La economía social y solidaria: una alternativa impostergable

Cuando México se abrió al comercio global en los años ochenta, las comunidades del istmo de Tehuantepec pasaron de vivir bajo el yugo de cacicazgos terribles a incorporarse poco a poco al mercado internacional. En la región se empezó a sembrar limón y otros productos que se demandan en países extranjeros. En un inicio se impulsaron políticas que fortalecerían al sector social de la economía, pero después la apertura se volvió extrema y el sector se quedó sin apoyos. Así es hasta la fecha. Con todo, la inseguridad es lo que más socava cualquier proceso comunitario. Como sucede en el resto del país, desde hace casi dos décadas el istmo padece tanto a los poderosos grupos de la delincuencia organizada como la militarización.

​ En medio de esta adversidad, varios miembros de las comunidades ayuujk se involucraron en los procesos para crear la Ley de la Economía Social y Solidaria, así como las alternativas financieras y educativas relacionadas con ella. Hacia 2014, nueve personas originarias de la región mixe retomaron la organización de las décadas anteriores y fundaron la cooperativa comunitaria Anaa Witsukj, cuyo nombre refiere a los nahuales del trueno y del rayo que dan origen a la vida y brindan abundancia al pueblo mixe. Desde entonces, la cooperativa se dedica a procesar y comercializar limón persa. Un grupo de coordinadores pertenecientes a más de veinte comunidades encabeza la cooperativa, y hoy en día 354 personas participan en ella como socios productores. Este caso es un buen ejemplo de varias familias que decidieron cambiar su futuro por medio de una empresa social y solidaria.

​ Anaa Witsukj ha tenido que sortear obstáculos muy diversos. Al principio hacían falta recursos financieros porque los gobiernos no han constituido instrumentos de inversión para las empresas comunitarias y las instituciones financieras privadas no están dispuestas a correr los riesgos que representan estos proyectos para ellas. Académicos y miembros de la sociedad civil llevamos propuestas a la banca de desarrollo del país y a otros programas gubernamentales, pero encontramos cerradas las puertas. Solo gracias a la buena voluntad de personas, universidades y organizaciones de la sociedad civil es que logramos reunir la inversión necesaria para que Anaa Witsukj comenzara. Conseguir el terreno para instalar la empacadora tampoco fue sencillo. En muchas comunidades las tierras no están regularizadas por las instancias de gobierno y los servicios de energía eléctrica y los caminos de acceso son muy deficientes o simplemente no existen.

Línea de proceso, comunidad Anaa Witsukj. Cortesía del autor

​ En septiembre de 2023, luego de más de nueve años de trabajo y compromiso —con gran esperanza y entre aciertos y errores que se irán superando—, empezaron las operaciones de la empacadora de limón. La inversión de veintiséis millones de pesos hizo posible que la empresa procese y comercialice, inicialmente, un promedio de doscientas setenta toneladas mensuales de limón, o tres mil toneladas al año. Anaa Witsukj ha comenzado a pagar impuestos y ha creado treinta empleos formales para jóvenes muy capaces de las comunidades; muchos de ellos habían migrado ante la escasez de empleo. Además, al prescindir de intermediarios subió el nivel de ingresos de alrededor de trescientos cincuenta productores, sin que esto aumente el precio del limón que pagan los consumidores.

​ La cooperativa no solo empaca y comercializa. Uno de sus primeros pasos fue impartir un curso de agroecología. Próximamente, capacitará a cerca de ciento cincuenta técnicos comunitarios al año. Abrirán también las Escuelas de Ingeniería y Tecnología, la de Negocios y la de Cultura y Artes, que harán énfasis en la enseñanza de música y construcción de paz. Así se dará forma a un proyecto educativo completo.

​ El istmo siempre ha sido inmensamente rico gracias a las culturas de sus pueblos originarios, su larga historia de lucha y sus riquezas naturales. Ahora es una región estratégica para la economía mundial ante la necesidad de abrir rutas comerciales, la relocalización de las cadenas de suministro, la presencia de grupos de la delincuencia organizada y el creciente flujo de migrantes de diversas nacionalidades. Poco a poco nos fuimos enterando de que había otros planes para la zona. A principios de 2019, el gobierno federal anunció el programa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual ofrece a las empresas —en su mayoría privadas y extranjeras— que se instalen en los Polos de Desarrollo para el Bienestar beneficios como certidumbre sobre la tenencia de la tierra, infraestructura productiva,¹ incentivos fiscales, acceso a financiamiento e inversiones, seguridad y Estado de derecho. En cambio, para las empresas comunitarias no existen estas facilidades.

​ Hasta ahora, la mayoría de las políticas públicas, leyes, instrumentos financieros, incentivos fiscales, inversiones, contratos de gobierno e instituciones de seguridad se han puesto a disposición de modelos económicos que tienden a concentrar la riqueza, generar empleos precarios, deteriorar la naturaleza y limitar la democracia, y que, por lo tanto, incrementan la desigualdad y la inseguridad. Este esquema responde a intereses externos a las comunidades y el país. Estamos atrapados en un laberinto en el que los gobiernos y las empresas privadas son los actores preponderantes de la economía. Por si fuera poco, los grupos de la delincuencia organizada se han involucrado en actividades productivas lícitas e ilícitas y los militares se han convertido en un importante agente económico. Seguir respondiendo a las necesidades del capital internacional sin fortalecer nuestra economía social solidaria significa tapiar la salida del laberinto.

​ En todo el mundo hay casos exitosos como el de Anaa Witsukj. La economía social y solidaria ha llegado a representar entre el 6 % y el 8 % del producto interno bruto (PIB) de la Unión Europea, donde aporta más del 6 % del empleo.² En países como España ya contribuye con el 10 % del PIB.³ En México ha habido esfuerzos por medir su aportación a la economía, pero aún no hay información suficiente para hacerlo. A la vez, el mercado mundial de alimentos sostenibles (es decir, saludables, orgánicos, que benefician a las comunidades vulnerables y no ponen en riesgo el futuro de las próximas generaciones) crecerá casi al 7 % anual en esta década.⁴ Tan solo en los últimos años la venta de estos productos ha aumentado 2.7 veces más rápido que la de bienes convencionales.⁵

​ La Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución en 2023 que reconoce a la economía social y solidaria como un posible modelo de desarrollo sostenible, alentando a los Estados miembros, las instituciones financieras y los bancos de desarrollo a promoverla. Si México quisiera seguir esta recomendación, tendría que resolver la necesidad más elemental: no se puede vivir ni trabajar entre la delincuencia organizada y los conflictos armados. Hace falta una visión integral y preventiva para la construcción de paz que empiece por recuperar el tejido comunitario en las diferentes esferas de la vida. Los mecanismos para lograrlo, como las mesas de paz, deben involucrar a representantes de los pueblos originarios y de las empresas de la economía social y solidaria, así como reconocer y utilizar sus instrumentos colectivos.

​ También es indispensable que el gobierno brinde a las empresas como Anaa Witsukj las mismas condiciones privilegiadas que otorga a las compañías, principalmente privadas y extranjeras. La banca de desarrollo de México debe ofrecerles servicios financieros —una regulación adecuada podría ayudarles a acceder a los créditos que necesitan— y la inversión pública debe proveer infraestructura productiva para las regiones pobres y las empresas de este sector. Un programa como Sembrando Vida, que este año cuenta con un presupuesto de 33 mil millones de pesos, puede colaborar en ello.

Sesión del curso técnicos comunitarios en agroecología, comunidad Anaa Witsukj, cortesía del autor

​ Hoy en día se discute la urgencia de implementar una reforma fiscal que obligue a las personas con más riqueza e ingresos a contribuir en mayor medida a las arcas públicas para financiar la salud y la educación del país. Una reforma progresiva tendría que conceder incentivos fiscales a las empresas comunitarias, como la exención del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre la nómina para aquellas que tengan fondos propios de capacitación y seguridad social. Finalmente, si a los productos sostenibles de estas cooperativas se les exentara de pagar el IVA, se volverían más accesibles y atractivos para los consumidores. Estas acciones podrían respaldarse en el derecho, creando vías legales para garantizar la propiedad social de las comunidades y esquemas adecuados para que se instalen este tipo de empresas.

​ En esta década México podría apostar por un nuevo modelo si aprovechara los esfuerzos de muchas comunidades y cooperativas. Con todo su potencial, la economía social y solidaria podría contribuir a la generación de riqueza y empleos formales, a la distribución equitativa de los ingresos, a la resolución permanente y de fondo de la pobreza, así como a la construcción de la paz desde las culturas originarias y sus formas de democracia comunitaria. Las empresas e instituciones como Anaa Witsukj ayudarían a que las personas y las comunidades caminen con igualdad, en libertad, en paz y en armonía con la naturaleza. Hoy más que nunca son una salida del laberinto en el que estamos atrapados.

Imagen de portada: Sesión del curso técnicos comunitarios en agroecología, comunidad Anaa Witsukj, cortesía del autor