Durante décadas, dos grupos nativos de Alaska —el Comité de Supervisión Gwich’in y la Corporación Regional de la Ladera Ártica (ASRC)— han sostenido un conflicto por el destino de una amplia extensión aislada y plana de tundra junto al océano Ártico en el noreste de Alaska, conocida como la planicie costera. Ahora este choque de culturas alcanzó un punto crítico debido a las políticas de Donald Trump a favor de la extracción de petróleo y gas en parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR). El pueblo gwich’in se refiere a la región de seiscientas mil hectáreas en disputa como el lugar donde comienza la vida, y sus habitantes se presentan a sí mismos como el pueblo caribú, pues honran su territorio como una zona de crianza sagrada para el rebaño de caribú de Grant, que constituye el ochenta por ciento de su dieta. Para algunos de ellos, tanto las tierras como los animales son un don divino que debe respetarse por encima de las ganancias que pueda generar la explotación petrolera. El rebaño que, según cálculos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, está compuesto por 197 mil ejemplares, realiza anualmente una migración que abarca más de mil kilómetros: desde la planicie costera del ANWR hasta Canadá. Históricamente, los gwich’in han construido sus aldeas a lo largo de la ruta que recorren los caribús. Por esa razón, quince aldeas dispersas entre el noreste de Alaska y el oeste de Canadá con casi diez mil integrantes formaron un comité de supervisión gwich’in. Desde la década de los ochenta, cientos de activistas nativos, ambientalistas y líderes demócratas de Washington han peleado por detener la creación de leyes para regular la extracción de recursos energéticos en la región; en esa misma lucha lograron la creación del refugio de casi ocho millones de hectáreas de amplitud. Sin embargo, a fines de 2017, el Congreso incluyó una provisión que abría la puerta al usufructo en la región en un proyecto de ley indispensable. Desde entonces, la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos ha estado preparando el terreno para las primeras exploraciones de la planicie costera, que se han intentado desde hace cuarenta años. Como resultado, los organismos reguladores tienen la intención de llevar a cabo la primera venta de concesiones este año. El problema es que, aunque los gwich’in se oponen a la extracción de petróleo en el refugio del Ártico, la ASRC ha unido sus fuerzas a las del Estado y los líderes de la industria para apoyar la explotación petrolera y es, precisamente, una de las doce corporaciones regionales creadas por el Congreso en 1971 para resolver disputas por la tierra entre la administración de Alaska y sus residentes indígenas. Se trata de una corporación privada con fines de lucro que representa los intereses comerciales de trece mil accionistas iñupiat y ocho aldeas nativas del norte de la región. En 2016, esta institución ganó 2,400 millones de dólares por medio de seis líneas de negocios, entre ellos una variedad de servicios petroleros.
Oleoducto bobinado en paisaje de montaña, 2016. Fotografía de Sarkophoto, IStock
Amparada por la Ley de Resolución de Conflictos Nativos de Alaska, la ASRC adquirió dos millones de hectáreas de tierra que se extienden a lo largo del norte del estado, desde el mar de Chukchi hasta la frontera con Canadá. El territorio de la corporación abarca la mayor parte del refugio del Ártico, incluida la disputada planicie costera. Esta organización de agentes a favor de la explotación del territorio está ansiosa por extraer entre seis mil y dieciséis mil millones de barriles de petróleo aprovechable, que la agencia de Sondeo Geológico de los Estados Unidos calcula que hay en la región. El vicepresidente ejecutivo de la ASRC, Richard Glenn, justificó que hacer nuevas perforaciones es esencial para aumentar el bienestar de las aldeas de la Ladera Norte: “la única manera de lograr enormes mejoras en la calidad de vida es permitir la presencia de la industria gasera y petrolera en nuestra región”, dijo en una entrevista. Según él, la explotación petrolera no sería devastadora para el rebaño de caribú de Grant, debido a que “será una fracción tan pequeña de la totalidad de la planicie costera, que resultará insignificante”. De acuerdo con sus datos, la explotación exhaustiva en el gran campo petrolero de la Bahía Prudhoe no ha afectado al rebaño local de caribús. Desafortunadamente para los gwich’in, hace treinta años la ASRC firmó un intercambio de tierras con el Departamento Interior, que le otorgó a la corporación nativa los derechos de explotación de minerales subterráneos de 37 mil hectáreas de la planicie costera de Alaska. Sin embargo, la Corporación Iñupiat de Kaktovik (KIC) posee los derechos de explotación superficial de esas tierras y trabaja en conjunto con la ASRC; es otro organismo con fines de lucro que se encarga de los asuntos de explotación de tierras para los residentes de Kaktovik, ubicada en la costa del Mar de Beaufort: la única ciudad en la planicie costera del ANWR. Antes de que el Congreso abriera la puerta para la explotación de hidrocarburos en el refugio del Ártico, la ley establecía que no podía haber perforación en las propiedades del intercambio de tierras entre la ASRC y el Departamento del Interior. Ahora la asociación, sujeta a órdenes judiciales estatales y federales, puede vender concesiones petroleras en sus tierras. De hecho, existe cierta evidencia de que ya ha vendido concesiones de tierras en el refugio del Ártico.
Fotografía de Peuple Loup, 2009. CC BY-NC
En 1986, la ASRC se unió con la KIC, la corporación Chevron y otras compañías petroleras para excavar un pozo de exploración en la llanura del litoral. Hasta hoy, un pozo ubicado veinticuatro kilómetros al sureste de la ciudad de Kaktovik es la única perforación hecha en el ANWR. Desde finales de los ochenta, esa operación (conocida como el pozo KIC-1) es uno de los secretos mejor guardados de Alaska. Sólo un puñado de ejecutivos de BP, PLC, Chevron, unos cuantos funcionarios estatales y las corporaciones nativas poseen esa información. En un reporte de 1989 realizado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos hay detalles del intercambio de tierras entre la ASRC y el Departamento del Interior. Allí se consigna, por ejemplo, que la ASRC “recibió treinta millones de dólares de sus socios petroleros a cambio del derecho exclusivo para realizar actividades de exploración y recibir concesiones de petróleo y gas” en las tierras del refugio pertenecientes a la corporación nativa. El trato entre la ASRC y el Departamento del Interior, conocido como “el intercambio de tierras del lago Chandler”, también le otorgó a la corporación nativa los derechos exclusivos de todos los ingresos provenientes de la explotación de sus 37 mil hectáreas de tierra del refugio del Ártico. Este hecho contrasta fuertemente con los términos de la Ley de Resolución de Conflictos Nativos de Alaska de 1971, que exige que las doce corporaciones nativas de la zona compartan setenta por ciento de los ingresos que cada corporación individual obtenga por cualquier recurso del subsuelo. La situación no es conveniente ni siquiera para los intereses del gobierno, pues permite que la ASRC retenga los derechos exclusivos de los datos del pozo de prueba KIC-1. Desde que el Congreso permitió la explotación petrolera en la planicie costera del refugio del Ártico, el Comité de Supervisión Gwich’in ha sumado sus fuerzas con las de otros grupos nativos de los Estados Unidos y Canadá para oponerse a los planes de perforación del Departamento del Interior. No obstante, la amenaza sigue latente: el verano pasado SAExploration (una compañía de servicios a campos petroleros con sede en Houston) tramitó —en asociación con la ASRC y la KIC— una solicitud para lanzar sondeos sísmicos a lo largo de los 6,739 kilómetros cuadrados de planicie costera durante este invierno y el siguiente. La iniciativa se vino abajo debido a la expresión de preocupaciones ambientales y al cierre del gobierno de los Estados Unidos por treinta días. A pesar de la falta de datos sistemáticos, las agencias reguladoras federales continúan insistiendo en que venderán concesiones de petróleo y gas en el refugio del Ártico antes de que este año termine.
Una versión previa de este artículo fue publicada en Energywire (Copyright 2017). E&E News provee noticias e información para los profesionales en temas de energía y medio ambiente. La autora actualizó su texto para la Revista de la Universidad de México.
Imagen de portada: Fotografía de Peuple Loup, 2009. CC BY-NC