El temor de ser deportado

La historia de María Sac Ic (Luna Blanca) es similar a la que cuentan millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace dos o tres décadas en Estados Unidos. Vinieron en busca del sueño americano porque se vieron obligados a huir de sus países, acorralados por la guerra, la violencia, la represión, la pobreza, la corrupción de sus gobiernos, el cambio climático y la falta de oportunidades.

​ Sac Ic no se llama así, su nombre es otro, pero pidió mantenerlo en el anonimato por miedo a que los agentes de la Oficina de Detención y Deportación, que opera bajo el mando de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la encuentren, la arresten y la deporten al occidente de su natal Guatemala, de donde escapó en 2004 para salvar su vida, la de su esposo y la de una pequeña que hoy ya es una mujer. “Crucé las montañas de mi país y también las de México cuando no había tanta gente como ahora. Entré por el lado de Texas. Vine con mi marido y una hija, huyendo de la muerte que merodeaba el campo de día y de noche, siempre.”

​ “No pensé que vivir sin papeles iba a ser tan difícil y a veces desesperante”, me contó en 2015. “Pero ha valido la pena, aunque ahora no tengo a mi esposo a mi lado, pero estamos vivos. A él lo deportaron en 2014, unas semanas antes del anuncio. La migra lo estaba esperando allá afuera, escondidos detrás de los carros en el estacionamiento. Ese día no pudo ir a trabajar, nunca había faltado.”

​ El anuncio mencionado por Sac Ic ocurrió el 20 de noviembre de 2014, cuando el presidente Barack Obama declaró una acción ejecutiva para amparar de la deportación a unos cinco millones de padres indocumentados tanto de ciudadanos como de residentes legales permanentes¹ y dreamers, estos últimos protegidos por la Acción Diferida de 2012; la validez de sus permisos de trabajo fue extendida de dos a tres años.²

​ El plan protegería a aquellos indocumentados que estaban en el país desde el 1 de enero de 2010, pagaban impuestos y carecían de antecedentes criminales; también permitiría el regreso de los deportados que cumplían con estos requisitos. Pero el beneficio fue suspendido horas antes de entrar en vigor por una corte del sur de Texas tras una demanda presentada por ese estado republicano, al que sumaron otras quince entidades. El fallo dejó a estos inmigrantes, como María y su esposo, escondidos en las sombras, presas del miedo a ser descubiertos, encarcelados y deportados.

​ “Fue difícil la noticia”, dijo Sac Ic ese año. En ese momento tenían una década viviendo en Estados Unidos. “Tenemos tiempo aquí y también la esperanza de que, quizás un día, quiera Dios, vaya a pasar [la oportunidad de legalizar la permanencia de ambos]. Sólo tenemos que esperar, siempre hemos estado esperando.”

​ La orden ejecutiva de Obama fue una respuesta tanto a la inacción del Congreso ante la reforma migratoria como a la demora mal calculada por la que optó la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente. En 2008 el entonces candidato demócrata prometió que haría una reforma migratoria en los primeros cien días de su gobierno, que luego aplazó al primer año. Pero las guerras en Irak y Afganistán, la crisis económica y la reforma del sistema de salud lo distrajeron de su compromiso. En la campaña de reelección de 2012, temeroso de perder el respaldo del voto latino, volvió a prometer dicha reforma y en junio de 2013, tras seis meses de intensas negociaciones bipartidistas, el Senado aprobó un plan que incluía una ruta hacia la residencia para millones de indocumentados que llevaban tiempo en el país, no tenían antecedentes criminales y pagaban impuestos, entre otros requisitos. Cinco años después de haber obtenido la green card, los beneficiarios calificarían para pedir la ciudadanía por naturalización. El texto de la iniciativa fue obra del denominado Grupo o “Pandilla” de los Ocho, entre quienes estaban los senadores republicanos Lindsey Graham (de Carolina del Sur) y Marco Rubio (de Florida).³

​ Las celebraciones, sin embargo, se extinguieron en cuestión de horas. El liderazgo del Partido Republicano, que tenía el control de la Cámara de Representantes, puso como condición, primero, que Obama detuviera el cruce indocumentado en la frontera y luego, una vez cumplida esta exigencia, el Pleno discutiría “parte por parte” una posible reforma, comenzando por la seguridad en las fronteras. Obama demostró que había cumplido la exigencia, pues los registros de cruces indocumentados exitosos (entradas ilegales sin detección alguna) bajaron de más de un millón al año, en tiempos de George W. Bush, a menos de sesenta mil, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional. Cuando el presidente volvió a presionar a la Cámara Baja, los republicanos decidieron no debatir el tema migratorio y entonces Obama usó su poder ejecutivo para intentar, por esa vía, legalizar a millones de padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y de residentes legales permanentes, en 2014. Hoy, nueve años más tarde, los senadores Graham y Rubio, piezas clave del bando republicano del Grupo de los Ocho, son férreos defensores de la política migratoria “tolerancia cero” de Trump.

Una herida en el corazón

El esposo de María fue deportado tras perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Había entrado al país siendo menor de edad; tenía diecisiete años cuando lo agarraron en la frontera. Lo llevaron frente a un juez, aunque no tenía antecedentes criminales. “Nosotros no somos delincuentes, somos padres de ciudadanos americanos. Pero eso no sirvió porque igual lo echaron”, cuenta María al recordar el arresto y la expulsión de su marido, en 2015, durante la era Obama. Fue uno de los casi tres millones de deportados que engrosaron la nefasta lista elaborada durante el gobierno del expresidente demócrata, sobre quien recae el título de “deportador en jefe”.

​ En 2020 volví a contactar a Sac Ic. Seguía viviendo en el sur de Florida, junto con sus tres hijos. Dijo que no lograba, todavía, “determinar si el miedo a la migra supera el miedo de contagiarme de coronavirus”. Por esas fechas no había vacuna para combatir el covid-19, pero las comunidades inmigrantes, a pesar de sus temores, igual salían a trabajar para ganarse el sustento y mantener funcionando la cadena alimentaria, sobre todo en el campo. “Por ahora no estamos pensando en nada. Y cuando nos llegue la hora, si nos cae encima, no sé qué haremos, no sé qué vamos a hacer porque no tenemos seguro médico para ir al hospital y tampoco si nos enfermamos de otra cosa. Le pedimos a Dios que nos cuide.”

​ Las trabajadoras agrícolas en los campos del sur de Florida ganan el salario mínimo, que apenas cubre las necesidades básicas de la familia (en 2015 era de 7.25 dólares por hora y en septiembre de 2021 aumentó a diez; el 30 de septiembre de 2024 subió a trece dólares). Además, las mujeres no siempre pueden trabajar cuarenta horas a la semana porque tienen hijos que criar, como María, cuyo marido fue deportado a Guatemala en un avión de ICE Air Operations.

​ “La última vez que trató de venir no pudo hacerlo porque lo agarraron en la frontera y lo volvieron a deportar. Yo solita saco adelante a mis hijos; tres, la mayor de doce años y la menor de cinco. Estaba embarazada de ella cuando a él lo arrestaron y lo deportaron”, contó María en 2020, con voz triste, como si la expulsión hubiese sido la noche anterior. De acuerdo con la ley de inmigración (INA),⁴ cuando un indocumentado es deportado le cae encima la denominada “ley del castigo” o “de los diez años” (si estuvo más de 365 días sin documentos legales en el país). Si regresa antes de ese periodo sin permiso y es arrestado (crimen que se conoce como re-entry), puede enfrentar una multa, la cárcel y una sanción de por vida.

​ En ese entonces le pregunté a María qué esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Donald Trump estaba implementando una agresiva política migratoria. La única opción, respondió, “es esperar a que el mayor de mis hijos cumpla veintiún años”. La INA permite que los ciudadanos estadounidenses pidan el ajuste del estatus de sus padres. Así como sucede con millones de padres indocumentados de niños estadounidenses, en el caso de María surgieron problemas porque el padre de sus hijos entró sin permiso al país. “El padre deberá gestionar un perdón I-601 para que pueda salir, ir a la entrevista consular, recibir una visa de inmigrante y regresar a Estados Unidos”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Pero el hijo, en estos casos, no sirve para que el padre califique para el perdón. Los progenitores se quedan en el limbo, a menos de que el Congreso apruebe una reforma migratoria y los incluya en el camino de la regularización.”

“No tenemos ninguna oportunidad”

Para el mexicano Pedro, la vida en Estados Unidos durante los últimos veintiún años ha sido similar a la de María Sac Ic. “Soy de Guerrero y llegué aquí en 2004, por la frontera. Y en todos los años que llevo aquí, desde antes de las marchas de la primavera, los políticos no nos han dado ninguna oportunidad, como mexicanos, de legalizarnos”, dice.⁵ “Trabajamos todos los días, respetamos las leyes de este país y pagamos los impuestos. Sabemos cómo quema el sol en el campo y la nieve en el invierno y no nos quejamos, nos portamos bien, cuidamos nuestros barrios, a nuestros vecinos, pero ni así nos miran. A veces nos sentimos como invisibles.”

​ Pedro cuenta que durante sus primeros años en California intentó arreglar sus papeles, “pero los abogados nos engañaban con mentiras y estafas. Uno me dijo, allá por 2007, que podía arreglarlo por medio del asilo político. Pero yo no quise tener problemas porque yo no soy perseguido político y tampoco tenía diez mil dólares. Sólo quiero una oportunidad para seguir trabajando sin miedo”.

​ Cuando le pregunté si temía ser detenido en el marco de las deportaciones masivas impulsadas desde el 20 de enero por el segundo gobierno de Trump, Pedro respondió: “Claro que me da miedo, señor, pues porque tengo que mantener a mi familia en México. Yo soy quien provee para la casa y pago los estudios de mi hija, a quien sólo le faltan dos años para completar su carrera de medicina en la universidad”.

​ Tras una pausa, Pedro agrega que recibe información, “con todo esto que está pasando, de la Organización Derechos Plenos para los Inmigrantes, en Los Ángeles”. “Tengo un poco de enojo. Soy electricista, hay buen trabajo. Muchos paisanos viven aquí en Sacramento y en todo el estado de California. El miedo es un sentimiento natural, sobre todo porque vemos una especie de odio hacia nosotros, los inmigrantes. Y si nos echan, pues nos vamos, pero el problema son nuestras familias que dependen de nuestro sustento.”

​ Pedro también ha pensado en la posibilidad de ser arrestado y expulsado. “Si nos regresan, en México seremos unos perfectos desconocidos. Y las deportaciones afectarán a México, claro que sí. Bajará la economía, pero también se afectará la economía de Estados Unidos porque ya no seguiremos aportando con nuestro trabajo y el pago de nuestros impuestos. Estamos dispuestos a trabajar, en lo que sea, siempre, aquí o allá. Sólo queremos que nos miren y no sigan diciendo que nosotros somos delincuentes, violadores o narcotraficantes, como dice el presidente. Mire, nosotros también somos estadounidenses. Nacimos en México, pero le echamos ganas todos los días por este país, que también es nuestro.”

​ Millones de inmigrantes llevan décadas esperando a que el Congreso, en un esfuerzo bipartidista, debata y apruebe una reforma que les permita, a la mayoría de ellos, legalizar sus permanencias en Estados Unidos. Días antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los presidentes George W. Bush y Vicente Fox estuvieron a punto de firmar una reforma para legalizar entre dos y tres millones de campesinos indocumentados, sobre todo mexicanos. Y en 2006, durante las marchas de primavera, el Senado aprobó un plan de reforma migratoria que contrarrestó un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que criminalizaba la estadía indocumentada, pero los esfuerzos murieron en el comité de reconciliación del Congreso.

​ Durante los siguientes diez años hubo varios esfuerzos por aprobar una reforma, pero los desacuerdos entre demócratas y republicanos han superado cualquier intento por reparar el sistema migratorio, aunque ambos partidos reconocen que está roto. Dos ejemplos de ello son los más de 3.7 millones de casos acumulados en la Corte de Inmigración y los más de diez millones de trámites acumulados en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.

​ En medio de estas amargas disputas, entre 2013 y 2014, comenzó una crisis migratoria que, con el paso de los años, puso en evidencia un nuevo escenario todavía más complejo y delicado que el vivido por María y Pedro en 2004. Ahora no se trata de unidades familiares que emigran en busca de un sueño, sino de millones de seres humanos cuya única opción para seguir viviendo es escapar, con lo que traigan puesto, del hambre, la guerra, los efectos del cambio climático, el narcotráfico, la trata y la corrupción de los gobiernos de sus países de origen, desgracias que por ahora no tienen cura, pero que matan sin piedad alguna como la guerra.

​ El pasado 29 de enero, un periodista le preguntó a la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuántos migrantes, de los más de 3 500 arrestados por ICE en la primera semana del segundo mandato de Trump, tenían antecedentes criminales. La portavoz respondió: “Todos ellos, porque violaron ilegalmente las leyes de nuestra nación y, por lo tanto, son criminales, en lo que respecta a esta administración. Sé que la última administración no lo vio de esta manera, por lo que es un gran cambio cultural, para nuestra nación, ver a alguien que viola nuestras leyes de inmigración como un criminal. Pero eso es exactamente lo que son”.

​ Leavitt no mencionó que la presencia y la estadía en el país sin documentos legales constituye una falta de carácter civil, mas no criminal. Tampoco hizo referencia al debido proceso migratorio aprobado por el Congreso de Estados Unidos. A veces, las experiencias de cada migrante se quedan en segundo plano frente a las acusaciones y la generalización de las leyes, pero todos tienen su propia historia, como María Sac Ic. Hace algunos meses, su esposo regresó a Estados Unidos. Han vuelto a vivir en familia. Comparten el mismo miedo y las mismas esperanzas que en 2004, cuando huyeron de Guatemala. Su segundo hijo, una ciudadana estadounidense, cumplirá veintiún años en 2030. Le piden a Dios que bendiga sus vidas, como lo ha hecho hasta ahora, durante los siguientes 1 825 días y que puedan permanecer juntos. Piden que el fantasma de la deportación, ese nahual despiadado, sin una pizca de remordimiento, jamás regrese para devorar sus esperanzas.

La portada y las imágenes pertenecen a la serie Pequeños migrantes, La Cruz de Elota, Sinaloa, 2003. Fotografías de Olivia Vivanco. Cortesía de la autora.