Ni paz ni sepulcros

En algún momento del siglo xx se hablaba, con algo de falsedad e ironía, de la pax priista: un periodo de relativa tranquilidad social fundado en la represión selectiva y sin tregua de la disidencia política. Con todo, es verdad que México atestiguó un proceso de titubeante e inacabada pacificación que se advierte en las curvas de homicidios que, pese a algún altibajo, descienden suavemente en los registros estadísticos tras la Revolución mexicana. Aquello dio un vuelco abrupto en 2007, y desde entonces los remansos de paz en el país se han ido secando o envenenando. La vorágine de la violencia lo va envolviendo todo y, como ya es costumbre, cada sexenio supera en atrocidad al anterior. Menciono un solo dato que hiela la sangre: al menos medio millón de personas han sido asesinadas en los últimos veinte años.

​ Sin embargo, en este texto quiero reparar en un fenómeno colindante al del homicidio, con sus propias cifras atroces: hoy se desconoce el paradero de unas cien mil personas y durante el sexenio pasado desaparecieron veinticinco por día, una cada hora.¹ Como resultado, a miles de familias se les ha negado la más elemental de las certidumbres, la más básica paz mental: ¿vive o ha muerto mi hijo, mi hija, mi esposo, mi hermana? En muchas regiones no existe siquiera la paz de los sepulcros, porque faltan los sepulcros.

Melanie Smith y Rafael Ortega, “The Revolution Will Not Be Televised”, Estadio azteca: proeza maleable, 2010. Colección del MUAC (DIGAV, UNAM). Fotografías de Francisco Kochen. Cortesía del MUAC.

LA VIOLENCIA INSACIABLE

El humo de la “guerra” contra las drogas y su representación mediática y gubernamental apenas deja entrever los resortes de la violencia mexicana: factores múltiples, entreverados, algunos de raigambre local y otros transversales, pero con poder explicativo lo mismo en la sierra de Sinaloa que en la de Guerrero.

​ No toda la violencia se explica por el acrecentado influjo de drogas de todo tipo en el país. Su trasiego en cada una de sus etapas —desde el cultivo o la producción hasta la venta al ­menudeo— puede ser un asunto más bien pacífico. Pero no es nuestro caso. Ciertamente la explosión de la violencia en México coincide con el auge del negocio de las drogas, cada vez más rentable. Los abundantes réditos hicieron que las organizaciones criminales recurrieran a la violencia para capturar nuevos mercados y rutas de distribución.

​ Las estrategias del Estado para contener ese auge, como la infame kingpin strategy, que consiste en descabezar las organizaciones criminales capturando a sus líderes, fueron en vano y no hicieron sino agravar la espiral de violencia, alterando los frágiles equilibrios entre ellas y generando una competencia descarnada por la sucesión. En el mismo sentido, la adopción de tácticas de guerra contra las organizaciones criminales elevó drásticamente la letalidad de las intervenciones del Estado y desencadenó una carrera armamentista entre las dos partes.

​ En la crecida violencia también inciden fuerzas externas: cambios en los mercados internacionales de drogas, la imposición de las políticas antinarcóticos de Estados Unidos en el extranjero (que provocaron la búsqueda de nuevas rutas comerciales que pasaran por México) e incluso el levantamiento de la prohibición de la venta de armas de asalto en ese país a principios de siglo, lo que permitió el aumento drástico de las capacidades armamentísticas de unas organizaciones criminales ahora involucradas de manera parasitaria y coercitiva en una gama cada vez más amplia de actividades aledañas, desde la minería hasta el huachicoleo, desde el tráfico de personas y armas hasta la extorsión y el comercio ambulante.

​ Todas estas dinámicas se desarrollaron con un trasfondo de baja institucionalidad estatal. En el ámbito político, imperaron los gobiernos divididos y enemistados al punto de la disfunción, el epílogo no deseado de la transición democrática. En el ámbito de la seguridad, las instituciones bordean el colapso total o están en contubernio mafioso con grupos criminales.

​ Mención aparte merecen la fiscalía federal y las estatales: la clave de bóveda del sistema de injusticia criminal. Cada uno de los eslabones del sistema está colonizado o no sirve: desde la policía que captura en flagrancia hasta el juez que dicta sentencia, pasando por el ministerio público que hace como que investiga, lo que en la criminalística mexicana consiste en “iniciar” una “carpeta de investigación” (una pesquisa de archivero mediante la cual se simulan o fabrican delitos, delincuentes, modus operandi, y que sería más justo llamar “carpetazo” de investigación) y la fiscalía que acusa con esas evidencias espurias.

​ En el contexto socioeconómico, se presentan todas las condiciones ideales para la conscripción de los ejércitos de la criminalidad: pobreza, desempleo, deserción escolar, adicciones, familias dislocadas por la migración.

​ Sobre ese telón de fondo transcurren las desapariciones.

Melanie Smith y Rafael Ortega, “Ángel”, Estadio azteca: proeza maleable, 2010. D.R. © de Melanie Smith (2011). Bajo licencia de Melanie Smith y Proyecto Paralelo, Ciudad de México.

LA PAZ FORENSE

En México no hay sepulcros: hay fosas clandestinas, fosas comunes, morgues, tráileres con camiones frigoríficos, hornos crematorios, barriles para cuerpos pozoleados, ríos y canales de aguas negras. Ahí acaban los restos que buscan, sin paz posible, las madres y sus familias, a quienes les ha sido arrebatado el derecho básico de dar entierro a sus seres queridos.

​ ¿Por qué se perpetran las desapariciones? Los grupos criminales (tanto los que pertenecen al Estado como los que no) pretenden eliminar el cuerpo del delito o asegurar el control social y político sembrando terror: el que no obedece desaparece. Se extienden entonces, por toda la República, fosas clandestinas. Las cavan los criminales con la complicidad forzada de campesinos o personas de a pie, que deben aportar sus retroexcavadoras, sus lanchas, sus palas.

​ La mayoría de las desapariciones son obra de dos actos criminales, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo. En unos casos, son los propios asesinos quienes esconden los cadáveres; en otros, se encarga de ello un burócrata forense indolente, poco profesional y, por omisión o comisión, criminal. En el mejor de los casos, las desapariciones se deben a la burocracia fragmentada, desmoralizada, rebasada y descapitalizada. Desde sus escritorios o en las morgues, varios burócratas forenses hacen desaparecer los cuerpos porque no pueden o no quieren sacarlos del anonimato. Desatienden los protocolos de identificación, no tienen interés o recursos para formar o contratar peritos, no abren canales de comunicación entre fiscalías, no hacen registros confiables. Por eso las familias buscan solas, sin apoyo estatal, peregrinando de morgue en morgue o clavando varillas en terrenos baldíos, anhelando el olor a putrefacción que delata la presencia de restos humanos bajo la tierra.

​ La psicología ha acuñado el término pérdida ambigua para caracterizar el estado de incertidumbre que experimentan quienes desconocen el paradero de sus seres amados. ¿Están vivos o muertos? Si están muertos, ¿cómo murieron? ¿Quién los mató? ¿Cuándo podrán darles el último adiós? Bajo el peso de ese manojo de dudas, el luto se congela, al tiempo que la depresión y la ansiedad se asientan. La pérdida ambigua trae consigo una estela de consecuencias psicosociales, desde el repliegue de la solidaridad social hasta el estigma (“en algo han de haber andado”, “seguro fuiste una mala madre”). Y al Estado mexicano lo rebasa todo.

Melanie Smith y Rafael Ortega, “Malévich”, Estadio azteca, proeza maleable, 2010. Colección del MUAC (DIGAV, UNAM). Fotografías de Francisco Kochen. Cortesía del MUAC.

TAMBIÉN LOS PLANES ACABAN EN FOSAS Y LAS INSTITUCIONES DESAPARECEN

Las estrategias para pacificar el país han sido, a juzgar por el cálculo desapasionado de los números, un rotundo fracaso. A comienzos de la administración pasada, por ejemplo, se adoptó, con entusiasmo un tanto acrítico, el conjunto de propuestas acogidas bajo el rótulo de justicia transicional: mecanismos extraordinarios de justicia para suplantar la justicia ordinaria y remediar sus carencias. La adopción del modelo fue, con pocas y muy modestas excepciones, una absoluta simulación. No sorprenden, por ejemplo, los déficits de la comisión de la verdad que nació del modelo mexicano: limitada (al caso Ayotzinapa), subordinada al poder político formal (al secretario de Gobernación), asediada por los poderes fácticos (el Ejército) y con resultados deleznables (una verdad histórica rediviva). En suma, un remedo de las comisiones de la verdad paradigmáticas de la justicia transicional.

​ Las propuestas para la paz forense —para “entregarles paz a las familias”, como expresó un arqueólogo forense— han fracasado con la misma contundencia. Renuncia (del personal, del proyecto, del decoro) es la palabra que, como se verá, mejor las describe. Ninguna ha conseguido aflojar el control total que las fiscalías del país ejercen sobre el resguardo de alrededor de 72 000 cuerpos, al día de hoy, en espera de identificación² ni han logrado impedir la ­práctica de archivar y ocultar la información asociada a dichos cadáveres.

​ Una mirada por la fosa de propuestas muestra el tamaño de la indolencia. A inicios del gobierno de López Obrador se creó, gracias al empuje de los colectivos de búsqueda, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, una institución a la que se quiso dotar de cierta autonomía técnica y de gestión, y que realizaría peritajes para identificar los cuerpos en las fiscalías. Su conformación fue frágil, legalmente hablando, y letárgica; su disolución, en cambio, fue contundente y veloz. Tras cinco años, el mecanismo ha quedado desahuciado, sin coordinadores y con resultados magros.

​ Luego se conformó el Centro Nacional de Identificación Humana, abocado a la identificación masiva de cuerpos mediante la comparación automatizada de perfiles genéticos o huellas dactilares de cadáveres no identificados con los de personas desaparecidas. Resultó ser otro fracaso: para mediados de 2024, apenas hay una veintena de identificaciones, y se suma un nuevo historial de desinversión y abandono. Y es que ni una institución ni otra fueron más que auxiliares incómodas, inermes y precarias frente a las fiscalías anquilosadas y corrompidas, siempre renuentes a cooperar. ¿Quién, y con qué facultades jurídicas, habría de obligarlas a lo contrario?

Melanie Smith y Rafael Ortega, sin título, Estadio azteca, proeza maleable, 2010. Colección del MUAC (DIGAV, UNAM). Fotografías de Francisco Kochen. Cortesía del MUAC.

​ Pareciera que la aspiración de devolverles la paz a las familias buscadoras sólo puede materializarse a pesar del Estado mexicano o, mejor dicho, al margen y por encima de él. Un precedente conocido es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que llegó al país para reconducir las desaseadas y desprestigiadas pesquisas sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (el giei trabajó en ello hasta que se convirtió en un sujeto incómodo). Hay otras posibles líneas de asistencia extraestatales en ese mismo tenor. Quizás sea indispensable, para alcanzar la paz forense, que el Comité Internacional de la Cruz Roja, una organización internacional independiente que ofrece asistencia humanitaria a personas afectadas por conflictos armados, realice labores de intermediación entre las familias y los grupos criminales para recopilar información sobre los desaparecidos, sin que el horizonte de un posible castigo obstaculice el proceso.³ O quizás no quede otra que depositar las esperanzas en la mediación de instituciones de la sociedad civil, como la Iglesia católica, cuya participación en la gestión de treguas parece haberse vuelto costumbre en Guerrero, Chihuahua y otros estados. Para traer la paz a secas, se ha hablado de la necesidad de un tratado regional que permita la creación en México de capacidades policiales, de investigación criminal y de inteligencia.⁴ Todas éstas son soluciones imperfectas, todas dan por sentado que el Estado mexicano, en sus condiciones actuales, no está a la altura del encargo.

​ ¿Cuáles son los prospectos de paz en el futuro inmediato? La fisionomía que va adquiriendo el nuevo régimen no despeja las dudas. La reciente reforma al Poder Judicial deja intactas a las fiscalías y abre un compás de incertidumbre que difícilmente hará otra cosa que debilitar las ya menguadas instituciones judiciales, si acaso las hará vulnerables al acoso de la delincuencia que ahora “elegirá” a sus jueces. La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa profundiza la ­militarización, porque relanza y autoriza la participación del Ejército fuera de los cuarteles: investigando, patrullando, espiando (¡pero no es militarización!, dicen los intelectuales orgánicos). Todo ello sucede en el contexto de un cambio de régimen político cuyo rumbo e identidad es también incierto.

​ Cuando se le preguntó por el fin de la violencia en Culiacán a un Máximo Comandante del Ejército Mexicano, algunas semanas después del arresto del Mayo Zambada, hasta entonces el perenne líder del imperecedero cártel de Sinaloa, el alto mando militar respondió sin asomo de broma o vergüenza: “no depende de nosotros”. ¿Y de qué depende, entonces? De que los “grupos antagónicos dejen de confrontarse”. Depende, dijo, de lo que decidan organizaciones criminales como la Mayiza y los Chapitos, nombres ridículos que no escamotean sus atrocidades. El Estado y el Ejército aparecen como los Grandes Espectadores del teatro de la guerra. Las madres buscadoras lo entendieron hace tiempo, porque cuando buscan a sus desaparecidos saben que no cuentan con nadie: dialogan directamente con esos grupos, les piden tregua, “negocian” con ellos para que revelen el paradero de alguna de las miles de fosas clandestinas o para que, dicho sea con todo respeto, asesinen sin “desaparecer” a los asesinados. Hagamos votos por que la abdicación—ya no la represión—selectiva no sea el fundamento de la pax morena.

Imagen de portada: Melanie Smith y Rafael Ortega, “The Revolution Will Not Be Televised”, Estadio azteca: proeza maleable, 2010. Colección del MUAC (DIGAV, UNAM). Fotografías de Francisco Kochen. Cortesía del MUAC.