En el noroeste de México, a 70 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entre el municipio de Caborca y Puerto Peñasco, se encuentran 21 mil hectáreas (ha) de desierto en régimen de propiedad ejidal llamadas El Bajío.
Los campesinos de este lugar, principalmente jornaleros que provenían del centro y el sur de México, se enfrentaron legalmente al segundo grupo minero de mayor tamaño del país al demandar a una empresa que pertenece a Industrias Peñoles, propiedad de la familia Baillères. En el terreno de lo legal ganaron. La minera fue desalojada de las tierras de El Bajío y obligada a resarcir el daño ambiental, pagar rentas y devolver el oro extraído. Sin embargo, esta no ha remediado el daño, ni pagado rentas, ni devuelto el oro. Mientras tanto, los demandantes han enfrentado amenazas, hostigamiento, encarcelamiento, desaparición y muerte.
Mineros en el desierto
La vida aquí puede ser inhóspita. No obstante, este es uno de los desiertos más biodiversos del planeta, y a lo largo del tiempo muchas comunidades cercanas han aprovechado esas condiciones para sembrar y cosechar espárragos, uvas y aceitunas, aunque la actividad principal en la zona sea la pesca.
Estamos a escasos 15 kilómetros de la costa. Por eso un trabajador de Minera Penmont, la empresa que llegó a la región en 1997, cuenta con orgullo lo difícil que fue “hacer mineros de los pescadores”. De acuerdo con el gerente general de la empresa, el ingeniero Martín Gerardo Rochín, nadie imaginó el secreto de estas arenas, que esconden “una de las reservas de oro más importantes del país”.
Minera Penmont es una empresa de Fresnillo PLC, que a la vez forma parte del Grupo Peñoles, que a su vez es parte de Grupo BAL, el poderoso conglomerado de la cuarta familia más rica de México, los Baillères.1 La minera se instaló en Caborca y comenzó a detonar el desierto. Desde entonces opera la mina de oro a cielo abierto más grande de México, La Herradura, ubicada en un ejido a un costado de El Bajío.
©Miguel Fernández de Castro, fragmento de Historia geológica del polvo, 2018. Cortesía del artista
Entre finales de los noventa y principios de la década siguiente, los ejidatarios de El Bajío desconocían lo que ocurría en sus 21 mil ha de desierto, una extensión muy superior, por ejemplo, a la del municipio Guadalajara (18790 ha). En 2001 la minera se presentó en una asamblea ejidal de El Bajío e hizo esa promesa común en la que el extractivismo se disfraza de progreso: “Habrá trabajo bien pagado, construiremos escuelas, calles, servicios básicos”.
En ese momento accedieron a que la empresa entrara a realizar labores de exploración. Se supone que durante esta etapa se evalúan las condiciones del terreno y la presencia de minerales para elaborar un proyecto de extracción. Y también se supone que el proyecto contemple un acuerdo con los propietarios de las tierras, así como los permisos legales necesarios. Pero la empresa se limitó a pagar 16 mil pesos a cada ejidatario. “Y yo no volví a saber de ellos, ni la mayoría de los compañeros”, dice Jesús Javier Thomas González.
El rumor de la discordia
El interés de los campesinos por las actividades de la minera fue aumentando a medida que oían conversar a sus trabajadores. Después del jornal, llegaban acalorados a la tienda de dos ejidatarios y mientras tomaban una coca platicaban del oro que encontraban. Hablaban en específico de una mina, la Dipolos. Después de interrogar a los empleados y de hacer visitas a las tierras, los ejidatarios vieron que la mina tenía guardias privados en sus terrenos y que, efectivamente, había comenzado a extraer mineral.
La empresa pasó de explorar a explotar; el acuerdo se había violado.
En 2009 una familia de ejidatarios interpuso un juicio agrario en contra de Minera Penmont, exigiendo que se le consultara e incluyera en la participación de la explotación. La sentencia, dictada por el entonces magistrado del Tribunal Agrario Número 28 de Hermosillo, Manuel Loya Valverde, fue favorable para los ejidatarios de El Bajío.
La empresa estaba obligada a desalojar las tierras pero, para evitarlo, convenció a otros ejidatarios de interponer juicios de amparo que impidieran la ejecución de la sentencia. Los engañaban haciéndoles creer que la familia que presentó el juicio se apoderaría del ejido, cuando en realidad la decisión del magistrado beneficiaba a toda la comunidad.
Un hecho vino a cambiar el curso de este conflicto. El ejidatario Jesús Javier Thomas supo de un viaje financiado por la minera para llevar a varios ejidatarios a una audiencia del Tribunal Agrario en Hermosillo con autobuses, hotel y comidas pagados, y decidió asistir. Ya en la capital de Sonora, un defensor público les explicó que habría dos audiencias: a una asistirían, a la otra no. Si entraban a la segunda, corrían el riesgo de perder sus tierras, les aseguró. Thomas recuerda:
Nos habló como si fuéramos las personas más ignorantes del planeta. Obviamente, lo primero que hice fue acudir a la audiencia a la que me pidieron no asistir.
Ahí entendió que la sentencia del juicio había pasado prácticamente inadvertida por los ejidatarios. También recuerda que sus compañeros propusieron volverse proveedores de labores de transporte, mantenimiento o seguridad, pero la minera se negó a aceptarlos como empleados.
Fue entonces cuando comenzamos a planear desalojar a la mina, y para eso tuvimos que hacerles creer que yo me había vendido.
Expulsar a una minera
Thomas cuenta que le ofrecieron mucho dinero en aquella asamblea para operar a favor de la minera. Él accedió. Y a espaldas de la empresa formuló un plan con los ejidatarios.
No llegó a cobrar ese dinero, pero se ganó la confianza de los representantes de la empresa y les sugirió un plan:
Por qué no convocan una audiencia de conciliación, les hacen creer que van a ofrecer mucho dinero para arreglarse, y cuando lleguen, les dicen que no ofrecen nada, cero pesos; a ellos se les caerá la moral, y después les pueden dar tres pesos por pactar.
Thomas les recomendó hacer la audiencia en el propio ejido y la minera aceptó el plan. Así, el 14 de julio de 2013 se reunieron en las tierras de El Bajío el magistrado agrario Manuel Loya y su equipo, los ejidatarios y los representantes de la minera. Cuando inició el encuentro los representantes dijeron que ellos no ofrecían nada,
que no les interesaba negociar y que no tenían nada que ofrecerle al ejido, como era el plan —recuerda Thomas—. Luego me dan a mí el uso de la voz como representante del ejido, y le digo al magistrado que, en vista de que nos habían citado para una audiencia de conciliación y que la minera no quería conciliar, pues que pasáramos al desalojo, como preveía la sentencia.
Los representantes de la empresa argumentaron que existían amparos que impedían la ejecución, pero no contaban con que los ejidatarios habían retirado los amparos un viernes por la tarde. “Y el desalojo lo hicimos el domingo”.
©Miguel Fernández de Castro, The Absolute Restoration of All Things (en colaboración con Natalia Mendoza), 2022. Cortesía del artista
Con la fuerza pública se detuvieron ese día las actividades de Penmont y se otorgaron 45 días para que un perito, acompañado por ejidatarios y representantes de la mina, realizara el deslinde de tierras, ya que el límite estaba en pugna. El litigio de la desocupación comprendía una extensión de 1824 ha, pero la minera tenía en su poder otras 8 mil ha del ejido. Javier Thomas señala que para desalojar a la minera de esas tierras se hubiera necesitado ganar nuevos juicios, agotar las instancias y luego ejecutar la desocupación. Ellos, sin embargo, pusieron en práctica la técnica del “agotamiento”.
Era agosto de 2013 y sabían que las diligencias serían extenuantes: un calor de 46 grados, recorridos de casi 14 horas. Los ejidatarios llevaban comida y agua, los mineros no.
La noche del tercer día se redactó un acuerdo, del que dio fe un actuario adscrito al Tribunal Agrario, en el que la minera declaraba que, de forma voluntaria, entregaba la totalidad de las tierras.
Así fue como nos entregaron todas las tierras, sin juicio. Y esa fue la manera de desalojarlos: por agotamiento físico y mental.
La restauración absoluta de todas las cosas
Ese mismo año los ejidatarios presentaron 67 juicios agrarios, uno por persona, para exigir que la empresa pagara por los daños y perjuicios derivados de la ocupación ilegal. Además, le exigían restablecer el ecosistema a las condiciones en las que se encontraba antes de su entrada, y el pago de rentas por el tiempo transcurrido hasta la ejecución total de la sentencia.
La decisión del tribunal, favorable a El Bajío, llegó el 9 de junio de 2014. Minera Penmont se amparó, pero el recurso le fue negado, haciendo firme una sentencia histórica que dictó el entonces magistrado agrario Manuel Loya. En ella se lee que Minera Penmont está obligada a restablecer las tierras del ejido “con sus cerros, montes, aguas, aire, flora y fauna que antes existían, libres de toda contaminación” y que, además, debe “regresar al lugar todo el oro y demás minerales que extrajo”.
Según sus propios reportes financieros, el proyecto minero Soledad-Dipolos explotó las tierras de El Bajío desde 2010 y extrajo 236 mil onzas de oro, obteniendo una utilidad bruta de más de 420 millones de dólares.
Los Pavlovich
Lamentablemente, los poderes político, económico y criminal han estado en contra del ejido. El 13 de septiembre de 2015 tomó posesión de la gubernatura de Sonora la entonces priísta Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. Muy pronto su tío, Rafael Pavlovich, a través de un documento sin validez legal, fue reconocido como ejidatario de El Bajío por el mismo Tribunal Agrario que solía presidir Manuel Loya, que no fue ratificado en su cargo por la Cámara de Senadores en diciembre de 2014. El exmagistrado ha dicho públicamente que la decisión fue instruida por el ahora difunto Alberto Baillères, entonces presidente de Grupo BAL, galardonado con la medalla Belisario Domínguez en 2015 por el Senado de la República.2
Fue con la entrada ilegal de Rafael Pavlovich que los ejidatarios comenzaron a sufrir la peor represión. No solo la sentencia histórica que obtuvieron no fue ejecutada, sino que el 12 de abril de 2016 llegaron al ejido unas cuarenta patrullas de la Policía Estatal con una orden de aprehensión sobre cinco ejidatarios, a quienes Rafael Pavlovich acusó de haberle arrebatado sus tierras. Bartolo, Simón, Pedro, Salvador y Erasmo fueron detenidos. Los primeros cuatro pasaron ocho meses en prisión y el último más de un año.
Las agresiones se fueron recrudeciendo. El 3 de septiembre de 2017 el entonces presidente del comisariado ejidal, José de Jesús Robledo Cruz, fue secuestrado junto a su esposa, María de Jesús Gómez Vega, por hombres armados a las puertas de su casa, en Puerto Peñasco. Ambos fueron agredidos, torturados y amenazados de muerte: no debían volver al ejido. La noticia del secuestro y la acusación directa que hacían los ejidatarios hacia Rafael Pavlovich empezó a atraer la atención mediática.
Erasmo salió de la cárcel en noviembre de 2017. A los tres días, cuando dormía en el ejido, empezaron a escucharse ruidos y a verse luces a la distancia. Las luces se acercaron a toda velocidad, pero Erasmo se quedó de pie. Magui, que lo acompañaba en ese momento, dice que estaba totalmente loco. Cuando lo vio sin moverse, fue a su lado. Los hombres armados gritaron: “Tenemos órdenes de no tocar a mujeres ni a niños, pero ¿dónde está Raúl Ibarra?”.
Los hombres injuriaban a Raúl y a su pareja, Noemí. Él era un ejidatario de El Bajío reconocido por la minera y los grupos armados como uno de los líderes de la comunidad. Raúl y Noemí eran aguerridos, no se dejaban. Ese día huyeron, pero no tardaría en llegar un nuevo ataque.
Fue en la madrugada del 12 de febrero de 2018. Erasmo estaba ahí. Cuando vieron las luces, corrieron. Cuenta él que se aventó y huyó por las piedras. Dice que oía cómo las balas le pasaban por encima. Ya Raúl había dicho antes que no iba a correr, que se iba a enfrentar y que, si lo querían muerto, se iba a llevar “a dos o tres entre las patas”.
Los ejidatarios que presenciaron el ataque dicen haber visto caer a Raúl y escuchar más detonaciones, pero no encontraron ni su cuerpo ni el de su esposa. Desde ese día reconocen el asesinato de su compañero Raúl Ibarra de la Paz y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
La amenaza vigente
Los ejidatarios todavía no tienen justicia. El 25 de noviembre de 2018 personal de la mina entró furtivamente con apoyo de la Policía Federal y continuó la explotación de la Dipolos hasta marzo de 2020, cuando los ejidatarios se enfrentaron a la seguridad privada de la mina y tomaron posesión de sus tierras. A Rafael Pavlovich se le removió su calidad ilegítima de ejidatario.
Sin embargo, el viernes 30 de abril de 2021 la policía de Puerto Peñasco encontró los cuerpos sin vida de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, y sobre sus restos un pedazo de cartón en el que aparecían escritos los nombres de trece ejidatarios de El Bajío.
©Miguel Fernández de Castro, The Absolute Restoration of All Things (en colaboración con Natalia Mendoza), 2022. Cortesía del artista
En mayo de 2022 una pequeña comitiva del ejido viajó a Londres para entrar a la reunión anual de accionistas de Fresnillo PLC. Fue la primera vez que los ejidatarios vieron de frente a un Baillères. La empresa negó estar implicada en cualquier acto criminal y aseguró haber cumplido con la ley. Los ejidatarios de El Bajío planean abrir un juicio en Reino Unido para obligar a la Bolsa de Londres a tomar medidas contra Fresnillo por incumplir un mandato judicial en México y ocultar información a sus accionistas.
La actual magistrada del Tribunal Agrario de Hermosillo, Alejandrina Gamez Rey, dio inicio a la solicitud de realizar peritajes para determinar la cantidad de oro y minerales extraídos en la zona, lo que significa el inicio de la ejecución de la sentencia histórica, según anunció Jesús Javier Thomas en febrero de 2023.
Imagen de portada: ©Miguel Fernández de Castro, The Absolute Restoration of All Things (en colaboración con Natalia Mendoza), 2022. Cortesía del artista