México: los anales de la desigualdad

Como la gran mayoría de países durante el siglo XIX, México era profundamente desigual; sin embargo, se distingue de muchas de aquellas naciones porque su camino hacia la reducción de la desigualdad ha sido más lento y, por lo tanto, más largo. El México de aquel siglo era una sociedad estamental,¹ de claras jerarquías, que veían su reflejo en la distribución de la riqueza y el ingreso. Son abundantes los documentos históricos que dejaron un testimonio de dicha inequidad: relatos como los de Humboldt,² en los que proclamaba a México como “el país de la desigualdad”, expresiones artísticas como los retablos de castas y, sobre todo, leyes, decretos y testamentos.³ Estos testimonios y documentos nos dejan ver y reconstruir los niveles, la trayectoria y distintos aspectos de la inequidad nacional a través del tiempo. La desigualdad en nuestro pasado está vinculada a la desigualdad en nuestro presente. En esta evolución histórica hay claves para entender nuestros éxitos y fracasos en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Abel Quezada, Sin título (Revolucionario con soldaditos campesinos de juguete), ca. 1988. Fotografía de ©Ramiro Chaves, cortesía de Proyectos Monclova

​ Diversos puntos de partida ejemplifican esta conexión entre pasado, presente y quizá futuro. Uno de ellos es la edificación del régimen legal que dividió la sociedad en castas⁴ y que tanto eco tiene aún en el arraigado racismo que podemos observar en muchos rincones del país. O el triunfo del liberalismo del siglo XIX y los cambios legales y políticos que permitieron conquistas históricas como la separación de la iglesia y el Estado, pero que fueron incapaces de construir un régimen lo suficientemente fuerte como para prevenir su captura. En concreto, estoy hablando del famoso “problema del compro­miso”,⁵ es decir, la debilidad fiscal y la posible inestabilidad política de un régimen que se ve obligado a pactar con ciertos intereses para sobrevivir.

​ La cúspide del liberalismo del siglo XIX me­xicano fue el Porfiriato. La longeva dictadura de Díaz logró dos cambios importantes en la historia del país: por un lado, un periodo de relativa paz, que es una precondición para el desarrollo económico sostenido, y, como resultado de ello, la inserción de México en la boyante economía del Atlántico durante la época de la primera globalización.⁶ En la primera mitad del Porfiriato, hubo una ley de suma importancia, la Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883. Esta permitía a las personas y a las compañías —aunque se beneficiaron más las segundas— adquirir tierras que fueran reportadas como “no utilizadas de forma productiva” a precios preferenciales. Así se consolidaron los grandes latifundios y se expandió la economía de la hacienda y, como consecuencia lógica, se dio una concentración de riqueza e ingresos.

​ La ley de colonización tuvo consecuencias en todo el territorio, pero quisiera concentrarme en un caso específico. Sonora es uno de los estados con las tierras más fértiles y adecuadas para la agricultura de irrigación, en especial los valles que se encuentran entre los ríos Yaqui y Mayo, por largo tiempo dominados por los pueblos indígenas que le dan nombre a dichos afluentes. Desde la Colonia se intentaron colonizar dichas tierras: una guerra de baja intensidad, pero de grandes efectos, se venía librando desde finales del siglo XVI hasta la época de la Revolución mexicana. Los yaquis y los mayos lograron resistir los intentos de colonización de esos valles, pero, con los años, la expansión de la frontera agrícola fue ganando terreno.

​ La ley de colonización aceleró dicho proceso y le dio tal dinamismo que pronto los pueblos originarios sonorenses comenzaron una rebelión más intensa. Aunque su líder, un hombre mayo conocido como Cajeme, fue derrotado en 1887, mayos y yaquis continuaron una especie de guerra de guerrillas por muchos años, pero ya incapaces de detener el desarrollo agroindustrial de los valles. Con el dominio del agua de los ríos, fue posible construir canales de irrigación que expandieron cultivos como el del garbanzo. Mediante la construcción de nuevas líneas ferroviarias, distintos lugares en Sonora pudieron conectarse con mercados de exportación en California y Arizona en los Estados Unidos. Quizá el ejemplo más emblemático son las compañías de Carlos Conant, que posteriormente se convirtieron en la Compañía de Construcción Richardson.⁷

Andrés Sánchez Gallque, Los mulatos de Esmeraldas, 1599, Museo de América

​ Las conexiones de ferrocarril y el desarrollo agroindustrial de Sonora multiplicaron las fortunas de una élite que controlaba la vida económica y la política del estado. Sonora fue completamente capturado por los intereses de unas cuantas familias,⁸ y lo sucedido con los yaquis y mayos es un ejemplo de los costos humanos del desarrollo económico, especialmente cuando ocurre bajo el control de una oligarquía.

​ Yaquis y mayos, así como un sinnúmero de disidentes políticos del régimen porfirista, serían deportados a las regiones del Valle Nacional de Oaxaca y a la península yucateca a trabajar en condiciones de cuasiesclavitud en las industrias. En Yucatán, su mano de obra jugaría un papel importante en la acumulación de riqueza del grupo al que el general constitucionalista Salvador Alvarado bautizaría como la “casta divina”. Por los registros sanitarios de Yucatán sabemos que por lo menos unos 6 500 yaquis fueron enviados a trabajar en las haciendas⁹ y que alrededor de 1 500 perdieron la vida. Así, estos pueblos originarios fueron expulsados de sus tierras por los intereses económicos de una oligarquía y luego enviados al otro extremo del país para apoyar la acumulación de riqueza de otra oligarquía mucho peor. Dos modelos de desarrollo competían entre sí: uno, el sonorense, en el que la riqueza se estaba concentrando sobre todo a partir de la apropiación de recursos naturales, en especial del agua, un elemento importantísimo del desarrollo agroindustrial y minero; en el otro, en la península de Yucatán, la acumulación de la riqueza era producto de algo más parecido a la economía de las plantaciones del sur de Estados Unidos y las islas caribeñas.

​ La Revolución mexicana cambió algunas de estas dinámicas, redistribuyó tierras, llevó a que se legislaran derechos laborales y creó algunos impuestos progresivos. En Yucatán, por ejemplo, se redujo significativamente la explotación de las poblaciones indígenas. No obstante, ciertas características del modelo de de­sarrollo económico que surgió en Sonora se expandirían por el país con los auspicios de la facción sonorense, los grandes ganadores entre los caudillos revolucionarios. Cuando Álvaro Obregón, tras su periodo presidencial, se asoció con la Compañía Constructora Richardson para construir más canales de irrigación en el valle del Yaqui, este pueblo se sublevó una vez más solo para ser reprimido brutalmente por el gobierno de Plutarco Elías Calles. La Revolución mexicana liberaría a estos grupos de la explotación en las haciendas henequeneras, pero no restituiría sus tierras en Sonora ni los compensaría tras despojarlos de ellas.

​ ¿Qué elementos conectan esta historia con la desigualdad del presente? Algunos son evidentes: las condiciones de pobreza e incluso de explotación en las que vive gran parte de los indígenas de este país. Hay otros que son menos obvios, pero sumamente importantes. Uno de ellos es la importancia del control y la explotación de los recursos naturales. El dominio de los ríos en Sonora implicó un aumento de la desigualdad en los ingresos de aproximadamente 22 % en apenas catorce años.¹⁰ En la actualidad, la apropiación de recursos, como el agua, sigue ocurriendo y provoca importantes efectos en muchas comunidades; tenemos ejemplos de ello en las explotaciones mineras y en las industrias refresquera o cervecera. Hoy en día, las personas que habitan Monterrey —la ciudad industrial por excelencia en México—, sufren falta de agua, pero las cerveceras nunca dejan de recibirla. En el mismo sentido, la minería no paga impuestos, pero el gobierno permite que los dueños de estas empresas, ya sean mexicanos o extranjeros, acumulen enormes fortunas. Tanto en el pasado como en el presente, el control y la explotación de recursos naturales están estrechamente relacionados con la concentración de riqueza.

Abel Quezada, Los socios del Jockey Club, 1972. Fotografía de ©Ramiro Chaves, cortesía de Proyectos Monclova

​ Quizá una de las muestras más notables de esta conexión con nuestro pasado son los esfuerzos del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui que impulsa el gobierno federal. Con él se busca atender las reivindicaciones históricas de los yaquis sobre su territorio, así como el acceso al agua y a las oportunidades para su desarrollo. Dicho plan ya les restituyó 32 mil hectáreas de tierras, cumpliendo con un compromiso que data de una resolución expedida por Lázaro Cárdenas en 1940. Como este caso hay muchos en nuestro país. Las leyes, como en el ejemplo sobre la ley de colonización, suelen tener efectos distributivos, reflejan la realidad del contrato social vigente y, con ello, tienen el poder de materializar y congelar en el tiempo el reparto de recursos económicos entre unos grupos y otros. Las añejas oligarquías no son cosa del pasado, sino que perduran mediante las instituciones que unos cuantos logran establecer e imponer.

​ Como en el caso del liberalismo del siglo XIX, el arreglo institucional que hoy tenemos no es del todo compatible con los ideales de una sociedad justa e igualitaria. Si pensamos en la evolución de México con una perspectiva de largo plazo, podemos ver que nuestro camino hacia la reducción de la desigualdad no ha sido lineal, sino un sendero entrecortado, con saltos, como si fuera una geografía sumamente accidentada, y del cual nos falta todavía mucho por recorrer. Hemos tenido momentos de avance y retrocesos claros, pero casi siempre es la política y su congelamiento en leyes e instituciones lo que le da forma a nuestra desigualdad.

Abel Quezada, Sin título (Zócalo de la Ciudad de México No. 2), ca. 1988. Fotografía de ©Ramiro Chaves, cortesía de Proyectos Monclova

​ Si concluimos que buena parte de nuestra desigualdad resulta de arreglos políticos y que todas las decisiones colectivas implican ganadores y perdedores, entonces la desigualdad es, eminentemente, un asunto de economía política. No debemos confundirnos: no se trata de elegir ganadores y perdedores, sino de asegurarnos que no siempre sean los mismos los que se encuentran en alguna de esas dos categorías. Durante un largo periodo, decidimos que los ganadores serían exclusivamente las élites económicas; durante otros momentos decidimos abrir espacios para que a ese grupo de ganadores se integrara la clase media, lo que se conoce como una distribución “mesocrática”. Han sido pocas las veces en que hemos decidido que ganen los de abajo. Pasado, presente y futuro están conectados por la economía política de la desigualdad. Si entender nuestra historia desde esta perspectiva nos deja alguna lección, es que la desigualdad extrema en que vivimos hoy no está tallada en piedra, sino que puede cambiar con nuestras acciones y decisiones colectivas.

Imagen de portada: Abel Quezada, Sin título (Zócalo de la Ciudad de México No. 2), ca. 1988. Fotografía de ©Ramiro Chaves, cortesía de Proyectos Monclova