La (ir)responsabilidad fiscal de las élites

Desde su nacimiento como país, pero especialmente durante el último siglo, México ha estado marcado por las concentraciones extremas del ingreso y de la riqueza en unas pocas manos. Esto ha permitido el desarrollo de dinastías familiares y de élites locales y nacionales que han influido en las decisiones públicas. Al comenzar 2024, apenas catorce milmillonarios —es decir, con fortunas por encima de los mil millones de dólares— y sus familias concentran ocho de cada cien pesos de la riqueza financiera. Carlos Slim —el hombre más rico de América Latina y el Caribe; más rico que los otros trece milmillonarios mexicanos juntos— detenta 4.5 de cada cien pesos mexicanos.

​ El papel que desempeñan las élites en México es un aspecto relevante de la vida pública. También lo son las causas de tal concentración económica extrema devenida en poder e influencia políticas. En la pirinola social, se espera que “todas las personas pongan”: que aporten recursos —dinero, tiempo, espacio, atención— para la vida en común. Sin embargo, los ricos no solo contribuyen a duras penas (si es que lo hacen), sino que se dedican a manipular las reglas del juego para aumentar sus ganancias. Es importante entender por qué.

Una larga historia de no contribuir

En su libro más reciente, As Gods Among Men: A History of the Rich in the West (Princeton University Press, 2023), el historiador económico Guido Alfani hace notar que, durante el último milenio, el papel social de los más ricos en los países del norte global ha sido el de ayudar a pagar cuentas en tiempos de crisis, mientras intentan disimular sus fortunas y reducir su influencia política en las decisiones públicas. Este papel se rompió en las últimas décadas, durante la era neoliberal del capitalismo, que ha visto surgir unas élites económicas cada vez más egoístas y menos responsables ante las sociedades que habitan y al mismo tiempo más influyentes en sus decisiones públicas. Peor aún, en el caso de las élites mexicanas, esta responsabilidad no ha existido nunca en los poco más de dos siglos de vida nacional.

Charlie Ramos, de la serie “Fulo”, 2022. Cortesía del artista

​ Una de las manifestaciones más claras de la irresponsabilidad de las élites mexicanas ha sido su constante negativa a pagar impuestos en mayor proporción que el resto de las personas. El principio de progresividad ha caracterizado a los sistemas tributarios de las sociedades que reconocemos como prósperas durante el último siglo. Un par de ejemplos pueden ayudar a dimensionar la magnitud de esta irresponsabilidad, así como su carácter crónico en la historia de nuestro país.

​ En su plataforma electoral, conocida como el Plan Sexenal de 1933, el entonces candidato presidencial Lázaro Cárdenas daba cuenta de que el impuesto sobre la renta —que comenzó a cobrarse durante el gobierno de Álvaro Obregón apenas doce años antes— había “venido desvirtuándose hasta convertirse en un gravamen que tiene por fuente principal la renta del trabajo asalariado por ser los causantes relativos los únicos que no pueden evitarlo”. Además, reconocía que el impuesto sobre herencias y legados que existía entonces debía “utilizarse como corrector y complementario del impuesto sobre la renta, y en sentido revolucionario, para impedir la acumulación de la riqueza a través de la perpetuación de las grandes fortunas”.¹

​ Poco menos de tres décadas después, en el norte global se establecieron impuestos sobre la renta cuasiconfiscatorios tras la Segunda Guerra Mundial, con tasas efectivas —es decir, las que en realidad se pagan y no las que señala la ley— de alrededor del 70 % sobre los ingresos totales en el caso de Estados Unidos. En México el sistema fiscal seguía casi intacto, aunque era cada vez más evidente la necesidad de una reforma tributaria profunda que privilegiara la recaudación de impuestos de las grandes fortunas. Esto quedó muy claro en el informe encargado al economista húngaro-británico Nicholas Kaldor por el gobierno de López Mateos, en el que se reconocía la necesidad de incrementar los ingresos públicos, en parte con impuestos a la riqueza neta, a las utilidades y a las donaciones.

​ En ambos casos, la reacción de las élites mexicanas fue aplicar presión política para echar atrás cualquier intento de reforma que derivase en que pagaran más impuestos. Estos ejemplos representan apenas dos de los múltiples intentos fallidos de reformas tributarias que se han impulsado durante el último siglo en el país. La politóloga Mónica Unda afirma que detrás de esta negativa se consolidó una alianza conservadora que llevó a una estrecha relación de cooperación entre el Estado y las élites económicas para, supuestamente, mantener el crecimiento económico y la estabilidad política.² Con estos argumentos se han rechazado a lo largo de la historia reciente las reformas tributarias necesarias para promover la justicia fiscal en México.

El mito de la derrama y el falso mérito de las élites

En tiempos más recientes, detrás de la irresponsabilidad fiscal de los más acaudalados se halla una narrativa meritocrática que adjudica las causas de las desigualdades económicas actuales al fracaso individual de los más pobres y al éxito personal de los más ricos. Según esta narrativa, una sociedad basada en la meritocracia es aquella en la que existe una jerarquización que coloca a los más talentosos y esmerados en la cúspide. Por el contrario, en la base de esta estructura estarían las personas sin talento o que no ponen el empeño suficiente en sus actividades —identificadas como flojas, mantenidas u otras acepciones comunes—. De la visión meritocrática se desprende la popular frase “el pobre es pobre porque quiere”. Así se estigmatiza a quienes viven en la pobreza y se les culpa por su situación. De hecho, en México, tres de cada diez personas creen que “los pobres se esfuerzan poco por salir de la pobreza”.

​ Tal visión del mundo les conviene mucho a las élites económicas, en tanto que legitima las enormes desigualdades de nuestra sociedad y, al ser percibida como verdadera, reduce o inhibe los incentivos para que se exijan políticas redistributivas que cuestionen el beneficio social de la propiedad privada y la acumulación extrema de riqueza. Este discurso ha servido incluso para justificar el mito de la derrama económica o la economía del goteo. Según esta creencia, es importante permitir que las élites económicas acaparen más riqueza, pues luego esa acumulación se multiplicará y se “derramará” por sí sola o se distribuirá en el resto de los estratos sociales, generando mayor igualdad en un momento posterior.

María Luisa vive en la comunidad de Sitalá, en Chiapas, cocina con leña y tiene acceso restringido al agua potable. Fotografía de ©Duilio Rodríguez

La injusticia fiscal en México

Tras un siglo de reformas tributarias moderadas e insuficientes, México es hoy una anomalía fiscal. Aunque es la decimosegunda economía más grande del mundo, su recaudación de impuestos es la más baja entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y una de las más bajas en la región de América Latina y el Caribe. A pesar de ser un país que tiene un nivel medio de desarrollo (donde conviven unas cuantas grandes fortunas que encabezan la lista global de milmillonarios de la revista Forbes con 37.7 millones de personas en pobreza moderada y 9.1 millones en pobreza extrema), nuestra recaudación se asemeja a la de países de ingresos bajos en África Occidental y en Centroamérica, como Mali, Gambia o El Salvador. Lo anterior se traduce en una situación de bajos ingresos públicos y poca capacidad del Estado mexicano para responder a sus crecientes obligaciones y compromisos.

​ A esto se suma el débil potencial estatal de redistribución, es decir, su baja capacidad para reducir las desigualdades socioeconómicas. La desigualdad de ingresos apenas se reduce en cuatro por ciento por acciones del Estado mexi­cano —es decir, a través de la recaudación de impuestos y su uso en bienes y servicios públicos, así como en transferencias directas—. Esta cifra contrasta con lo que ocurre en Australia, Polonia y Hungría, que tienen una de­sigualdad muy similar a la mexicana antes de la acción de sus Estados, pero logran reducirla en 30 %, 35 % y 36 %, respectivamente, gracias a su política económica, en especial la fiscal. Dicho de otro modo, el Estado en México recauda poco y redistribuye aún menos por medio de los impuestos.

​ Una parte fundamental de este problema es la baja contribución de las grandes fortunas personales y empresariales a la hacienda pública. Como resultado de bloqueos sistemáticos para mantener el fuerte secreto fiscal en la legislación mexicana, sabemos poco sobre quién, cuánto y cómo paga (o deja de pagar) impuestos. A pesar de la falta de transparencia tributaria, se cuenta con cierta información que da una idea de la magnitud de la injusticia fiscal.

​ Hasta 2022, apenas tres centavos de cada cien pesos de recaudación federal de impuestos provenían de personas con ingresos anuales mayores a los quinientos millones de pesos. En la mayoría de las economías del mundo, una proporción más grande de los ingresos nacionales se va a las personas trabajadoras; el resto corresponde a las ganancias de sus empresarios. En cambio, por cada tres pesos de ingresos en México, uno se va a los salarios y dos a las ganancias de los dueños de las empresas. Por si fuera poco, la recaudación del impuesto sobre la renta se paga a partes iguales: por cada peso que pagan los trabajadores, los empresarios pagan otro. Esto sin mencionar las múltiples renuncias recaudatorias —como las deducciones, exenciones, regímenes especiales, entre otros— que benefician sobre todo a los hombres de mayores ingresos.³

​ La baja recaudación de impuestos a la riqueza en México, equivalente al 0.32 % del producto interno bruto, es casi ocho veces menor al promedio regional. En el país no hay impuestos a la riqueza neta ni a las herencias, donaciones y sucesiones. La recaudación proviene, sobre todo, de los impuestos subnacionales a la propiedad y de impuestos a las transacciones financieras, como el cobro sobre las ganancias de acciones en la Bolsa y por el pago de dividendos. En nuestro juego de pirinola no todos ponen, pero unos cuantos toman todo.

​ Por su parte, los trabajadores —entre quienes se encuentran millones de micro, pequeños y medianos empresarios— perciben los impuestos como algo intrínsecamente negativo. Les parece injusto que, mientras las grandes fortunas pagan poco o nada e influyen para que el sistema tributario se mantenga así, la enorme mayoría lo paga en sus recibos de nómina o del supermercado. Cobrar más impuestos a los más ricos sería una herramienta poderosa para romper el ciclo vicioso en que se encuentra hoy nuestra situación fiscal.

Alumnos de distintos grados estudian en un mismo salón en la escuela rural de la comunidad La Unión, en Chiapas. Fotografía de ©Duilio Rodríguez

La ineludible reforma fiscal

Las desigualdades son el resultado de acciones y omisiones de política pública, así como de arreglos institucionales y sociales que sostienen los distintos entornos de estas desigualdades. Las élites económicas en México deben hacerse corresponsables de nuestra vida en sociedad. Si aportaran una proporción justa mediante el pago de impuestos, podría financiarse nuestra salida de disintas crisis como la climática o la de cuidados. Además, estudios recientes muestran que una mayor contribución de los más ricos lleva al resto de la población a percibir el sistema como justo y a que consideren evadir menos al fisco.⁴

​ Para ello, hay muchas reformas al sistema tributario que podrían aumentar la recaudación de una manera justa. Desde la modificación de la estructura actual del impuesto sobre la renta —que cobra tasas efectivas similares a una persona profesional de ingresos medio-altos que a un multimillonario— hasta la revisión de los privilegios fiscales —que benefician más a las personas de mayores ingresos, sobre todo a los hombres—,⁵ el gobierno federal debería evaluar los múltiples agujeros tributarios que benefician a las grandes fortunas y corporaciones.

​ Sin embargo, el desafío pendiente sigue siendo el cobro de impuestos a las grandes fortunas, como ya se hace en Bolivia, Brasil, Colombia o España. El proyecto debería incluir tanto la revisión profunda del cobro del impuesto predial —en un país donde la mayoría de la riqueza no financiera se concentra en bienes inmuebles—, como la introducción del impuesto a las donaciones, sucesiones y herencias, que ya existió en México hasta mediados del siglo XX. Este último gravamen es un asunto de justicia intergeneracional y de igualdad de oportunidades: nadie debería tener un punto de arranque (mucho) mejor solo por haber nacido en determinada familia o cuerpo.

​ Sin duda, estas apuestas deben acompañarse de una mayor transparencia tributaria, así como de la inversión de estos ingresos adicionales en bienes y servicios públicos que beneficien a la mayoría de la población. Desde guarderías y estancias infantiles, hasta escuelas, hospitales y viviendas públicas de calidad, el reto es proporcionar una mayor oferta de infraestructura social y servicios públicos que reduzcan aún más las extremas desigualdades.

​ Cobrar más impuestos a las grandes fortunas y corporaciones nos conviene, porque a todos nos beneficiaría vivir en un México más igualitario y justo. Lo que se requiere son decisiones políticas que nos lleven a dar el primer paso hacia la justicia fiscal; ahora es cuando.

Imagen de portada: Alumnos de distintos grados estudian en un mismo salón en la escuela rural de la comunidad La Unión, en Chiapas. Fotografía de ©Duilio Rodríguez