En el actual escenario político brasileño, la frase concebida por el dramaturgo nazi Hanns Johst y atribuida al trío Goebbels, Himmler y Göring ha vuelto a usarse con un arma más potente: “cuando oigo la palabra cultura, echo mano al fusil antiaéreo”, siempre como una reacción a la parodia de Godard —“cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la chequera”—, pero ahora en una versión neoliberal, seguida de sangrientos linchamientos virtuales, bajo la exigencia de la exención fiscal y de la persecución promovida por la milicia ideológica bolsonarista. Para comprender la demolición que está en curso —y los hechos han sido tan abruptos y veloces que sin duda estarán desactualizados para cuando llegue el final de este artículo—, es necesario volver al momento que siguió al impeachment de Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT) en diciembre de 2016. Días después de que se apartara de su cargo la presidente de la república, el escritor Raduan Nassar recibió el Premio Camões, el galardón literario más importante de la lengua portuguesa, otorgado por los gobiernos de Brasil y Portugal de manera conjunta. Cuando se llevó a cabo la ceremonia de entrega, Michel Temer, el vicepresidente de Dilma, ya estaba en el poder. Se esperaba que el evento fuera explosivo a consecuencia de las manifestaciones públicas de repudio a Temer, ocurridas días antes, y que resultaron en violencia y arrestos. Nassar, que había llevado una existencia recluida desde los años setenta, cuando dejó de escribir para vivir en el campo, salió de su madriguera para participar en los actos en defensa de Rousseff. En su discurso, que abrió la premiación en lugar de cerrarla, contrariando las prácticas del Camões, Nassar atacó al gobierno golpista de Temer y a los ministros de la Suprema Corte que habían legitimado la represión de las manifestaciones.
La inversión del orden de los discursos permitió que el ministro de cultura de ese entonces, Roberto Freire, tuviera la palabra final. Éste, haciendo uso de ella, desaprobó al escritor, sugiriendo que Nassar devolviera los cien mil euros del premio, en un ataque de premiador a premiado sin precedentes en la amplia y polémica historia de ese tipo de ceremonias. Rechiflas del público, gritos de orden, abucheos y más protestas. El gesto del ministro, un negacionista del golpe parlamentario que derribó a Rousseff, simbolizó el encenderse de un reguero de pólvora que no haría sino aumentar en los tres años siguientes. En el proceso electoral que habría de elegir a Jair Bolsonaro como presidente en 2018, el principal caballo de batalla de la guerra cultural brasileña fue la ley Rouanet, que sirvió para que la jauría virtual de bots al servicio de la extrema derecha usara como blanco al sector artístico. La llamada “Rouanet”, cuyo apodo hace homenaje a su creador, el filósofo Sérgio Paulo Rouanet, es una ley federal de fomento a la cultura creada en 1991. Permite que empresas y ciudadanos inviertan parte del ISR en acciones culturales, y desde que se promulgó ha tenido un impacto positivo en la promoción de la cultura brasileña, subsidiando festivales, grupos de danza, orquestas, premios, museos y contribuyendo a la conservación de la memoria histórica. Pero es una ley burocrática y llena de fallas, que permite —por la mala fe de los inversionistas y una supervisión estatal incompetente— la desviación de recursos en beneficio propio. Siguiendo la estela de la campaña anticorrupción de la Lava-Jato, la ley Rouanet se convirtió en blanco de la ira de la opinión pública, aunque esta última no comprendiera del todo su funcionamiento. La exención fiscal empezó a interpretarse como desviación de recursos públicos para el sustento del sector artístico. Y la preferencia de las grandes empresas por apoyar exclusivamente a artistas célebres y proyectos de alto presupuesto se confundió con prácticas de inversión y lavado de dinero. Las acciones culturales se convirtieron en marketing criminal, prohibido por la ley. Conviene contextualizar el ambiente cultural brasileño en relación con el mexicano. En Brasil, con excepción de medidas puntuales y recientes adoptadas por la administración de algunos estados, no hay nada, en el ámbito federal, que se parezca al sistema de becas del Fonca, sobre todo en lo que respecta a su longevidad. Lo que más se ha parecido, aunque sin la misma constancia y actualmente extinto, fue el programa Petrobrás Cultural, que a partir de la ley Rouanet apoyó las áreas de arte audiovisual, teatro, artes visuales y demás expresiones artísticas. En el caso de la literatura, el apoyo a la creación estuvo marcado por la fugacidad y se dio durante seis años: de 2007 a 2012, con alcances y recursos inferiores a los del Fonca. Además de las medidas estatales y municipales que siguen en pie, como el Programa de Acción Cultural de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Estado de São Paulo, y proyectos similares en otras regiones de Brasil, todos dependientes de la exención fiscal del Estado con esquemas similares a los de la ley Rouanet, la Fundación Nacional de Artes (Funarte) jugó un importante papel en las administraciones del PT, abriendo convocatorias para jóvenes artistas, y desde entonces se ha visto tan vapuleada que, en 2019, solamente ofreció becas para animadores culturales que desarrollarán actividades en zonas socialmente vulnerables. La Funarte es esencial en el proceso de aparelhamento1 promovido por Bolsonaro, al que volveremos enseguida.
En términos de institucionalidad cultural amplia y representativa, puesto que abarca el esparcimiento, los deportes, la educación y la salud, el Sistema S, frente formado por el Servicio Social del Comercio (Sesc), el Servicio Social de la Industria (Sesi) y otras siete organizaciones, se beneficia desde los años cuarenta de una contribución obligatoria del 1.5 por ciento sobre la nómina llevada a cabo por los empresarios y exigida por la Constitución. Hoy en día, el sistema S devuelve 66.6 por ciento de los recursos que recibe del Estado a través de una programación gratuita para la población, que tiene lugar en miles de unidades a lo largo del país. Sin embargo, su presupuesto vive bajo la permanente amenaza de suspensión de traspasos por parte del gobierno, cosa que sería inconstitucional. El sistema S sufrió esta amenaza desde que Fernando Haddad (PT) era ministro de educación durante el primer periodo del gobierno de Lula (2008), y siguió sufriéndola bajo el segundo periodo del gobierno de Rousseff (2015). cuando Joaquim Levy, entonces ministro de hacienda, trató de hacer lo mismo. Así pues, tanto la izquierda como la derecha aspiraban a una gruesa rebanada del pastel. Sin embargo, al comprobar el impacto que el Sistema S tiene en la realidad brasileña, la izquierda renunció a partir el pastel. Por su parte, la derecha, con Paulo Guedes, ministro de hacienda de Bolsonaro, economista y Chicago boy del grupo que llevó al Chile de Sebastián Piñera a la convulsión social más reciente, está ferozmente decidida a bloquear, o “contingenciar” (expresión eufemística del neoliberalismo para referirse a la masacre de los derechos de los ciudadanos), alrededor de 40% del presupuesto en 2020, cosa que llevaría al Sistema S a la bancarrota, afectando la vida de millones. El candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal, PSL), llegó a la presidencia con 57 millones de votos a cuestas, tras una intensa campaña en la que prometió extinguir la ley Rouanet, entre muchísimas otras extinciones programáticas, como las de los derechos laborales, empresas estatales y reservas indígenas. Al tomar posesión, el nuevo presidente acabó con el Ministerio de Cultura —siguiendo un guion idéntico al de la Junta Militar que dictó los rumbos de Brasil de 1964 a 1985— y lo convirtió en una secretaría del Ministerio de la Ciudadanía. Con la ley Rouanet todavía en vigor, el aparelhamento ideológico de alas cruciales de la nueva administración ha sido la única realización eficaz de Bolsonaro durante casi un año de gobierno. Como Bolsonaro se mantiene en eterna campaña, tanto él como sus milicianos promueven un patrullaje ideológico que incluye ataques a artistas, científicos, profesores, estudiantes, ambientalistas, instituciones educativas y científicas —como el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)—, y minorías en general, sobre todo indígenas, afrobrasileños y comunidad LGBT. Sus principales bases en este proceso han sido militares pentecostales fundamentalistas y una máquina de linchamiento virtual echada a andar por sus tres hijos, mismos que responden a apodos tomados de la película Tropa de Élite, del cineasta de derecha José Padilha, a saber: “Cero Uno”, “Cero Dos” y “Cero Tres”, según su orden cronológico de nacimiento, como si fueran soldados bajo el mando del Capitán Nascimento, personaje fascista interpretado por el actor Wagner Moura.
En una entrevista reciente, la senadora Joice Hasselmann, líder del partido de Bolsonaro, afirmó que cada hijo del presidente administra 1,500 cuentas falsas en Twitter. Las fake news y las polémicas activadas por bots sirven para ocultar la repercusión de medidas drásticas como la reforma al sistema de pensiones; de la pérdida de rumbo de la política externa por medio de la temible diplomacia bolsonarista, encabezada por un canciller terraplanista que cree que el calentamiento global es parte del “complot marxista”; del servilismo ante Estados Unidos; de los incendios en la Amazonia; de las fugas de petróleo en la costa y de catástrofes de toda clase, no solamente ambientales. A partir de este momento, es necesario advertir al lector que este artículo adquirirá la cadencia de una lista urgente, con el ritmo de un conteo regresivo hasta la implosión definitiva de un país. Tal como sucedió tras el golpe militar de 1964 con el Cinema Novo, el cine brasileño ha sido crítico del nuevo orden político, a pesar de haber prestado un flaco favor con la ya mencionada saga Tropa de élite, que sirvió para naturalizar la extrema derecha y el extermino de la población negra, además de despertar la nostalgia del militarismo como solución contra el miedo representado por el crimen organizado y la corrupción política, sembrando entre los ricos brasileños una fantasía de neoliberalismo militarizado capaz de operar como escudo contra los pobres y de protegerlos contra lo desconocido. Este año, en Cannes, el Premio del Jurado, concedido a Bacurau, una película dirigida por Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, que explora la oposición ideológica entre el Sur y el Norte en el Brasil actual (el Nordeste Brasileño representó la mayor parte de los votos contrarios a Bolsonaro, y eligió al mayor número de gobernadores de izquierda en el país), dio voz a los menos privilegiados de la sociedad brasileña, abismalmente desigual, suscitando un intenso debate público. Esta visibilidad aceleró el aparelhamento en curso de la Agencia Nacional del Cine (Ancine), que mueve 800 millones de reales al año y otorga subsidios a una cinematografía carente de público y de inversión privada. La cacería de brujas aplica filtros de censura inconstitucionales a nuevas producciones, como Marighella, cinebiografía del guerrillero asesinado por la dictadura militar, dirigida por Wagner Moura, que no ha podido estrenarse en Brasil. En agosto, el secretario de cultura, Henrique Pires, renunció después de que se cancelara una convocatoria de la Ancine que financiaría producciones cinematográficas con temática LGBT. Pires declaró que prefería “largarse a quedarse a aplaudir la censura”.
Un caso emblemático de cooptación bolsonarista es el de Roberto Alvim. Éste, uno de los mejores directores de teatro del país, promovió con furia la candidatura de Bolsonaro y acabó enemistado con la categoría teatral, que por lo general está a la izquierda en el espectro político brasileño. Más tarde, Alvim concedió una entrevista en la que revelaba que había sido perseguido debido a su convicción bolsonarista, a la cual llegó después de que se le diagnosticara una grave enfermedad que le causó una depresión. Afirmó que la fe de su empleada doméstica evangélica lo había salvado. Empezó a hacer pesas y a exhibirse en uniforme militar. Después de la entrevista, Alvim recibió una llamada del propio Bolsonaro, que lo elevó al cargo de director del Centro de Artes Escénicas de la Funarte. En septiembre, en la Bienal del Libro de Rio de Janeiro, el alcalde y pastor evangélico Mário Crivella mandó retirar un cómic que mostraba a dos hombres besándose. Como respuesta, el activista youtuber Felipe Neto (con 34 millones de seguidores) distribuyó gratuitamente 14 mil libros con temática LGBT en la Bienal. Este acontecimiento inspiró una edición de la revista literaria Quatro Cinco Um en contra de la censura, que tenía en la portada a la más grande actriz brasileña, Fernanda Montenegro (de 90 años), conocida por sus posiciones contra la censura y contra los cortes en el gasto social. En la imagen, Montenegro aparece retratada como una bruja ardiendo en una hoguera de libros, lo cual llevó a Alvim a tacharla de “sórdida, despreciable y mentirosa”. Estas ofensas no sólo fueron repudiadas por el sector teatral, sino que resultaron en una reprimenda pública al dramaturgo por parte de su superior, Miguel Proença, presidente de la Funarte. En octubre, el Premio Camões se otorgó al escritor y compositor Chico Buarque, partidario histórico del PT. Bolsonaro se negó a firmar el diploma que oficializaba la premiación, situación que condujo a un callejón sin salida y obligó a Portugal a entregar el premio de manera unilateral, sin el apoyo de Brasil. Al enterarse de esto, Chico Buarque afirmó que la negativa de Bolsonaro a firmar equivalía a ganarse un segundo Premio Camões.
Ese mismo mes se nombró al nuevo director de finanzas de la Ancine, un pastor protestante y fundador de la Iglesia Continental del Amor de Jesús, conocido como “Tutuca” (un nombre ridículo en portugués, que espero que suene igual de ridículo en español). A principios de noviembre, el presidente de la Funarte, Miguel Proença, fue relevado de su cargo por Bolsonaro. La prensa cree que su sustituto puede ser Roberto Alvim. Pero puede ser que Alvim se convierta en secretario de cultura, porque, un día después de que se relevara a Proença también se relevó al sustituto de Henrique Pires, que sólo llevaba dos meses en el cargo. El juego de sillas parece conducir rápidamente al dramaturgo bolsonarista, que ha mostrado ser un especialista en el manejo de los linchamientos virtuales y las fake news, al cargo más alto de la administración cultural en el país. A principios de noviembre, también, una audiencia pública organizada por la Suprema Corte en torno al tema de la censura contó con testimonios de artistas como Caetano Veloso y directores de sindicatos como Daniel Caetano, presidente de la Asociación Brasileña de Cineastas. Éste sostuvo que se ha venido dando una “censura desde el huevo, que afecta a proyectos en gestación”. La sensación que se tiene es la de que se ha establecido una nueva censura, con la promoción de los “valores cristianos” defendidos por el bolsonarismo. El actor Caio Blat afirmó que, en el contexto actual, Guimarães Rosa nunca habría publicado su obra maestra, Gran sertón: veredas, cuyos protagonistas mantienen una relación homoafectiva. “¿Cómo es posible que se cancele una convocatoria para excluir a las minorías?”, concluyó. Los cortes y cancelaciones siguen dándose profusamente: cada día se anuncian malas noticias, y la máquina bolsonarista vuelve sus armas contra la prensa, en un intento de censurarla a través de la descalificación. De hecho, creíamos tener poco en Brasil en materia de cultura, y no nos dábamos cuenta de lo mucho que teníamos. Ahora nos dirigimos velozmente hacia el abismo, donde no tendremos nada.*
*En reacción a la audiencia pública de la Suprema Corte con el sector artístico, Bolsonaro transfirió la Secretaría de Cultura al Ministerio de Turismo, cuyo titular es un pastor evangélico que enfrenta una demanda por desviación de recursos. En su última revisión de la ley, el gobierno permite que las iglesias reciban recursos vía ley Rouanet. Y, finalmente, Roberto Alvim fue ascendido al cargo de secretario de cultura.
Imagen de portada: Gladson Targa, Constitução Morta, 2019. Cortesía del artista
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Este término, sin equivalente en nuestro idioma, se refiere al control del aparato estatal mediante nombramientos ideológicamente motivados (N. de la T.). ↩