Una vez escuché una conferencia en la que uno de los artífices mexicanos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte defendía el proyecto diciendo que, en un país donde no existía el Estado de derecho, el TLCAN había creado zonas fuertemente normadas de la economía, vigiladas por Estados Unidos y Canadá, y que entonces funcionaban en estricto apego a los términos del acuerdo y, de ese modo también, al derecho. Visto desde ese interesante ángulo, el Tratado de Libre Comercio sería un dispositivo instaurador del Estado de derecho en México, y derogarlo significaría volver a una economía gobernada desde la arbitrariedad característica de los regímenes autoritarios y corrompibles que dominaron el México de Porfirio Díaz en adelante. El argumento es digno de ser ponderado, porque el México de hoy está decepcionado incluso del ideal del Estado de derecho. Quizás explorar críticamente la hipótesis de que el TLCAN ha sido la punta de lanza del Estado de derecho en México ofrezca pistas para entender la crisis de ese ideal, aun cuando sea tan caro para sectores amplios de la población. La visión del TLCAN como dispositivo transformador del Estado mexicano es ejemplo de una idea más antigua que ha resultado, por una parte, de la poca confianza en las fuerzas internas que tienen la sociedad y la política mexicanas para autorregularse desde el derecho, y por otra, de cierta esperanza o fe en que, quizá, se podría llegar al Shangri-La del Estado de derecho suscribiéndose a una serie de tratados internacionales. Un síntoma de este síndrome (caracterizado por una mezcla de falta de confianza interna y esperanza en la reforma a partir de la pertenencia del país al “concierto de las naciones”), es que México firma alegremente cualquier tratado internacional que le pongan enfrente, sin preocuparse por si tiene o no condiciones para cumplirlo. Así, en la página de la Suprema Corte de Justicia aparecen no menos de 210 tratados internacionales de los que México es signatario, pero si vemos los artículos de estos tratados, nos percatamos de que en muchos casos —quizás en demasiados— México firma acuerdos que no está en condiciones de cumplir. Cito algunos: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmado en 1981) Artículo 6, establece “el derecho a trabajar”, y además en “un trabajo libremente escogido”. ¿Tiene el Estado mexicano recursos para garantizar este derecho? ¿Los tenía en 1981, cuando firmó el tratado, o fue un caso Chavafloresesco de “pero eso sí, mañana te lo doy”? Si hay una mexicana que no tiene empleo, ¿adónde acude para hacer valer su derecho a trabajar? Si un mexicano se ve coercionado para mantener su empleo como halcón, por ejemplo, o como prostituta, ¿dónde está la agencia de gobierno abocada a arrancarlo de esa situación y a hacer valer su derecho a escoger su empleo libremente? En 2011 se publicó la adhesión de México a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El artículo 1 de ese tratado estipula que “nadie será sometido a una desaparición forzada”, y el segundo que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. Esto lo firmó México en plena guerra contra el narco, misma que, por otra parte, también venía respaldada por la participación del país en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Drogas. ¿Tenía el Estado mexicano recursos para conducir una guerra contra las drogas por conductos legales que evitaran la desaparición forzada? Los datos demuestran que no los tenía (ni los tiene). ¿Qué significa todo esto? Me parece que una conclusión provisional sería que la construcción de un Estado de derecho no puede suceder a través de la simple suscripción del país a cuantos tratados internacionales haya, por más que sirvan, en teoría, para cimentar los derechos. Hay varias razones para que esto sea así. Una de ellas es económica. Así, el TLCAN estableció términos para “nivelar el piso” de la libre competencia entre Canadá, Estados Unidos y México. Entre otras cosas, eso significó eliminar una serie de subsidios y precios de garantía al campo, lo que llevó a la ruina a muchos campesinos. ¿La disrupción de esa ruina podía ser absorbida desde el TLCAN mismo? Legalmente, no. Por eso la gran migración de campesinos quebrados a Estados Unidos se dio fuera del marco del Estado de derecho, y el campesinado pasó a ser “trabajador indocumentado”, hecho cuyos costos políticos asimétricos estamos pagando hoy. Por eso también el reclutamiento de muchos otros campesinos quebrados para la producción y distribución de drogas ilegales fue un efecto de la adscripción estricta a los términos del Tratado. Esta conclusión no implica que sería bueno que México se saliera del TLCAN: quizás haya habido demasiados sacrificios realizados, y la nueva economía estadounidense ha forjado ya cadenas de producción trasnacionales muy complejas y muy difíciles de desarmar. Salirse hoy del TLCAN podría resultar tan traumático como lo fue, en su momento, ingresar a él, no lo sé. Lo que sí está claro es que la consolidación del Estado de derecho no fue una de las ramificaciones del TLCAN. Esto se debe a que cada compromiso internacional tiene su costo, y la mayoría de las veces el Estado mexicano no ha tenido con qué pagarlo. Eso genera ilegalidad. Otras veces, unos pactos entran en conflicto con otros: combatir las drogas puede estar peleado con proteger los derechos humanos, por ejemplo, y la promesa de “nivelar el piso” para la competencia libre puede contravenir el compromiso del gobierno de garantizar el derecho al trabajo libre y legal. De los más de doscientos compromisos internacionales que México ha asumido, el TLCAN es el que ha tenido las consecuencias más profundas; por eso, precisamente, es también el tratado internacional que revela con mayor claridad que el Estado de derecho en México se tendrá que construir con los recursos materiales y políticos del Estado realmente existente. El orden internacional puede ser un apoyo para los derechos de los mexicanos, pero no ha sido capaz de garantizar nada de eso.
Abel Quezada, General de república bananera, 1967. Cortesía Museo del Estanquillo/
Colecciones Carlos Monsiváis
Imagen de portada: Abel Quezada, General con esposa e hijo condecorados, 1961. Cortesía Museo del Estanquillo/Colecciones Carlos Monsiváis.