Desde principios de marzo de este año, en Puerto Príncipe, la capital haitiana, grupos armados han atacado el aeropuerto, estaciones de policía y otras instituciones de gobierno. Los puertos fueron saqueados y el noventa por ciento de las fuentes de agua potable están bajo el control de las pandillas. Durante los primeros días de esta rebelión armada, circularon videos en Whatsapp que muestran a mujeres comerciantes asesinadas a un lado de sus puestos destruidos. La persistente violencia ha obligado a cerca de quince mil personas a huir en menos de una semana. El primer ministro, Ariel Henry, que había permanecido varios días en Puerto Rico porque no podía entrar al país, finalmente renunció a mediados de marzo.
Jimmy “Barbecue” Cherizier, jefe de pandilla, durante una entrevista el 23 septiembre de 2023. VOA
A pesar de la breve calma que siguió a la renuncia del gobernante, tanto el aeropuerto como las fronteras de Haití siguen cerrados y los más de doscientos grupos armados que operan dentro del territorio controlan ya el ochenta por ciento de la capital, de la cual han sido desplazadas cerca de 362 000 personas; “más que nunca antes”, según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. De esos cientos de miles, la mitad son niños. Las Naciones Unidas estiman que, en esta nación de once millones de habitantes, más de 2.7 millones viven bajo la autoridad de las pandillas. Elon Musk compartió en redes sociales rumores infundados de canibalismo en Haití que se viralizaron en su plataforma X, aunque más tarde fueron borrados. La crisis actual comenzó el 3 de marzo después de los ataques armados a dos de las cárceles haitianas más grandes, lo que provocó la fuga de miles de reos. El país se encuentra en un estado de emergencia. “El miedo invade todos los rincones de este lugar y lo que define la existencia es la volatilidad: un día estás vivo, al día siguiente estás mirando a la muerte; los tiroteos y las balas perdidas son la nueva normalidad. Nadie se salva ahora que los bandidos andan libres y sin control; dejan a todos quebrados, descorazonados y marcados por la violencia”, declaró el director de la ONG Mercy Corps para Haití, Laurent Uwumureyi.
Los desplazados han perdido sus casas en medio de balaceras y saqueos, y muchas mujeres han sido atacadas y violadas. Cada día, grupos de ciudadanos justicieros erigen más barricadas en Puerto Príncipe para controlar la entrada a los barrios y protegerlos de las pandillas. No se pueden dar el lujo de esperar, ya que sus vidas dependen de las fuerzas de seguridad. “La situación en Haití es una crisis de seguridad, no una crisis humanitaria”, dijo Laura d’Elsa, una oficial de protección en la Organización Internacional para las Migraciones. “Cada uno de los problemas se origina en la falta de seguridad”.
Y justo el exprimer ministro Henry había viajado a Kenia el primero de marzo a firmar un acuerdo con el presidente William Ruto para el envío de una fuerza multinacional compuesta de más de mil policías. Sin embargo, el 11 de marzo la Comunidad del Caribe (Caricom), junto con algunos aliados internacionales, acordó que sería un consejo presidencial de transición integrado por siete miembros el que gobernaría el país mientras se nombra a un nuevo primer ministro. Al día siguiente de este acuerdo, Kenia dio marcha atrás al envío de los policías y anunció que reevaluaría el convenio una vez que haya un nuevo gobierno. Las peticiones de intervención son vistas con recelo al interior de Haití debido a que en otras ocasiones medidas similares han traído consigo abusos sexuales y la introducción al país de enfermedades como el cólera, en 2010. Sin embargo, para Clarens Renois, un experiodista que ahora forma parte del partido político Unión Nacional para la Integridad y la Reconciliación, resulta crucial que haya algún tipo de “asistencia para respaldar a nuestras fuerzas policiacas, para que reciban el entrenamiento y el equipo necesario para cuidar de la seguridad en Haití”.
Para Rosy Auguste Ducena, directora de programa de la Red Nacional de Derechos Humanos (RNDDH), la falta de compromiso de Kenia pone de manifiesto que la solución tiene que surgir de los propios haitianos. “Necesitamos ayuda, eso es verdad”, dice Auguste, “pero nuestra emergencia no es su emergencia; nuestra visión no es su visión. Necesitamos crear una fuerza operativa especial con agentes haitianos para comenzar a resolver este problema”.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Henry había estado gobernando por decreto. El país no tiene funcionarios elegidos mediante el voto desde que concluyeron los periodos de los últimos diez senadores en enero del año pasado. La mitad de la población, aproximadamente 5.5 millones de personas, necesita algún tipo de ayuda urgente. El secuestro es una práctica desenfrenada.
Antes de que Haití cayera en este “estado de emergencia”, el número de haitianos en busca de refugio en países como Estados Unidos se había incrementado bastante. Las autoridades estadounidenses contabilizaron 1.4 veces más haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos en 2023 que en 2022. Desde enero de 2023, el gobierno ha venido ofreciendo un programa de amnistía migratoria a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que permite a los beneficiarios residir dos años dentro del territorio de Estados Unidos. De esta nación caribeña de once millones de personas, el programa recibió más de un millón y medio de solicitudes, lo que convirtió a los haitianos en el grupo más grande de beneficiarios. Para septiembre de 2023, 85 300 haitianos habían dejado su país gracias al programa.
Las pandillas, que antes estaban enfrentadas y luchaban por el control territorial, han unido sus fuerzas para formar una coalición llamada Viv Ansanm, que significa “vivir juntos” en criollo. Jimmy “Barbecue” Cherizier, un exjefe de policía y ahora líder de la pandilla G-9 ha captado la atención de los medios con sus conferencias de prensa y capitaliza la ausencia de cualquier tipo de liderazgo. Para exigir la renuncia de Henry, Cherizier declaró que el país se dirigía a una “guerra civil que llevaría al genocidio”. Aunque este líder criminal intenta perfilarse como un revolucionario que pelea contra una élite política y económica, fue sancionado por Estados Unidos, junto con tres políticos haitianos, por violaciones a los derechos humanos cometidas en la masacre de La Saline, ocurrida en Puerto Príncipe en 2018, que dejó a 71 personas muertas en el mismo barrio que ahora manifiesta querer proteger.
Para hacer más complejo el asunto, Guy Philippe —otro exjefe de policía, senador y líder paramilitar cuya participación fue clave en el golpe de Estado de 2004 que derrocó al expresidente Jean-Betrand Aristide—, apoya a quienes claman por una revolución y se niega a aceptar el acuerdo de Caricom. Hace poco fue deportado a Haití después de cumplir una sentencia de nueve años por tráfico de drogas en una cárcel estadounidense . “Ha ido adoptando el papel del anarquista que se quiere asociar con los mafiosos armados, para sembrar el terror y asumir el poder”, según Auguste. “Una persona así no puede tener un puesto que implique tomar decisiones que afecten al país, incluso si dice que no coincide con el acuerdo de Caricom”, añadió.
Fotografía de Susan Mohr. Unsplash
La decisión de crear un consejo presidencial de transición está en marcha. No obstante, además de la sociedad civil y los líderes religiosos, también tendrán una silla en esa mesa los partidos políticos afiliados al expresidente Michel Martelly y al exprimer ministro Claude Joseph, ambos acusados de corrupción gubernamental y de haber formado parte de la trama para asesinar al expresidente Moïse. “Muchos políticos recurren a las pandillas para ganar elecciones o para intentar derrocar al presidente en turno. Al hacerlo, acercan armas a los jóvenes de los guetos, quienes están desesperados y no tienen nada qué perder. Su manera de participar en la sociedad es usando las armas durante las jornadas electorales”, dijo Renois; “por eso es que hay pandillas”.
No solo las agrupaciones políticas utilizan a las bandas armadas, también lo hacen los miembros del sector privado por razones tanto comerciales como políticas. “Con el debilitamiento del Estado en Haití, lo que vemos es más tráfico de drogas y más contrabando”, añadió Renois. Para que cambien las cosas, es necesario que un grupo de políticos jóvenes reemplace a los integrantes del viejo sistema corrupto. “Haití es un Estado fallido; no hay gobernanza, no hay una autoridad legítima detentando el poder; además, hay corrupción, hace falta seguridad y servicios. Pero esto se puede revertir con buena gobernanza y combatiendo la corrupción”.
Como parte de su legado, el país caribeño se constituyó como la primera república negra, en 1804, fue forzada a pagar miles de millones de francos a Francia en retribución por su libertad. Además de esa deuda, una larga ocupación militar por parte de Estados Unidos, décadas de dictaduras subsecuentes y un embargo comercial estadounidense que minó el mercado de exportaciones han dejado a Haití con un tejido político endeble y muy pocas oportunidades económicas que ofrecer a sus ciudadanos.
Impulsar el sistema de justicia, limpiar un sistema político corrupto e invertir en la producción económica local son algunos de los pasos que pueden ayudar a resolver la raíz del problema: el olvido en el que el gobierno ha tenido a su pueblo y el pillaje perpetrado por los gobiernos internacionales que le han quitado a los ciudadanos su autonomía. Pero, con las personas adecuadas al mando, el consejo presidencial de transición puede crear un mejor Haití. “Esperamos que aquellos en el poder no se alíen con los bandidos”, mencionó Auguste. “Deseamos que se reestablezca un Estado de derecho en el que se hagan realidad y se respeten los derechos de todas las personas”.
Imagen de portada: Fotografía de Susan Mohr. Unsplash