México está entre los diez países con mayor diversidad lingüística y cultural del mundo. Esta riqueza se encuentra depositada y custodiada por los Pueblos Indígenas del país, cuyo rostro se materializa en sus lenguas, en la gastronomía, en la vestimenta, en la organización social, económica, política y jurídica que cada comunidad preserva y desarrolla. Las estadísticas son contundentes. En números absolutos, México es el país con la mayor población indígena de América Latina, con 25 millones 694 mil 928 habitantes, lo que representa 21.5 por ciento de la población total; de esta cantidad, 7 millones 382 mil 785 hablan alguna lengua indígena. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) registra que en el país existen 68 agrupaciones lingüísticas, de las cuales se derivan 11 familias lingüísticas y 364 variantes. No obstante, paradójicamente, la realidad es que la diversidad convertida en ícono de orgullo para el país se vuelve un “serio problema” dentro de un Estado diseñado y operado monoculturalmente. En términos cuantitativos, los Pueblos Indígenas se encuentran rezagados en el acceso a la educación: de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública, de cada 100 niños en educación primaria únicamente tres llegarán a cursar estudios universitarios. El Consejo Nacional de Evaluación reconoce que en el 2018, 65.9 por ciento de la población indígena, es decir 8.5 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza.
Ante ello, es importante recordar lo que el primer relator para los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, denominó “brecha de implementación”, y que fue señalado nuevamente por la exrelatora Victoria Tauli-Corpuz en su visita a México en 2019: “la situación actual de los Pueblos Indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país”. Esta afirmación no es ajena a los compromisos adquiridos por nuestro país para el reconocimiento y ejercicio de los derechos lingüísticos, sobre todo porque México, desde el año 2003, aprobó y publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), que lleva más de 15 años en vigor.
¿Un problema de normatividad?
Nuestro país ha sido proactivo en la firma y ratificación de convenios y tratados internacionales, entre ellos, los que reconocen los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, derechos lingüísticos incluidos. A la par de ello, ha generado un andamiaje jurídico a nivel nacional que establece diversas obligaciones para que las autoridades estatales puedan cumplirlos. También se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, con la propia LGDlPI, el artículo 2° de la Constitución Federal, las diversas normas como la Ley Agraria, la Ley General de Educación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras en el orden federal, más las legislaciones en diversas entidades federativas que reconocen estos derechos.
A lo anterior se debe añadir la reforma que a partir de 2011 obliga al Estado mexicano a adoptar nuevas medidas, como el principio pro persona, según el cual la legislación que mayor protección le dé a una persona o comunidad deberá prevalecer en su beneficio. Si bien aún es necesario aspirar a una reforma constitucional y legal que reconozca plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas, como se estableció en los “Acuerdos de San Andrés Larráinzar” en 1996 —una reforma que reconozca de manera plena la calidad de sujetos de derecho a los Pueblos—, se puede decir que México, en distintos niveles de gobierno e instituciones, cuenta ya con un andamiaje si no ideal, sí suficiente para generar acciones y políticas públicas que permitan el ejercicio total de los derechos lingüísticos.
Derechos lingüísticos y racismo estructural
La falta de cumplimiento de los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en lo colectivo e individual no pasa inadvertida. Este escenario, que en muchas ocasiones pareciera ser un tema aislado y sin relevancia, desafortunadamente no lo es, pues responde a un problema sistémico. En este sentido, la pregunta es sobre quién recae la obligación para garantizar los derechos lingüísticos. Hemos encontrado que, por lo general, son las personas hablantes de alguna lengua indígena las que tienen que buscar la manera de comunicarse, y no las instituciones responsables de garantizarlo, como lo establece en materia de justicia el artículo 10° de la LGDlPI. Cuando las personas acuden a los distintos espacios públicos de justicia, salud y de la administración pública para realizar algún trámite no sólo enfrentan problemas materiales in situ para ejercer sus derechos, sino también los relacionados con los costos y distancias para acudir a dichos espacios que normalmente están fuera de sus comunidades. A esto se suma la tarea de lidiar con los prejuicios que permean la mentalidad del servidor público para atender a la población indígena. En resumen, lo que observamos es un escenario colectivo en el que las lenguas indígenas pierden la posibilidad de interactuar con el exterior, no por un problema de leyes, sino por una serie de hechos y circunstancias sistémicas, que no pueden denominarse de otra manera que racismo estructural.
El Llamamiento al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas
Se ha propuesto que la UNESCO coordine los trabajos en respuesta a la resolución A/74/396 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para proclamar el periodo 2022-2032 el “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”. El objetivo es llamar la atención sobre la gravedad de su pérdida y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas y de adoptar medidas urgentes a nivel nacional e internacional. El llamamiento a detener la pérdida de las lenguas indígenas habladas en el mundo no es menor; involucra varios elementos, entre los que destacan la conformación monocultural de los Estados-nación; el reconocimiento legal pero con serias dificultades para materializar esos derechos; el nulo o insuficiente presupuesto público destinado a este asunto; la falta de regularidad en las consultas enfocadas en la toma de decisiones para diseñar e implementar políticas públicas; la inexistencia de una planificación lingüística a mediano y largo plazo, y la folclorización de la vida de las comunidades. México forma parte de este escenario. Por ello es de vital importancia revisar y atender el problema de la pérdida de las lenguas originarias como un tema de Estado, es decir, repensar la forma de hacer política pública con las comunidades indígenas para que no se sigan diseñando acciones aisladas y poco efectivas. Este llamado internacional debe servir para hacer compromisos y materializarlos de manera conjunta con las comunidades. Es necesario considerar por lo menos tres elementos: a) diseño institucional diferenciado para la atención de la población hablante de una lengua indígena; b) presupuesto público para poner en práctica las políticas públicas y las decisiones gubernamentales; c) una verdadera consideración de la voz y aspiración de las comunidades indígenas a través del derecho a la consulta libre, previa e informada.
Acortando la brecha desde las comunidades y la sociedad civil en Oaxaca
Como en otros ámbitos de los ejercicios de los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas, las agendas comunitarias y de la sociedad civil avanzan mucho más rápido que las instituciones encargadas del asunto. Aunque existen experiencias importantes en todo el país, únicamente referiré algunos trabajos desarrollados en el estado de Oaxaca. Desde hace varias décadas los hablantes se han reunido para analizar y reflexionar la situación de las lenguas propias de las comunidades. Tal es el caso de Ve’e Tu’un Savi, AC (Academia de la Lengua Mixteca) y del trabajo promovido por las y los integrantes de la comunidad mixe a través de las Semanas de Vida y Lengua Mixe. Merecen al menos una mención las experiencias relacionadas con las culturas y lenguas zapoteca, mazateca, chatina, chontal, entre otras. Como es de esperarse, también destaca la iniciativa del pintor zapoteco Francisco Toledo a través del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y de la Casa de San Agustín Etla, en donde se generan diversos cursos, talleres y materiales en lenguas indígenas. Recientemente, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova impulsó la campaña de difusión “Todas se llaman lenguas” y comenzó un acervo de materiales en lenguas indígenas, por medio de un proceso de documentación de los archivos históricos, en el que se evidencia la escritura de las lenguas indígenas durante la época colonial.
Existen esfuerzos para invitar a que niños, niñas y jóvenes usen plataformas digitales con el objetivo de preservar las lenguas indígenas. Tal es el caso de la plataforma Aprendiendo Mixteco, encabezada por Roberto Gómez de la comunidad de Santa María Yosoyua; la iniciativa Kumoontun, dirigida por Marco Antonio Martínez de la comunidad mixe de Totontepec Villa de Morelos; y Dakua’a To’on Dadavi, promovida por Ricardo Jiménez Jiménez de la comunidad mixteca de Jaltepetongo, entre otras. Con respecto a la figura del intérprete y traductor de lenguas indígenas, en el año 2005 se creó en Oaxaca el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC (CEPIADET) y se inició un padrón de personas hablantes de lenguas indígenas para colaborar con instancias de justicia en el orden estatal, federal e internacional; además de implementar la campaña de difusión “Los derechos viven en todas las lenguas”, que ha logrado abarcar diversas entidades federativas. CEPIADET ha logrado incidir en políticas públicas y presupuestales en todo el país, buscando dignificar el uso de las lenguas indígenas en espacios públicos. Estos y otros esfuerzos han permitido documentar que las personas, las comunidades y la sociedad civil trabajan para revertir la pérdida tan grave que viven las comunidades y los hablantes de lenguas en proceso de desaparecer. Los esfuerzos siempre serán insuficientes si los Estados no asumen la responsabilidad institucional e histórica que tienen para cumplir con la misión del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. En reiteradas ocasiones hemos escuchado decir que “Cuando una lengua muere, desaparece una forma de construir el mundo”. En estos momentos, en los que una pandemia —un mal derivado del daño que le hemos ocasionado a la casa en la que habitamos— ha paralizado y afectado a la población mundial, se vuelve imprescindible cuestionarnos los costos de la pérdida de la diversidad, entre ellos, el de la muerte de muchas lenguas, es decir, de distintas formas de construir el mundo que dan vida y cuidado al planeta Tierra.
Imagen de portada: 68 voces. “La Virgen de la Salud y el Pescado Blanco de Michoacán”. Lengua Purépecha. Ilustración de Enrique Sañudo