El terrible incendio de las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo de 2023 cobró la vida de cuarenta hombres y dejó gravemente heridos a otros veintiocho. Se trata de un nuevo obituario en esta frontera y de un estigma más en su historia. Las víctimas mortales eran de Guatemala (dieciocho), El Salvador (siete), Venezuela (siete) y Honduras (seis), aunque también hubo de Colombia y posiblemente de Ecuador. Muchos habían llegado a Ciudad Juárez con la expectativa de internarse en Estados Unidos.
Yayoi Kusama, Fire, ca. 1954. ©Smithsonian American Art Museum
Al momento del incendio, decenas de personas se encontraban confinadas y hacinadas. Algunas superaban las 36 horas de privación de libertad permitidas por reglamento y otras incluso contaban con permisos oficiales de estancia en el país. La responsabilidad de estas injusticias recae sobre las irregularidades y graves faltas al marco normativo cometidas por las autoridades de migración, como se informó en las audiencias del proceso legal. Se ha dicho que, a modo de protesta, uno de los detenidos provocó el fuego al prender unas colchonetas en una celda por no recibir agua ni alimentos. Pero lo cierto es que el lugar carecía de las medidas de prevención adecuadas y de personal. Además, no se atendió el inicio de las llamas ni se liberó a tiempo a quienes se encontraban recluidos: no se abrieron candados ni rejas, y no había salidas de emergencia. Algunas mujeres que estaban en otra celda pudieron ser rescatadas.
La gran mayoría de las víctimas mortales había viajado durante meses y por miles de kilómetros desde Sudamérica y Centroamérica hasta tierras juarenses, ya en la frontera con Estados Unidos. Estas no murieron en la aguas del Río Bravo, el desierto o el mar, ni en un tráiler abandonado en alguna carretera texana, sino en un centro de detención del gobierno mexicano. Ciudad Juárez ha sido testigo de historias terribles, y aunque se ha escrito mucho al respecto, habrá que seguir escribiendo y, sobre todo, pensando en una alternativa viable para quienes migran o buscan asilo, pues se trata de un derecho humano que debe ser amparado y respetado por la ley. Para ello son indispensables el acceso a la verdad y la justicia, así como medidas de reparación y de no repetición.
Se estima que esta primavera de 2023 se encuentran en Juárez más de 15 mil personas en tránsito migratorio. De ellas, menos del 30 por ciento consiguió espacio en albergues públicos o civiles. Apenas algunas cuentan con recursos para costearse un cuarto de hotel o arrendar una vivienda, de manera que la inmensa mayoría habita en calles y parques. Desde 2018, el acelerado incremento de los precios del mercado inmobiliario se ha visto reflejado en el aumento de la población callejera migrante, la cual requiere de la solidaridad y el apoyo de la población juarense. Sin embargo, distintas instancias oficiales restringen alternativas de ayuda a los migrantes, además de que los acosan y persiguen, en muchas ocasiones sin apego a la legalidad.
Frontera en El Paso, Texas, 2013. Fotografía de Kit Johnson. Flickr
El gobierno estadounidense ha puesto en práctica políticas especialmente restrictivas hacia los migrantes de países como aquellos de los que provenían las víctimas del incendio. Estas políticas han sido consideradas por grupos defensores de derechos humanos como discriminatorias pues parten de una serie de concepciones racistas y clasistas. A quienes vivimos en Juárez nos tocó acostumbrarnos a la imagen de los soldados de aquel país apuntando con sus armas hacia el sur del Río Bravo; aunque en México los acosos no han sido menores, pues la Guardia Nacional ejecuta en todo el territorio mexicano sus “instrucciones de disuasión” y desatiende a los migrantes en tránsito.
Tragedias similares a la ocurrida en Juárez suceden en muchos otros lugares de México y del planeta. Las víctimas del incendio, como tantas víctimas de la discriminación y la indiferencia en otros países, conmocionaron a México y al mundo. Sus cuerpos calcinados expresaron que las violencias políticas deben cesar, que no son criminales quienes migran, ni delinquen quienes se van a otras tierras a forjar un futuro nuevo cuando las garantías de una vida digna, y de la vida misma, no existen en sus países de origen.
El fatídico hecho nos lleva a pensar que el INM no debería funcionar de la manera en que lo lleva haciendo, y que lo mejor sería que su presupuesto sea destinado a la construcción de albergues y a implementar políticas de acogida. Tal vez desde las cenizas podamos renacer.
Migrar es un derecho, es soñar con un futuro de alternativas que han sido negadas. Muchas voces se suman a esa utopía. Cuando se grita “¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer!”, también se hace por que caigan el sexismo, las desigualdades, las violencias y la propiedad privada. Debe caer, en fin, el capitalismo tardío, responsable del deterioro ambiental, los desplazamientos forzados y las exclusiones.
Frente a la persecución de las instituciones, son muchas las acciones humanitarias realizadas durante el último lustro por la gente de Juárez y El Paso en apoyo a los cientos de miles de personas en tránsito en la frontera. Prueba de ello son las decenas de historias de personas transexuales y transgénero que llegan a Juárez desde 2018, la mayor parte desde Centroamérica, y reciben el amparo de Respetttrans, un “espacio seguro para personas de la comunidad LGBTTTIQ+” donde se ofrece de forma gratuita alojamiento, alimentación, asesoría legal, atención médica y ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas. En Juárez hay una larga lista de albergues que, como este, operan a partir de la voluntad de la comunidad local, sobre todo de iglesias, proyectos sostenidos por personas anónimas, empresas, organizaciones sociales y voluntarios que brindan servicios en los albergues.
Ofrenda en el centro de detención de migrantes, Ciudad Juárez, 2023. Fotografía de ©Christian Chávez
En Juárez se han hecho presentes instancias como agencias de la Organización de Naciones Unidas, iglesias, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante. Pero también ciudadanos que, como alguien que conozco, buscan casas en renta para apoyar con alojamiento a jóvenes que arriban de Centroamérica y no tienen quién les ayude. Bastante más podría lograrse si en los medios de comunicación, las escuelas y universidades se multiplicaran las reflexiones y acciones en favor de los derechos de los migrantes.
Memoria, verdad, justicia y no repetición. Por los derechos de migrar.
Imagen de portada: Ofrenda en el centro de detención de migrantes, Ciudad Juárez, 2023. Fotografía de ©Christian Chávez