A menudo escuchamos que hay poca agua en México. ¿Realmente sufrimos escasez?
El 97 por ciento del agua dulce disponible en estado líquido es la que se encuentra en la fase subterránea del ciclo hidrológico. Esta agua subterránea circula en promedio a una profundidad de entre 2.5 y 5 km y recorre todo el territorio nacional. Como ocurre en otras partes del mundo, no se ha investigado lo suficiente cómo es que este ciclo hidrológico sucede en nuestro país. Y pese a que siempre nos hablan de escasez, no hay tal: es un concepto económico. La escasez la determinan aquellos que deciden para quién hay agua y para quién no. Algo en lo que siempre hacemos hincapié desde la hidrogeología moderna es que el agua existe en forma natural, lo cual no quiere decir que podamos usarla de manera ineficiente y sin control, pues esto hace que sigan existiendo personas sin acceso a ella para cubrir sus necesidades básicas. El uso ineficiente —por ejemplo, extraer más de lo que se puede recargar— genera además daños a la salud humana y pérdida de ecosistemas y servicios ambientales de los que dependemos todos.
Entonces, ¿cómo describirías el problema del agua en el país?
La principal causa de los conflictos en torno al agua es que seguimos sin adoptar una visión hidrogeológica moderna. ¿Qué implica esta nueva perspectiva? Una visión sistémica que nos permita conocer y entender los problemas ambientales del agua subterránea y de su interacción con los otros componentes del ciclo hidrológico y ecosistémico. Por ejemplo: 50 por ciento del territorio mexicano está en un contexto climático de seco a muy seco, con menos de 600 mililitros anuales de precipitación. Pero esto no quiere decir que exista escasez en esa región. Allí hay agua en su fase subterránea, sólo que no la vemos a nivel superficial. El agua subterránea no llega únicamente mediante precipitaciones locales: en las regiones áridas y semiáridas hay agua subterránea que proviene de otras zonas gracias a los que se conocen como flujos regionales, que viajan cientos de kilómetros por debajo de la tierra. Es decir, la infiltración a los flujos ocurre fuera de esos contextos climáticos. La propuesta es entonces centrarse en la fase subterránea, porque es la porción de la que tenemos más disponibilidad y más dependemos. En México la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorga permisos de extracción, aunque sabemos que el volumen real que se obtiene difiere del permitido. Al mismo tiempo los registros no están actualizados, ya que desde hace al menos una década este organismo no realiza estudios para conocer con mayor precisión cuánta agua se extrae. Lo correcto sería contar con el registro completo de todos los pozos que hay en el país, con su respectivo monitoreo en tiempo real. Una cosa es lo que está en el papel y otra lo que ocurre en la práctica. Sabemos que en México hay un subregistro de entre 40 y 50 por ciento del agua subterránea que se extrae, lo cual ha sido documentado por la Secretaría de la Función Pública. Además del subregistro no existe certeza sobre el porcentaje de agua que se ocupa para cada uso. Por ejemplo, 30 por ciento de los pozos de agua para uso agrícola se localiza en zonas urbanas. En México, a pesar de que el acceso a la información oportuna, actualizada y adecuada forma parte del derecho humano al agua, el registro y monitoreo de datos sobre ésta es mínimo o casi nulo en relación con la extensión espacial. Las deficiencias en las mediciones actuales saltan a la vista: por ejemplo, la Conagua tiene en promedio un inspector por estado y contamos aproximadamente con una estación hidrométrica por cada mil kilómetros de río, es decir una estación entre la Ciudad de México y Campeche. Además, la red de monitoreo de profundidad del agua subterránea observa solamente 14 mil pozos, lo cual representa sólo 4 por ciento de los pozos que extraen agua.
¿Qué tan difícil es hacer estas mediciones? Parece un desafío grande…
Sí es un desafío grande, pero impostergable. Próximamente se publicará el primer mapa nacional de las zonas de recarga y descarga regionales del agua subterránea que circula en México, elaborado por el Centro Mexicano para la Innovación Energética (Cemie-O) de la UNAM. En un año logramos identificar en la superficie las zonas donde se infiltra y aflora el agua que recorre los flujos regionales de agua subterránea. Esto con base en el análisis de la profundidad del agua subterránea monitoreada por Conagua y las huellas que van dejando los flujos en el suelo, la cobertura vegetal y los cuerpos de agua. Afortunadamente, cada vez tenemos más colegas que empiezan a hablar de agua subterránea. Pero es como el concepto de sustentabilidad: una cosa es hablar de él y otra cosa es realmente entenderlo y aplicar los términos y métodos científicos para entender cuáles son los flujos que recorren nuestro país.
¿Cómo podríamos hacer más eficiente la extracción de agua subterránea?
En primer lugar, entendiendo de dónde viene, es decir dónde se recarga, por dónde circula, a qué profundidades y qué distancias recorre hasta aflorar en la superficie para formar manantiales, ríos, lagunas, lagos y mares. Necesitamos entender que éstos son sistemas de flujo en constante movimiento que aportan el líquido que siempre vemos en un cuerpo de agua superficial, independientemente de si llueve o no. A esto se le conoce técnicamente como el flujo o volumen base. Todos los países que hoy pueden garantizar los derechos humanos básicos vinculados con el agua, sea el derecho humano a ésta, a la alimentación, a la salud, a un ambiente sano, etcétera, la consiguen mayoritariamente de la fase subterránea mediante la técnica de pozos. Pero —esto es muy importante—, se identifican las regiones donde circulan estos flujos regionales y además son pozos diseñados y operados con tecnología moderna que permite preservar los equilibrios ecosistémicos que se sostienen por el agua subterránea. En México estamos muy atrasados en el conocimiento científico y su aplicación técnica para la extracción de agua subterránea. Somos mundialmente conocidos como “topos”, que hacemos hoyos con los ojos cerrados, buscando a ver dónde le damos al clavo y sacamos agua. Y otro problema es que en nuestro país se sigue apostando por grandes obras hidráulicas, como acueductos para trasladar enormes volúmenes de agua de una cuenca a otra, que no sólo son ineficientes para proveer el volumen y calidad de agua buscados sino que además generan graves problemas sociales y ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida. Desde la UNAM, y en colaboración con investigadores de otros países, le hemos demostrado a la Semarnat que la presa El Zapotillo no es necesaria, ya que se puede sustituir por una extracción subterránea que sea económica y ambientalmente más eficiente.
¿Cuál es la situación actual de nuestros pozos de extracción?
Según las cifras oficiales, en México se extrae el 75 por ciento del agua por medio de pozos. Esto en sí mismo no es malo. El problema es el volumen descontrolado de extracción —principalmente de grandes intereses económicos como la minería o las embotelladoras—, la falta de monitoreo de los cambios en la calidad del agua que se extrae y que no se toman en cuenta los impactos negativos en términos ambientales que provoca bombear agua anárquicamente. En México insistimos en calcular con cuánta agua “disponible” contamos. Pero, ¿cómo vas a saber cuántos jitomates vas a obtener si no conoces el ciclo de vida de la producción de un jitomate en cierto contexto? En el país las decisiones administrativas públicas y la investigación académica y científica están concentradas en estimar los volúmenes de agua con los que contamos, cuando no hemos reparado en entender su dinámica ambiental, no se ha entendido que se está moviendo constantemente y que circula por todo el territorio. Si revisamos los debates de política pública a nivel nacional veremos que se centran en la defensa de los ríos, lagos y lagunas, y que seguimos dividiendo en agua superficial y agua subterránea, ¡cuando es la misma agua! Entonces, cuando vemos ríos caudalosos que tienen agua todo el año y que llamamos cuerpos perennes, ésa es agua subterránea. Pero la ley dice que hay agua superficial y subterránea, y al extraer agua de uno de esos ríos en realidad extraes agua subterránea. La noción que tenemos que adoptar es que el agua es una y circula. Debemos integrar la unicidad propia del agua.
¿Por qué en el ámbito de la investigación académica no se ha adoptado este cambio de paradigma?
En México la investigación aplicada en hidrogeología moderna está encabezada por el doctor José Joel Carrillo Rivera del Instituto de Geografía de la UNAM. Hoy en México somos sólo una decena de especialistas en hidrogeología moderna. Parte del problema es que no existe un sistema de educación científica y técnica en esta materia. En el área de investigación prevalece la hidrogeología clásica, pero es como en la física: la mecánica clásica newtoniana fue útil hasta que dejó de serlo cuando llegaron la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, a explicar mucho mejor los fenómenos de la naturaleza. En China se titulan entre 1 500 y 2 500 hidrogeólogos con esta visión al año, mientras que aquí la educación sobre agua subterránea no existe a nivel licenciatura, y a nivel de posgrado es opcional.
¿Y qué pasa en Conagua? ¿Se ha adoptado este cambio de paradigma?
Ha habido acercamientos, pero es una maquinaria inmensa con usos y costumbres perjudiciales muy arraigados, muchos intereses económicos que presionan y que difícilmente podrán ser eliminados para adoptar este nuevo paradigma si no se modifican el marco jurídico y el engranaje normativo-administrativo federal vinculados directamente con el agua, desde el Artículo 27 Constitucional y la Ley Federal de Derechos hasta la Ley de Aguas Nacionales, que pronto pasará a ser Ley General de Aguas. El conocimiento sobre el agua, no sólo en México sino en todos los países, está condicionado a la política económica. Entonces, mientras el agua no sea reconocida estratégicamente por su valor ambiental, social y económico para garantizar soberanía nacional, no podremos avanzar. Un elemento clave que hay que revisar urgentemente es el tema de los pagos establecidos en la Ley Federal de Derechos, que son irrisorios. Y también los subsidios a la energía eléctrica asociada con la extracción. Habría que revisar a qué le llamamos uso agrícola, a quiénes sí podemos cobrarles el agua, porque es un gran insumo en la cadena de producción que está generando grandes riquezas.
¿Cómo se usa el agua en el país y qué formas alternativas de manejo del agua imaginas para México? ¿Cómo, hacia dónde avanzar?
Para lograr una gestión integral del agua o un manejo justo, equitativo y sustentable debemos reconocer el agua subterránea como eje medular del país, ya que es el único componente natural que vincula los derechos humanos fundamentales. Debe terminar de confirmarse hidrogeológicamente cuáles son las zonas de descarga (afloramiento), recarga (infiltración) y tránsito de los sistemas de flujo de agua regionales, lo cual nos indicará las grandes regiones hidrológicas de México. Mientras no entendamos cómo esos ríos, lagos y lagunas se sostienen en flujos regionales que trascienden fronteras estatales e incluso nacionales, nos van a seguir chupando el agua por abajo. La pregunta es: ¿acaso no será a propósito que en México sólo volteemos a ver el agua que está en la superficie para que sigan sacando el mayor volumen de manera silenciosa y desordenada por medio de pozos? ¿Cuánto dinero no entra a las arcas públicas gracias a la falta de pagos por el agua utilizada en cadenas de producción o servicios de uso privado? De toda el agua que sacamos en el país, apenas 0.05 por ciento se asigna para el uso personal y doméstico (bebidas, higiene, alimentos, limpieza, traspatio, entre otros). Este porcentaje es el que debe aumentar si queremos garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, y para ello deben recaudarse los pagos sobre lo que realmente se extrae. Si somos estratégicos reconoceremos que 80 por ciento de la jugada está en el agua subterránea, y de ahí la relevancia de entender cómo funcionan sus flujos. Es lo que nos permitirá repartir derechos y obligaciones justas, y preservar los ecosistemas indispensables para el ciclo del agua.
Imagen de portada: Pozo en Quintana Roo. Fotografía de Rafael Saldaña, 2018