Estábamos en un taller de migración evaluando el contexto actual y las dificultades que enfrentan los migrantes (tanto mujeres como hombres) y las personas con necesidad de asilo o protección internacional, cuando alguien dijo:
no es que ya no se pueda migrar, claro que se puede, migran los que tienen dinero, los talentos que son bienvenidos por otros países, pero los pobres, los más excluidos, ésos sí no tienen derecho a hacerlo, ellos son rechazados.
Eso es verdad, posiblemente muchos de los que están leyendo este artículo tendrían altas posibilidades de migrar. ¿En qué momento trasladarse se volvió un privilegio de unos cuantos? ¿En qué momento nuestro país se olvidó de que también somos un pueblo migrante y cambió sus políticas migratorias? Durante décadas han transitado por México personas de Centroamérica y de otras partes del mundo. Eso nunca había sido un problema; al menos para quienes vivimos en ciudades por donde pasa el tren la Bestia, lo más normal era convivir con la población que transitaba por nuestras ciudades. Se habían vuelto parte de nuestra cotidianidad, había un sentido comunitario de tratar de cuidar de ellos y ellas. Crecimos en ciudades que sentíamos transnacionales. La guerra contra las drogas desatada por Felipe Calderón nos robó a los mexicanos y centroamericanos el derecho a migrar sin riesgos. En aproximadamente un año, más de veinte mil secuestros de migrantes con documentos fueron denunciados en dos informes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre 2009 y 2011. En los testimonios recabados se dejaba ver que había colusión de agentes del Estado en esos secuestros. A esto le siguieron tres masacres de 2010 a 2012, entre las que se encuentra la de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El número total de víctimas aún no lo sabemos. El gobierno de Enrique Peña Nieto permitió que esta violencia continuara, pero sobre todo perpetuó la impunidad, la indolencia y el maltrato hacia las víctimas. Es decir, se mandó un mensaje que implicaba que a quien mate, a quien secuestre, a quien viole migrantes, no le va a pasar nada, porque las autoridades son sus cómplices, porque participan en los hechos o porque se niegan a investigarlos. La llegada de Andrés Manuel López Obrador se vio como una esperanza para las poblaciones más vulnerables. En materia migratoria el escenario parecía transformarse ya que desde su campaña había anunciado la creación de la Comisión de la Verdad para las Masacres de migrantes ocurridas en San Fernando y prometía una migración humana y segura. El nuevo gobierno federal nombró a un destacado académico, experto en el tema, a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM). En medio de las caravanas migrantes, vimos a la secretaria de Gobernación y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración acudir al sur de México a recibir a los migrantes que ingresaban al país, ofrecerles trabajo, tránsito seguro y visa humanitaria.
Ilustración de Mariana Chiesa en Migrando, Petra Ediciones, Guadalajara, 2011. Cortesía de Petra Ediciones
Ese escenario duró muy poco. Ante la amenaza de entradas masivas de personas a Estados Unidos, el presidente Trump decidió que su país no pagaría por el muro que él quiere construir; alguien más debía hacerlo. Ese alguien era México. El programa “Quédate en México”, promovido por la administración de Donald Trump y aceptado por el gobierno de México en diciembre de 2018, obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México la resolución de sus casos. Hasta la fecha, más de 35,000 migrantes han sido deportados bajo ese programa. Los migrantes solicitantes son regresados a ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, pese a que en ellas se reportan altos niveles de violencia. En relación con Tamaulipas, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que tiene el mismo nivel de riesgo que Siria y Afganistán. En un informe publicado a principios de agosto, la organización Human Rights First documentó 110 casos de migrantes que fueron víctimas de diversas formas de violencia, incluyendo la violación, el secuestro y la explotación sexual tras ser devueltos a México. Por si no fuera suficiente, el 7 de junio de 2019 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, firmó un acuerdo migratorio bajo la amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar aranceles a productos mexicanos de exportación. En resumen, México se comprometió a desplegar la Guardia Nacional (cerca de 6,000 elementos) en la frontera sur, a continuar aplicando el programa “Quédate en México”, a colaborar con Estados Unidos para enfrentar flujos migratorios y a convertir a Centroamérica en “zona de desarrollo”. El 14 de junio el canciller mexicano ante el Senado de la República señaló que su gestión había sido exitosa, que había salvaguardado la economía de México con este acuerdo y que no es novedad que la Policía Federal acompañe al Instituto Nacional de Migración en tareas migratorias, además de que ahora lo hará también la Guardia Nacional. Ese mismo día, el comisionado del INM renunció. Por la firma de este acuerdo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho promovió un amparo por considerar que se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por México, no sólo por cuanto hace al procedimiento irregular que se llevó a cabo para comprometer internacionalmente a nuestro país, sino porque de fondo, actúa en perjuicio de lo acordado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. A la firma de este acuerdo le siguieron actuaciones que violentan a la población migrante. Las empresas de transportes ahora exigen en México que las personas se identifiquen para abordar. A los migrantes se los orilla a ir por rutas cada vez más clandestinas y peligrosas y se los deja a merced del crimen organizado. Pero además, esta medida también afecta a los mexicanos que no tienen una cédula única de identidad; sin embargo no existe disposición normativa alguna que nos obligue en México a identificarnos. Esto se prestará a abusos, discriminación y violaciones contra mexicanos y extranjeros. Como muestra, el 3 de septiembre de 2015 agentes del INM detuvieron a tres personas de Chiapas a quienes hubieran deportado a Guatemala, si no hubiera sido por el apoyo de una organización no gubernamental, el Instituto para las Mujeres en la Migración, que promovió un amparo. El caso está a punto de ser discutido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la firma del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos hemos visto un ataque sistemático contra la población migrante. Fuentes periodísticas reportan migrantes que mueren en custodia del INM; migrantes que mueren ahogados en el Río Bravo; migrantes que son cruelmente asesinados por el crimen organizado; violaciones sexuales en estaciones migratorias; migrantes que mueren por ejecución arbitraria cometida por fuerzas de seguridad estatal, cuando tratan de huir de la persecución; hacinamiento en estaciones migratorias con graves carencias en condiciones de higiene, salud y alimentación, entre otros. Las historias documentadas por la prensa son interminables, dolorosas y desoladoras. El operativo de la Guardia Nacional logró frenar el flujo migratorio, pero también impidió que quienes requieran asilo en México lo puedan solicitar. Todos son deportados y las cifras son altas: el INM deportó a 77,483 migrantes, de las 105,835 personas que fueron detenidas en las estaciones migratorias de diciembre de 2018 a junio de 2019. Organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han expresado su preocupación ante la restricción de asilo para quienes cruzan la frontera, señalando que esta medida pone en riesgo a los más vulnerables, que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o por la persecución. Por su parte, el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU hizo un llamado al Estado mexicano para que evalúe los efectos que tiene el despliegue de la Guardia Nacional para el control migratorio, con el fin de que vea su posible retiro de dichas operaciones. Solicitó que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas de todos los actos de discriminación, uso excesivo de la fuerza y abusos de autoridad cometidos en contra de los migrantes, asegurando que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos y que los responsables sean enjuiciados y debidamente castigados. México tendrá que asumir a nivel internacional la responsabilidad de todas las medidas que está implementando para detener el flujo migratorio. Nosotros debemos pensar si éste es el país que queremos para los migrantes y para quienes solicitan asilo.
Texto resultado de la colaboración con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes.
Imagen de portada: Ilustración de Mariana Chiesa en Migrando, Petra Ediciones, Guadalajara, 2011. Cortesía de Petra Ediciones