Apagar el fuego con fuego

México atraviesa una seria crisis de seguridad y violencia, particularmente desde que en diciembre de 2006 el ex presidente Calderón anunció el inicio de una guerra en contra de las drogas. Esa declaración trajo consigo un despliegue sin precedentes de militares y miembros del sistema de seguridad pública a escala federal, estatal y municipal para —en palabras de aquel— enfrentar a las organizaciones criminales, recuperar la autoridad del Estado y la tranquilidad de los mexicanos, así como para salvar a la niñez y a la juventud de las drogas y las adicciones.¹ Con la llamada “estrategia de seguridad”, que ha conservado los mismos métodos durante tres administraciones presidenciales, se ha buscado enfrentar a esos grupos para debilitarlos o erradicarlos, al mismo tiempo que pretenden decapitarlos, a través del asesinato o la detención de sus líderes. Las organizaciones criminales, por su lado, con la fuerza de las armas, han defendido o disputado el control de territorios, para garantizar el tráfico de drogas y armas, así como emprender y consolidar otros negocios. Para lograr sus propios fines, todas las partes involucradas en el enfrentamiento han ejercido violencia sobre la población civil, lo que ha generado miles de víctimas de delitos atroces. En muchos de estos casos se han utilizado armas de fuego que ingresaron al país, de manera legal o ilegal, o que fueron producidas en México. Las autoridades mexicanas aumentaron doce veces la importación de explosivos y armas de alto calibre para uso militar entre 2015 y 2017, en comparación a las cifras del periodo 2002 a 2004,² al grado de que México es el país de América Latina que mayor cantidad de armas importa de Estados Unidos de América.³ La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) produce armamento para uso militar, particularmente para los soldados mexicanos, por ejemplo rifles con “capacidad de 750 disparos por minuto y un alcance de 800 metros, capaces de traspasar blindajes de vehículos y chalecos antibalas.”⁴ A la misma institución le compete la importación, la distribución y la venta de armas de manera legal a las policías del país, así como a particulares que deseen poseer armamento en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.⁵

Corinna von der Groeben, Celebraciones mexicanas, 2012. Cortesía de la artista.

Para dimensionar el flujo de armas, tan sólo entre 2010 y 2016, la Sedena comercializó 305 mil 198 armas, de las cuales 23.13 por ciento se destinaron a instancias federales, 55 por ciento a gobiernos estatales y 22 por ciento al público en general. Datos de 2017 indican que 16 millones 809 mil armas provenientes de los Estados Unidos, tanto legales como ilegales, están en manos de particulares en México y sólo el 18.5 por ciento están registradas ante las autoridades competentes.⁶ Incluso cuando hablamos de armas legales, el país no cuenta con controles suficientes ni adecuados para tener certeza sobre el destino y uso final de las mismas. Es sorprendente, por ejemplo, que 20 mil 066 armas vendidas a fuerzas federales y policías estatales de México se han reportado como extraviadas o robadas, y que se desconozca su paradero.⁷ El 70 por ciento de las armas de fuego que han sido encontradas y recuperadas después de haberse cometido delitos provienen de los EUA, y tan sólo en 2011 se rastreó que 74 mil 515 de ellas fueron encontradas en escenas del crimen en México.⁸

Los crímenes atroces cometidos con armas de fuego en la guerra contra las drogas

Es posible afirmar que los altos niveles de violencia del país tienen estrecha relación con ese fácil acceso al armamento o por su uso sin controles oficiales. Llama la atención que los integrantes de las fuerzas de seguridad que han cometido crímenes atroces, en ocasiones coludidos con organizaciones criminales,⁹ en su gran mayoría no son investigados, procesados ni castigados, y siguen trabajando en instituciones del aparato de seguridad mexicano, con armas de fuego.¹⁰ Lo anterior ha provocado reiteradas críticas de diversas voces local e internacionalmente. Por ejemplo, en 2018 un grupo de congresistas de los EUA, señaló: “el uso de las fuerzas mexicanas en la guerra contra las drogas ha resultado en un dramático aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.¹¹ Numerosas organizaciones han documentado que esos delitos, perpetrados por las fuerzas de seguridad en el contexto de la guerra contra las drogas, desde 2006 a la fecha, así como los cometidos por las organizaciones criminales, constituyen crímenes de lesa humanidad.¹² También puede afirmarse que las conductas delictivas (torturas y asesinatos, entre otros) de las autoridades mexicanas federales, civiles y militares reflejan un comportamiento similar, sino es que estandarizado, lo que hace improbable concluir que tal número de casos sean incidentes aislados. A ello, se debe sumar que las fuerzas políticas del más alto nivel, incluyendo a los tres últimos presidentes de la República y sus gabinetes, constantemente vanaglorian la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen y minimizan los reportes y noticias de las violaciones a los derechos humanos. Además, los dotan de recursos públicos casi ilimitados para continuar con la estrategia de seguridad, y las procuradurías (ahora fiscalías) garantizan la impunidad por los crímenes que hubieran cometido, no sólo para los autores materiales, sino particularmente para los superiores jerárquicos, quienes jamás han puesto un pie en un juzgado para rendir cuentas.

Flota en el océano Pacífico, 2011. Fotografía de US Pacific Fleet.

Por un lado, de acuerdo al tipo de violencia armada por la que México ha atravesado desde 2007 a la fecha, se ha reconocido la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional o interno, al reunirse los dos elementos que el derecho de la guerra exige: primero, que existan enfrentamientos armados de intensidad suficiente entre el ejercito de un país y grupos armados organizados, o entre estos grupos entre sí y, segundo, que las partes que participan en esos enfrentamientos tengan un nivel de organización suficiente para ser considerados como grupos armados. Hasta diciembre de 2017 los enfrentamientos armados documentados fueron de intensidad suficiente por el número de víctimas mortales, por el número de desplazados internos, por la destrucción de bienes, por la movilización y despliegue de las partes del conflicto en el territorio, así como por el tipo de armas empleadas.¹³ Por el otro lado, siete grupos armados: cartel de Juárez, cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, los Zetas y el cartel de los Beltrán Leyva reunieron el nivel de organización suficiente, pues existe una estructura de mando y de disciplina dentro del grupo, la posibilidad de reclutar miembros, la capacidad para llevar a cabo operaciones militares y para acceder a equipos militares,¹⁴ incluyendo armas de fuego de alto calibre como las que emplean las fuerzas armadas. En 2019 el ejército mexicano se enfrentó, al menos, a dos organizaciones delictivas: el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, los cuales, sin bien son grupos que persiguen fines económicos, también se consideran grupos armados conforme al derecho de la guerra. Por la gravedad de los enfrentamientos, se estima que México atraviesa dos conflictos armados simultáneos.¹⁵ En el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional, las partes involucradas, sean del Estado o de los grupos armados, pueden cometer crímenes de guerra, tales como el homicidio, la tortura y el desplazamiento forzado de la población civil, entre otros.¹⁶ La violencia generalizada, las violaciones a derechos humanos y la situación de conflicto armado que atraviesa México desde finales de 2006, ha forzado a miles de personas a huir de su lugar de residencia y a instalarse en otro municipio o estado de la República. Un informe independiente ha contabilizado que entre enero y diciembre de 2018 se registraron 11 mil 491 desplazamientos internos masivos y, en 20 de los 25 episodios analizados, los desplazamientos fueron causados por la violencia generada por grupos armados organizados (80 por cierto del total). En 21 de los 25 episodios se reportó el uso de armas de fuego o la presencia de personas armadas. Para diciembre de 2018, la cifra de desplazados internos por la fuerza en México ascendía a 338 mil 405, según una fuente no oficial.¹⁷ El gobierno federal, por su parte, ha reconocido que 1.55 millones de personas en 2018 se vieron obligadas a cambiar de residencia para huir de la delincuencia.¹⁸ Es decir, las armas, sean de origen legal o ilegal, son un factor determinante que genera desplazamientos internos forzados en el territorio nacional, a niveles tan elevados como sucede en otros países que atraviesan un conflicto armado.

Narco mexicano, 2011. Fotografía de júbilo haku.

México sufre una epidemia de homicidios desde el inicio de la guerra contra las drogas. En un estudio sobre graves violaciones de derechos humanos y tráfico de armas se señala que la tasa de homicidios entre 2000 y 2006 iba a la baja, sin embargo a partir de esa fecha aumentó en razón de 270 por cierto.¹⁹ Entre 2006 y 2017 se han abierto 211 mil 926 averiguaciones previas y carpetas de investigación por homicidio doloso,²⁰ y en la actualidad la mayoría son cometidos con armas de fuego. En 2019 del total de 31 mil 618 homicidios locales, el 70.6 por ciento de ellos fueron perpetrados con arma de fuego.²¹ Asimismo, se ha podido acreditar que, en aquellos lugares en los que los militares o marinos hacen presencia y sostienen enfrentamientos armados, las tasas de homicidio incrementan.²² Elementos castrenses se han visto involucrados en más de 4 mil combates, en los que han muerto miles de civiles.²³ Tan sólo en 2019 se registraron 88 hostilidades en las que participaron elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional, en los cuales se registró que 237 civiles y 19 integrantes de las fuerzas de seguridad murieron.²⁴ En las 204 recomendaciones emitidas entre 2006 y 2017 por la CNDH relacionadas con la política de seguridad, se identifican 270 víctimas de homicidios cometidos dentro del aparato de seguridad del Estado en el contexto de la política contra el narcotráfico y en el 61 por ciento de las recomendaciones, los responsables fueron integrantes de las fuerzas armadas. En los incidentes en los que estuvieron involucradas soldados o marinos el 87 por ciento de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego.²⁵ En 148 (72.55 por ciento) de las 204 recomendaciones, se identificaron 323 incidentes de tortura y en 111 participaron las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas (252, lo que equivale al 47.8 por ciento) fueron torturadas en instalaciones militares y los métodos de tortura empleados fueron diversos, a 127 personas las torturaron mediante golpes con armas de fuego y en 22 ocasiones lo hicieron con disparos de armas.²⁶

Los resultados y el cambio de la política

Al poco tiempo de haber iniciado su guerra contra las drogas, el ex presidente Calderón espetó:

[…] no cederemos un solo espacio a quienes intentan esclavizar a nuestra juventud con la droga. La lealtad y la eficacia de las Fuerzas Armadas, son una de las más poderosas armas en la GUERRA que libramos contra ella […] Al iniciar esta GUERRA frontal contra la delincuencia, señalé que ésta sería una lucha de largo aliento, que no sería fácil ganarla, que costaría tiempo, recursos económicos e incluso vidas humanas.²⁷

Y tenía razón, la guerra ha durado más de trece años: le ha costado mucho dinero al país por el presupuesto anual que se derrocha en las fuerzas armadas, pero sobre todo por las muertes y afectaciones al proyecto de vida de millones de personas. Tampoco ha logrado tranquilidad para los mexicanos, ni para los países vecinos, ni mucho menos se ha recuperado la paz ni la autoridad del Estado en largas extensiones del territorio. Esos crímenes atroces se han cometido en el marco o bajo el pretexto del combate a las organizaciones de la delincuencia organizada, incluyendo aquellas que se dedican al tráfico de drogas, y han llegado a esa escala debido a que los responsables, tanto integrantes de los grupos armados como de las instituciones de gobierno, tienen la certeza de que no serán investigados ni castigados por falta de voluntad o capacidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Pero además esa violencia se debe al enorme tráfico de armas legales e ilegales que los propios gobiernos mexicanos no han querido o podido controlar. Avanzar en la ruta de la paz y recuperar la autoridad del Estado pasa por resolver tres grandes desafíos: modificar radicalmente la política de drogas, erradicar la impunidad de los delitos que más duelen a la humanidad y efectivamente prohibir el uso y portación indebida de armas de fuego en el país.

Texto resultado de la colaboración con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes.

Imagen de portada: Rosarios, 2013. Fotografía de Diógenes.