Desde 1994 El Caracol ha contribuido a la visibilidad y la inclusión social de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México. Constituído como una Organización de la Sociedad Civil e integrado por ocho personas y unas pocas decenas de voluntarias y voluntarios, El Caracol busca promover proyectos de vida fuera de las calles y concientizar sobre las violencias que sufren estos grupos vulnerables. La Revista de la Universidad de México conversa con su director, Luis Enrique Hernández.
¿Cuál sería el término más adecuado para referirse a las personas que viven en la calle?
Todavía hay un debate al respecto. Entre los años setenta y los ochenta se reconoció formalmente que había niños viviendo en la calle, y los llamaron así, niños de la calle. Ya a principios de los noventa, entre los organismos internacionales, los discursos académicos y las organizaciones civiles este término cayó en desuso, pues los niños y niñas no pertenecen a la calle, de manera que se les llamó de otra manera: niñas, niños y adolescentes —ahora jóvenes— en situación de calle. Ese cambio daba a entender que, de alguna forma, es responsabilidad del Estado y las instituciones modificar esta “situación” y garantizar un albergue o una vivienda para estas personas. A principios de los 2000, El Caracol propuso un concepto diferente. Planteamos que entre las personas que viven en la calle existe una diversidad poblacional —de 0 a 65 años y más— que enfrenta estas condiciones. Además, señalamos que no se trata de una “situación”, pues este término sugiere una temporalidad. Nuestro trabajo nos hizo darnos cuenta de que no puede hablarse de una condición pasajera ni de una etapa, pues hay personas que habitan treinta años en la calle y la hacen su lugar de vida. Es decir, van adquiriendo ciertos elementos del lenguaje, relaciones sociales e interacciones con su entorno que les permiten sentirse parte de ese lugar. Por ejemplo, las personas que viven en la calle Artículo 123, en la colonia Centro de la capital, llevan ahí desde el año 2000 y han recibido múltiples agresiones de parte de autoridades y civiles, pero ellas siguen diciendo que son de ahí. Generalmente, si una persona es agredida en un sitio determinado, se va a otro. Sin embargo, ellas continúan en esa zona. Su identidad está asociada a ese espacio. Al sentimiento de pertenencia con la calle nosotros lo llamamos cultura callejera, pues hay toda una lógica cultural en el núcleo del fenómeno. Por supuesto, eso no quiere decir que creamos que la cultura callejera sea buena, pues estamos hablando de personas que viven en exclusión, violentadas y discriminadas. Pero es algo que existe y es necesario estudiarlo. Partiendo de ahí fue que propusimos una nueva categoría: poblaciones callejeras.
¿Por qué escogieron esta categoría?
En primer lugar, nos habla desde una arista demográfica. Son poblaciones que existen sin los apoyos y la protección estatal. Son lo que se conoce como minorías activas, es decir, que sobreviven a pesar del Estado. Este concepto no etiqueta a la persona. Nosotros no queremos que alguien sea identificado con un adjetivo, sino establecer una categoría de análisis que nos permita entender un fenómeno social que en todo el mundo abarca distintas edades, géneros, orígenes étnicos, y que sobrevive a la exclusión social.
Sasza Blonder, Callejón del pueblo, 1948
¿Cuándo es que una persona deja de ser parte de las poblaciones callejeras?
Una vez que se establece en una vivienda. Claro, podemos lograr que una persona salga de la calle, pero entonces vienen otros problemas, pues continúa en un estado de pobreza y exclusión, con unas posibilidades de movilidad social muy bajas. Fuera de las calles, estos sujetos mantienen una vida muy precaria, llena de dificultades económicas y laborales. Ese es un reto que enfrentamos como sociedad: ¿qué hacer por esas personas que ya abandonaron la calle, pero siguen viviendo en condiciones muy complejas?
¿Además de la temporalidad, qué otros elementos diferencian a una persona en situación decalle de alguien que es parte de las poblaciones callejeras?
A diferencia de las personas en situación de calle, ante el ofrecimiento de una vivienda las poblaciones callejeras primero suelen desconfiar. En la medida en que van conociendo la calle, reciben también mucha violencia. La gente abusa de ellas, por tanto, son muy precavidas y desconfiadas. También los diferencia el miedo. A muchos nos ha pasado que, por alguna razón, nos hemos quedado en la calle a altas horas de la noche y no tenemos manera inmediata de llegar a casa. Esa sensación de inseguridad por estar en un espacio abierto que no conocemos nos hace sentir vulnerables. Pero alguien que tiene experiencia de calle no suele sentir ese miedo. Identifican cómo moverse, por dónde caminar, cómo pedir ayuda. A diferencia de las personas que recién comienzan a vivir en la calle, saben sobrevivir y hasta tienen un lenguaje muy particular que les sirve para desenvolverse en ese entorno. Son estrategias de sobrevivencia que no debemos juzgar como buenas o malas, desarrolladas en una condición de exclusión en la que las personas son conscientes de que pueden perder la vida en cualquier momento. Además, las poblaciones callejeras siempre corren el peligro de volver a la calle. Para ellas, la calle siempre es una opción. Estos grupos han sido condicionados por factores económicos y vulnerabilidades diversas, pero también han atravesado umbrales de violencia, dolor y vergüenza inimaginables; y cuando esto pasa, no siempre se puede volver atrás.
¿Desde qué perspectiva realiza El Caracol suslabores de acompañamiento y apoyo a estas poblaciones? ¿Cuál es su punto de partida para abordar estas realidades?
Durante los noventa e inicios de la siguiente década, varias organizaciones y gobiernos hicieron estudios que intentaron explicar por qué la gente se iba a la calle. Casi todos giraban en función del sujeto, sus experiencias, las violencias que sufría. Pero hay un autor, Ricardo Lucchini, que escribió un ensayo muy interesante, Niño de la calle: identidad, sociabilidad, droga (Los Libros de la Frontera, 1996), basado en una investigación realizada en varias capitales de América Latina. Este ensayo trató de apartarse de la lógica individualizante que hasta el momento marcaba las pautas de las investigaciones. Según Lucchini, hay elementos que influyen en este asunto y van más allá del sujeto. Habla de elementos “microscópicos”, “mesoscópicos” y “macroscópicos”. Los primeros se refieren al sujeto y la familia, e incluyen enfermedades, discapacidad intelectual o psicosocial, pobreza, consumo de sustancias o violencia familiar. El nivel mesoscópico atiende lo relacionado con la comunidad: zonas violentas, barrios pobres, etcétera. Por su parte, el macroscópico tiene que ver con las políticas económicas, las deudas y los niveles de pobreza de un país. Algo interesante de este ensayo es que relaciona Estados que diseñan políticas económicas generadoras de pobreza con comunidades, familias y personas que deben enfrentar las consecuencias de dichas políticas. A esa perspectiva nosotros quisimos darle una vueltecita y sumarle un enfoque de derechos que señalara la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. De ahí creamos un modelo que llamamos círculos de protección.
Sasza Blonder, Paisaje estilizado con árbol, 1934
¿En qué consiste?
Pensemos en un sujeto y situémoslo en el centro. Esta persona está atravesada por una circunstancia o una condición de pobreza, enfermedad, alguna discapacidad, consumo de sustancias adictivas, o varias de ellas a la vez. El primer círculo de protección, es decir, a quien primero corresponde proteger a ese sujeto, es la familia. Pero a veces la familia puede no contar con las posibilidades económicas de acoger a la persona, o no quiere atenderla. Entonces aparece un segundo círculo, las comunidades: centros comunitarios, iglesias, escuelas, espacios como El Caracol. Sin embargo, las comunidades no siempre tienen los recursos ni el conocimiento ni la articulación para desarrollar iniciativas de protección, o enfrentan una crisis de violencia que trae consigo muchos otros conflictos y problemas. Agotadas las dos posibilidades anteriores, puede acudirse a un tercer círculo: las políticas públicas de protección a los ciudadanos y ciudadanas. Quiero detenerme aquí, pues existe una considerable diferencia entre los dos primeros círculos y el tercero, puesto que el Estado tiene una responsabilidad de carácter constitucional. Un gobierno, por ley, no puede decir “yo no puedo” o “yo no quiero”, pues su deber es diseñar e implementar políticas públicas que protejan a las ciudadanas y ciudadanos en desventaja social y económica. Sin embargo, la realidad nos enseña que los gobiernos no alcanzan a cubrir estos problemas ni diseñan las políticas necesarias para atender a las poblaciones callejeras. Cuando el Estado no cumple con su función nos queda entonces un último círculo, que son las instituciones de protección de los derechos humanos, como las Comisiones de Derechos Humanos y los Consejos para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Estas interpelan al Estado en favor de los ciudadanos y ciudadanas cuando las políticas públicas van en su detrimento. Si fallan los cuatro círculos de protección aumentan los riesgos de que mucha gente termine en la calle, que es justo lo que estamos viendo hoy en día.
¿Cuál es la situación actual de la población callejera que llega a esa condición no solo a raíz de la pobreza o de problemas familiares, sino también por padecer algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial?
Cada vez encontramos más personas con estas discapacidades que viven en las calles. Los psiquiátricos están saturados y, aunque se intenta impulsar la psiquiatría comunitaria —con los Cecosam (Centros Comunitarios de Salud Mental)—, las familias no reciben atención y no saben qué hacer. Encargarse de un familiar con problemas graves de salud mental conlleva grandes gastos que muchas familias no pueden asumir. Y no existen políticas públicas que las cubran y apoyen. Además, también ha aumentado la cantidad de personas mayores con enfermedades crónicas o degenerativas que no vivían en la calle y que ahora no tienen más remedio que hacerlo.
¿Y cómo han respondido las autoridades ante esta situación?
Las políticas públicas están diseñadas para “mejorar” la ciudad, pero desde una lógica en la que las poblaciones callejeras son un estorbo. Como quiere una ciudad “bonita”, este gobierno pretende que para 2024 solo haya unas 240 personas viviendo en la calle. ¿Cómo lo está logrando? Basta googlear “situación de calle Sibiso (Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México)” y aparecerán escenas brutales.1 A la usanza de los años sesenta, aparece gente uniformada que carga a la fuerza a las personas que viven en la calle, las avienta en las camionetas y las lleva a los albergues. No sabemos cuántas personas murieron de covid en esos sitios ni cuántas hay institucionalizadas de manera forzada. Hablamos de un asunto delicado en materia de derechos humanos, porque estas personas tienen derecho a no ser violentadas.
Sasza Blonder, Paisaje surrealista con una valla, 1934
¿Qué puede hacer alguien en caso de sentir que corre peligro una persona que vive en la calle?
Es difícil responder. Durante el gobierno anterior capacitamos a entre 3500 y 4 mil policías, les dimos el número de El Caracol. Ellos nos llamaban cuando se les presentaban estos casos. Si nosotros podíamos atender a la persona en riesgo, mandábamos un equipo. Si no teníamos esa posibilidad, asesorábamos al policía o le dábamos el número de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, específicamente del área de atención a población de calle, para que los atendiera. Pero a raíz de los videos que mencionaba, ¿con qué confianza llamamos a la Sibiso si sabemos que se los va a llevar de manera forzada? Es decir, ya no hay forma de confiar en esa institución ni de que rinda cuentas. Voy a poner un ejemplo. A finales de la pandemia, en mayo de 2021, una joven que vivía en la calle pidió irse a bañar a un albergue. Hermelinda, así se llamaba, estaba en una silla de ruedas. Normalmente iba a bañarse y la regresaban o dejaban que volviera sola a su zona. Pero con la política de “mejorar la ciudad”, esa vez no la dejaron salir. Argumentaron que estaba muy enferma y que eso, sumado a la discapacidad psicosocial que padecía, hacía necesario que estuviera en un albergue. Su pareja nos llamó y nos dijo que la chica no aparecía. Como en principio fue ella quien decidió ir al albergue a bañarse, recomendamos paciencia. Pero pasaron los meses y salimos a averiguar qué había sucedido. Llamamos para preguntar y nos dijeron que por no ser familiares no nos darían información sobre ella. No podíamos tampoco reportarla como desaparecida, porque sabíamos que había ido a un albergue. En diciembre de ese año entrevistaron a la titular del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y una reportera le preguntó por Hermelinda. La titular dijo que estaba bien, que había iniciado un proceso de vida independiente.2 Nosotros escuchamos esa declaración —pues hacemos un seguimiento en la prensa de todo lo referente al tema que atendemos— y la creímos. Sin embargo, la reportera siguió investigando y en febrero de 2022 descubrió que Hermelinda había muerto en junio de 2021. De inmediato fuimos al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, donde nos confirmaron que, en efecto, la chica estuvo ahí, pero ya la habían enterrado en una fosa común. Entonces, ¿cómo le digo a la gente que confíe en las instituciones? En El Caracol somos muy pocos, no alcanzamos a ayudar a todos y cada vez hay más personas viviendo en la calle. La pandemia causó estragos gravísimos, y la violencia generada por el gobierno hacia esta población los obliga a salir del Centro e ir a las orillas de la ciudad, a zonas de por sí muy complicadas. Podría decirle a cualquiera que acuda a las autoridades encargadas de tratar asuntos referentes a poblaciones callejeras, pero esas autoridades no han demostrado capacidad para garantizar y respetar plenamente los derechos humanos de estos grupos vulnerables.
¿Qué otros problemas identifica usted como de los más graves que afectan a las poblaciones callejeras?
El de la identificación, es decir, el de la falta de existencia legal de muchas de estas personas. Pensemos que hay quienes no cuentan ni siquiera con un acta de nacimiento, que de por sí es un derecho llave, es decir, que te permite acceder a otros derechos. Sin ese documento estas personas no pueden acceder a la escuela, a un trabajo, a una beca, ni solicitar muchos servicios.
¿Cómo experimentan todo esto los menores de edad y las madres que viven en la calle?
En el caso de las mujeres embarazadas, los especialistas que hemos consultado nos señalaron que sus embarazos deben ser atendidos como de alto riesgo. Además, si una embarazada va a un hospital y allí ven que vive en la calle, puede que el Ministerio Público no le dé a su hijo o hija, y que la madre sea sometida a un proceso judicial por lo que se conoce como “omisión de cuidados”. Tenemos casos de mujeres que no han visto a sus hijos desde el parto. El problema se agrava si la madre es menor de edad, pues se supone que su tutora se haga cargo de ella y del recién nacido. Pero muchas veces la tutora no existe o no puede enfrentar esto. Entonces el bebé o la bebé queda bajo la custodia del Ministerio Público y va a una casa de resguardo. Y después es un calvario que estas madres vean o recuperen a sus hijos, pues deben demostrarle al Estado que tienen capacidad de ejercer de madres. Para eso les hacen un estudio socioeconómico y uno psicológico que no van a superar porque son pobres y llevan mucho tiempo en una situación de vulnerabilidad. Además, tienen que firmar una carta de compromiso en la que deben jurar que poseen una vivienda con refrigerador, estufa, cama y cuna, y que tienen un pediatra que atiende al bebé. Estamos hablando de requisitos que son absurdos para una persona que vive en la calle. Un estudio muy interesante de Rosa María Ortiz, que fue relatora de los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla sobre el derecho a la familia. Ella plantea que, antes de recoger a niños y niñas de mujeres que están en situación de alta vulnerabilidad, el Estado tiene la obligación de procurar los elementos necesarios para apoyar a la madre y la familia, de manera que cuenten con las condiciones para atender a sus hijos. Porque no solo se trata del derecho de la mamá, sino del de los niños y niñas a vivir en familia.
Walter Gramatté, Calle de noche, 1922
¿Considera que uno de los primeros pasos está en garantizar una vivienda a todos los ciudadanos y ciudadanas?
Sí, creo que esa sería una solución. Cuando se inició en 2009 la discusión sobre el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, uno de los grandes debates era justamente el derecho a la vivienda. En las reuniones que tuvimos para diseñar políticas públicas estaban todas las instituciones menos la Secretaría que tenía que ver con este asunto. La única vez que estuvo en las mesas y planteamos la necesidad de vivienda de la población, sus representantes nos preguntaron: “¿Y con qué la van a pagar?”. Eso sucede porque la vivienda no se reconoce como un derecho, sino como un bien comercial al que solo accede quien pueda cubrir el costo.
Si desea contactar con EL CARACOL. A.C. puede hacerlo al teléfono (55)57681204 o al correo electrónico direccion.elcaracol@gmail.com
Imagen de portada: Sasza Blonder, Paisaje surrealista con una valla, 1934