Quizás hace falta decirlo con claridad: los Estados tienen la obligación de garantizar la reparación integral de las víctimas de un delito y de violaciones a sus derechos humanos. Allí donde priva el estado de derecho las instituciones ordinarias serían capaces de realizar esta labor: el aparato legislativo garantiza verdad y justicia a las víctimas, el Estado en su conjunto y/o los perpetradores se hacen cargo de la reparación y, por último, se toman las decisiones de política pública o cambios normativos para que dichos actos no vuelvan a ocurrir. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, mediante la resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.1 Este documento establece que entre los derechos de las víctimas se encuentra disponer de recursos contra las violaciones de derechos humanos, tales como “acceso igual y efectivo a la justicia”; “reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”; y “acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”.
En entornos de violencia masiva y gran impunidad las instituciones ordinarias son incapaces de reparar a las víctimas. Ya sea por las insuficiencias sistémicas, la falta de voluntad política, la escasez de recursos, el colapso institucional ante la enorme cantidad de víctimas, las redes de protección política, los intereses económicos o la permanente presencia de grupos criminales. Todos ellos o sus combinaciones hacen que se requiera la creación de mecanismos extraordinarios para atender situaciones de gran violencia y déficit de justicia, mientras las instituciones ordinarias son fortalecidas. Éste es el caso de México. A diferencia de otros países latinoamericanos, que iniciaron estos procesos creando comisiones de la verdad para entender la violencia y generar una narrativa a partir de la voz de las víctimas, diseñar modelos de reparación acordes a las violencias experimentadas, abonar a la justicia y proponer garantías de no repetición, en México se decidió iniciar con la reparación dejando pendientes y abandonadas la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. La Ley General de Víctimas (LGV) creó un sistema federado de Comisiones de atención a víctimas (CEAV) que más que reparar han administrado el caos. Las CEAV se han convertido en ventanillas únicas de reparación de prácticamente cualquier delito y violación a derechos humanos, desvirtuando lo extraordinario de estos mecanismos, que sólo deberían atender violaciones graves a los derechos humanos (asesinato, desaparición, tortura, trata, desplazamiento). Adicionalmente, las instituciones del Estado coordinadas por la CEAV deberían ser las que otorguen reparaciones en materia de salud, educación y vivienda, entre otras. Para ello existe el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pero no sesiona y deja a la CEAV con la carga económica, burocrática o logística de los servicios que otorga el Estado. Cada estado de la república tiene comisiones con distintas capacidades y presupuesto, fondo de reparaciones, estructura y voluntad política. Lo mismo ocurre con las comisiones de búsqueda de desaparecidos. El reto es del Estado, un problema nacional. El modelo federado genera atenciones diferenciadas, imposibilitando resolver nacionalmente la reparación a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas.
Familiar de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, en reunión en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Fotografía de Daniel Cima / CIDH, 2015 CC
El modelo de reparación hasta ahora se ha centrado en medidas de asistencia, ayuda y, en algunos casos, indemnizaciones sin un parámetro claro. Esto no es una reparación integral y siempre será incompleta ante la falta de verdad, justicia y garantías de no repetición. La masividad de casos obliga a pensar en reparaciones colectivas, haciendo énfasis sobre las medidas de satisfacción arriba descritas; en la adopción de modelos administrativos de reparación que desvinculen a los procesos judiciales, que siempre tardarán más, para construir una reparación inicial, a reserva de que las sentencias establezcan reparaciones particulares. En paralelo se deben implementar mecanismos extraordinarios de verdad y justicia. Esto no se puede posponer. Ante este caos, cuando era candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador aceptó la propuesta de grupos de víctimas para la creación de mesas de trabajo enfocadas en la elaboración de propuestas concretas para este problema. Diversos colectivos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, miembros de la academia y personas expertas nacionales y extranjeras, junto con el actual equipo de la Secretaría de Gobernación, elaboramos una propuesta para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos.2 Esta propuesta y la totalidad de esta agenda, conocida como Justicia Transicional, han sido abandonadas por el actual gobierno. México lleva años discutiendo cuánta y qué tipo de fuerza se requiere para acabar con la violencia, la pregunta debería ser cuánto Estado necesitamos para construir la paz. Debemos aceptar que se requieren mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, como una gran comisión de la verdad y un mecanismo contra la impunidad con acompañamiento internacional. Éstos han probado su efectividad en distintos países. Tres sexenios han pasado desde el inicio de esta espiral de violencia acompañada de la impunidad histórica de nuestro país. Los crímenes de Estado del siglo XX tampoco han sido puestos a la luz de la verdad y la justicia. La decisión del actual gobierno ha sido atender un pequeño número de casos emblemáticos, importantes de resolver, con lo que abandona en paralelo a cientos de miles de víctimas. A pesar de que en el discurso el presidente se compromete a garantizar recursos para la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda, los presupuestos siguen siendo insuficientes para la magnitud del problema. Y esto se ha acrecentado con la lógica de la austeridad mal entendida y peor implementada en esta administración. Además, habría que sumar la creciente militarización de la seguridad pública y en general de distintas actividades que deberían estar a cargo de civiles. El más reciente golpe se da con la eliminación de fideicomisos. Entre ellos se encuentra el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, con el que la CEAV hace frente a lo poco que puede hacer. Pasar este fondo a la Secretaría de Hacienda hará que lo poco extraordinario se convierta en ordinario y retrocedamos lo mínimo avanzado. Lejos de garantizar ayuda, asistencia e indemnizaciones estaremos presenciando el control desde el Ejecutivo de estos recursos. El Estado mexicano niega verdad y justicia a las víctimas. Las garantías de no repetición parecen no llegar nunca. Ahora estamos ante el colapso del débil sistema de reparaciones.
El autor es Coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de derechos humanos en las artes, de la coordinación de Difusión Cultural, UNAM.
Imagen de portada: Familiar de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, en reunión en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Fotografía de Daniel Cima / CIDH, 2015 CC