús Esteban Machado, el cártel de Sinaloa. Sus bandos han desatado una violencia incontrolable. A pesar de las alarmas que han hecho sonar varios organismos sociales y los propios zapatistas, ni el gobierno de Chiapas ni el federal los han frenado.
Ambos grupos criminales tienen una enorme capacidad de fuego e intentan apoderarse o mantener bajo su control distintos negocios: el tráfico de migrantes, las redes de trata de mujeres, el tráfico de órganos, toda la compra-venta de mercancías provenientes de Centroamérica, el despojo de territorios donde hay minerales muy codiciados y las drogas, cuyo consumo se ha elevado entre jóvenes indígenas.5 Hay decenas de miles de habitantes desplazados.
II
Hace treinta años los zapatistas lograron convocar multitudes en los momentos críticos de la violencia paramilitar contrainsurgente. Lo hicieron para impedir que se repitieran masacres como la de Acteal. Aquellas movilizaciones fueron un parteaguas porque tuvieron un efecto de contención. Las más recordadas sucedieron durante los primeros doce días de enero de 1994, cuando exigieron un alto a la respuesta del Ejército mexicano ante el levantamiento del EZLN.
Pero nada de eso ha vuelto a pasar. La clase media urbana que entonces salió a las calles hoy se limita a manifestarse en las redes sociales. Mientras tanto, el zapatismo vive un grado preocupante de desmovilización y la baja de muchos militantes. Los únicos que todavía salen a protestar son otros pueblos originarios, particularmente en Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México —y no es casualidad—. El olvido es otro enemigo de las comunidades zapatistas. Es un olvido hecho de desesperanza, y la clase política no deja de alimentarlo. Hace poco, por mencionar solo un ejemplo, los diputados prefirieron hablar de aliens en el Congreso de la Unión.
Los políticos se han aliado con las fuerzas armadas regulares e irregulares. Jactándose de ser de izquierda, los gobernantes les darán más poder y beneficios. Les darán, sobre todo, impunidad. Juntos lograrán que el Tren Maya se convierta en la columna vertebral del despojo en el sur del país. Juntos usarán el Corredor Transístmico para multiplicar las ganancias de todos los negocios posibles, sean legales o ilegales. El aparato empieza en la Presidencia de la República, pasa por gobernadores, secretarios de Estado, fiscales, presidentes municipales, legisladores y llega hasta el miembro de un grupo criminal que desaparece a quien “no paga piso”.
Chiapas “es el nuevo espejo de México”, me dice don Luis, “las fuerzas que actúan en ese estado son las mismas que están en todo el país”. Olvidamos a los zapatistas, aunque compartimos con ellos las mismas amenazas y enemigos.
Imagen de portada: Marcha por el cese al fuego en Chiapas, Paseo de la Reforma, Ciudad de México, 7 de enero de 1994
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“Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía”, Enlace Zapatista, 27 de enero de 1994 (agosto de 1992). Disponible aquí. ↩
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Cálculos del autor con base en cifras del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. ↩
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Comunidad y autonomía frente a Sembrando Vida, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Ciudad de México, 2021, p. 20. ↩
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José Gil Olmos, “Narco, zetas y paramilitares, la realidad en Chiapas”, Proceso, 7 de abril de 2016. Disponible aquí. ↩
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Según el director del Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez, José Antonio Chiñas Vaquerizo, de mil pacientes atendidos por estos problemas al año, el sesenta por ciento consumió metanfetaminas. Isaí López, “Aumenta aceleradamente el consumo de drogas en Chiapas”, El Heraldo de Chiapas, 21 de septiembre de 2023. ↩