Los dilemas éticos de trabajar con filtraciones

En la pantalla parece sencillo: en menos de dos horas, la película La lavandería (2019) muestra un fragmento de la investigación Panama Papers, un trabajo periodístico pionero en el análisis de millones de datos. En realidad, si pudo llevarse a cabo fue gracias a la coordinación de más de cien periodistas en 76 países, luego de que Frederik Obermaier y Bastian Obermayer tomaran la decisión visionaria de compartir la información que les ofreció un tal John Doe.¹

​ Antes de hacerlo, los periodistas organizaron decenas de reuniones para analizar la pertinencia de la filtración, verificar su procedencia, consultar los efectos legales que tendría la publicación e incluso desarrollar nuevos sistemas de programación para proporcionar acceso al resto de los reporteros, que trabajaban en distintas latitudes.

​ Las revelaciones y el impacto de los Panama Papers son conocidos por el público. Sin embargo, ante cualquier filtración masiva, es indispensable hacerse algunas preguntas. ¿Publicar información de esta naturaleza es válido? ¿Qué derechos se deben ponderar antes de hacerlo? ¿Qué métodos hay que seguir para trabajar con filtraciones de forma ética?

​ Los periodistas no somos jueces pero sabemos que la libertad de expresión y el derecho a la información tienen mayor peso cuando el contenido de las filtraciones se relaciona con recursos públicos o involucra el ejercicio de los derechos humanos. Tampoco se debe perder de vista que quien filtra la información tiene un interés en hacerlo; su motivación puede ser legítima y valiosa para el público —por ejemplo, si busca exponer delitos graves cometidos por funcionarios—, aunque lo contrario también es posible, es decir, que el informante pretenda manipular una elección o dañar injustamente a alguien más.

Vista de la Ciudad de Panamá. Fotografía de Darren Miller, 2020. Unsplash

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Todo acto de gobierno debe contar con un registro y, en la medida en que impacte a los ciudadanos, debe ser conocido por ellos. Sin embargo, los gobiernos han demostrado que les importa muy poco la transparencia; y mucho menos les interesa que la gente tenga acceso a la información que podría cambiar el curso de la historia. A esto se debe que, a lo largo de los últimos años, informantes y hackers cívicos —conocidos también como whistleblowers o denunciantes— que trabajan para el gobierno hayan decidido hacer públicos ciertos documentos que explican las acciones y decisiones opacas de los poderosos. Muchos informantes han sido responsables de filtraciones masivas puestas a disposición de los periodistas. Solemos imaginarlos como hackers misteriosos o malévolos que trabajan día y noche frente a una computadora, pero muchas veces no es el caso: las filtraciones ocurren porque los empleados de las instituciones se percatan de las atrocidades y los atropellos que estas cometen.

​ El ejemplo clásico son los Papeles del Pentágono, que en 1971 revelaron que el gobierno de Estados Unidos sabía de antemano que no saldría victorioso de la guerra en Vietnam y, pese a ello, continuó enviando tropas a dicho país, lo que a la larga provocó miles de muertes en su propio ejército. El informante, Daniel Ellsberg, trabajaba entonces para las Fuerzas Armadas de la Unión Americana y a través de la corporación RAND obtuvo el estudio que filtraría a The New York Times.

​ En años más recientes, ocurrió una de las mayores filtraciones relacionadas con las invasiones de Estados Unidos a Irak y Afganistán. En 2006 Julian Assange fundó WikiLeaks en Australia, pero no fue sino hasta 2010 cuando se dieron a conocer los documentos que desatarían la molestia del gobierno de Estados Unidos y de varios gobiernos del mundo, al quedar expuesto el intercambio de mensajes que mantenían. Desde entonces Assange ha sido perseguido. A la fecha sigue intentando que lo liberen (permanece en una prisión de alta seguridad en Inglaterra, a pesar de solo haber sido condenado en la Unión Americana).

​ Varios documentos filtrados por Assange provienen de Chelsea Manning, exmilitar y whistleblower que decidió exponer las irregularidades del Ejército norteamericano.² Sin embargo, ¿debemos los medios de comunicación y los periodistas publicar la información tal como la recibimos de los whistleblowers? Assange fue criticado por revelar las filtraciones de Manning, y no solo eso: más tarde sería acusado de poner en riesgo la vida de las personas relacionadas con dicha información.

​ Lo mismo ha sucedido en otras filtraciones masivas, como la de Edward Snowden, contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, o la de Hervé Falciani, un ingeniero en sistemas de origen italofrancés que filtró los nombres de 130 mil evasores fiscales registrados en el banco HSBC.³ Aunque los periodistas publicaron las filtraciones de Snowden y Falciani, ambos han enfrentado condenas penitenciarias y fueron juzgados por las autoridades por violar diversas normas de espionaje, secrecía y privacidad.

​ El 3 de abril de 2016, los Panama Papers fueron revelados por reporteros de todo el mundo, coordinados por la periodista argentina Marina Walker, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). La investigación fue posible gracias a la filtración de 11.5 millones de documentos que contenían información sobre 214 mil sociedades offshore. Por primera vez quedaron al descubierto las empresas offshore y los contratistas que recibían ganancias millonarias, pese al daño ocasionado a las víctimas directas de dichos beneficios ocultos, como las personas que sobreviven a la guerra en Siria o los habitantes de América Latina, quienes padecen escasez de recursos porque sus países enfrentan severas crisis económicas.

​ Coordinados durante varios meses, cientos de periodistas publicaron reportajes que dieron pie a investigaciones oficiales que han tenido consecuencias importantes en el sistema económico y financiero mundial.⁴ El principal afectado de la filtración fue el país que lleva el nombre del proyecto: Panamá, algo que los propios periodistas han reconocido. Las autoridades dijeron que la imagen de la nación resultó dañada porque ahora se le considera un paraíso fiscal.⁵

Fotografía de Marco Mackenzie, 2019. Unsplash

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Año con año, los periodistas recibimos nuevas filtraciones, y las tensiones se incrementan. Me refiero a las interrogantes sobre si se deben realizar investigaciones que utilicen los datos filtrados como insumo, a las tensiones sobre cómo se organizan los reporteros para trabajar con dicha información y a la incertidumbre sobre las consecuencias globales de nuestro trabajo.

​ El volumen de los datos filtrados ha ido creciendo cada vez más. El peso total de WikiLeaks fue de 1.7 gigabytes. Luxembourg Leaks pesaba cuatro gigabytes, al igual que Swiss Leaks. Pandora Papers filtró doce millones de documentos de catorce proveedores de servicios, despachos de abogados y empresas que creaban cuentas secretas en paraísos fiscales. En los últimos años, el récord se ha vuelto a romper: primero con los 2.6 terabytes de Panama Papers y después con los cinco terabytes de NarcoFiles, una filtración de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana. Finalmente, Sedena Leaks, filtrado en septiembre de 2022 por el colectivo Guacamaya, pesa al menos seis terabytes.

​ Ante semejante volumen de datos, las técnicas de investigación, documentación y diseño de metodologías han mejorado. Recuerdo que en el caso de los Panama Papers los periodistas preferían verse en persona, con los celulares y dispositivos electrónicos lejos de ellos, para poder conversar sin miedo de ser espiados. Aunque no son infalibles, hoy en día existen mecanismos para evitar que las comunicaciones de los periodistas sean intervenidas al trabajar con filtraciones. Existen protocolos para otorgar acceso a cada uno de los reporteros involucrados en la investigación y se imparten capacitaciones sobre seguridad digital, física y legal para prevenir las peores consecuencias.

​ La primera vez que participé en investigaciones realizadas a partir de filtraciones masivas, al descubrir todos los protocolos que sostienen este trabajo, llegué a dos conclusiones: los periodistas involucrados acaban exhaustos y no es fácil para cualquier reportero formar parte de este tipo de proyectos. Además de los protocolos de seguridad, los periodistas deben contrastar los documentos, imágenes y audios de la filtración con fuentes vivas, documentos oficiales y otros recursos, así como buscar a los implicados. Ese es el estándar que usamos en el Proyecto Periodístico sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés). Pese a que varias investigaciones son producto de filtraciones, estas son contrastadas en su totalidad de modo que los resultados sean sólidos y estén blindados ante posibles demandas.

​ En Pegasus Project y Story Killers, por ejemplo, buscamos tanto a las víctimas —ante todo a ellas— como a los perpetradores. En el caso de Pegasus, gracias a varias filtraciones, los reporteros supimos que cientos de números telefónicos habían sido hackeados por la empresa NSO Group. Al confrontar y verificar esta información por medio de entrevistas, cientos de llamadas, mensajes recuperados e incluso con visitas a los lugares de los hechos, se reveló que los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa fueron espiados con dicho software adquirido por el gobierno mexicano y que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también fueron víctimas de Pegasus durante sus protestas y, sobre todo, durante el enfrentamiento en Nochixtlán, donde la Policía Federal agredió a los profesores y hubo muertos y heridos.

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Cualquier periodista que reciba una filtración debe plantearse una serie de cuestionamientos que resultan útiles para contener la prisa de publicar. ¿Cómo fue que se obtuvo la información? ¿Por medio de hackers? ¿Cuántas personas tienen o tuvieron acceso a ella? ¿La filtración contiene datos sensibles o personales en los que sea necesario ahondar? ¿Publicar reportajes basados en este insumo supondría cometer algún delito? ¿Quiénes resultarían afectados con la publicación de estos reportajes? En OCCRP siempre respondemos estas preguntas, más aún cuando está involucrada la información de otras personas. Por ejemplo, la filtración de NarcoFiles contenía datos que no debían ser divulgados porque formaban parte de investigaciones judiciales en curso. Entorpecer la justicia no es una misión del periodismo y ese fue nuestro primer criterio: ¿nuestros reportajes podrían afectar alguna investigación llevada a cabo por las autoridades o ayudarían a destrabarla?

​ A la vez, los periodistas deben sopesar lo que podría ocurrir si no dan a conocer la información a pesar de tenerla en sus manos. Al abandonar la investigación, ¿se cometerían más delitos y violaciones a los derechos humanos? ¿Nuestra omisión ocasionaría que hubiera más víctimas? La organización francesa Forbidden Stories coordinó dos investigaciones que sirven para mostrar la importancia del último par de preguntas. Mining Secrets permitió saber cómo la empresa minera Solway Group siguió contaminando Guatemala con químicos prohibidos, pese a las supervisiones gubernamentales y las advertencias de ambientalistas. La información se conoció gracias a la filtración de miles de correos electrónicos realizada por el colectivo Guacamaya. Tras la publicación, el gobierno y la compañía minera intentaron remediar varios pendientes ambientales; aunque el panorama se mantiene incierto, el problema se visibilizó a nivel global.

​ Por su parte, Story Killers fue una filtración de cientos de documentos pertenecientes a la compañía española Eliminalia. Sin esta valiosa información no se habría conocido el modus operandi de la empresa, que busca a toda costa satisfacer a sus clientes: políticos y personajes de interés público, pero de dudosa reputación, que buscan eliminar su pasado en línea, es decir, los archivos sobre ellos disponibles en internet y las noticias publicadas en su contra. Los reportajes de Story Killers suscitaron una discusión sobre las grandes empresas, como Google y Facebook, que aún no han sido totalmente reguladas por los gobiernos, así como un debate álgido entre quienes defienden el derecho al olvido y quienes argumentan a favor de la libertad de expresión. Por ejemplo, en la actualidad, la Suprema Corte analiza la Ley de Derechos de Autor, que permite la censura masiva digital en México. La organización Artículo 19 presentó un amparo en contra de dicha ley debido a las graves consecuencias que esta ocasionaría.⁶

​ Antes de las filtraciones masivas, el periodismo colaborativo era inimaginable. Hoy es difícil encontrar a un periodista solitario capaz de trabajar una de estas bases de datos, debido a la cantidad de información que se debe procesar, analizar y verificar. Las filtraciones masivas también han propiciado el desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos y programas computacionales que permiten ordenar tanta información.

​ Para los Panama Papers, por ejemplo, se creó una plataforma específica, de modo que los periodistas pudieran tener acceso a los datos de forma remota.⁷ A su vez OCCRP ha desarrollado herramientas como Aleph, que alberga bases de datos útiles para reporteros.

Fotografía de Elimende Inagella, 2020. Unsplash

​ Sería muy grave que las filtraciones cayeran en manos de personas que no pueden darle valor a la información, ya sea por falta de capacitación o de empatía ante los posibles afectados. No es un escenario hipotético. Esto fue lo que ocurrió cuando se dio a conocer información del Pentágono de Estados Unidos en la aplicación Discord; ahí se expusieron fotografías que mostraban imágenes de la guerra en Ucrania. Sin el tratamiento periodístico, la información fue minimizada por los gobiernos de ambos países al mismo tiempo que se revelaron datos delicados de varias personas sin su consentimiento.⁸

​ Ante las filtraciones, los periodistas deben valorar toda la información que llegue a sus manos, sopesar cuál es el bien que se conseguirá al revelarla y qué dificultades podría haber tras su publicación, tanto para las posibles víctimas como para los propios reporteros y la sociedad en general. Muchas investigaciones de este tipo han servido para sacar a la luz casos de corrupción, desvío de recursos públicos y delitos, no solo de cuello blanco sino de violencia pura y dura, como en el caso de Sedena Leaks y el Ejército mexicano. Es comprensible que los ciudadanos se sientan agotados ante la cantidad de información revelada. Sin embargo, consideramos que velar por el interés público es nuestro trabajo. Mientras los gobiernos y las autoridades de todo el mundo se rehúsen a documentar y transparentar su acciones, habrá hackers cívicos y filtraciones provenientes de whistleblowers o informantes, así como periodistas que trabajen con estos insumos para dar a conocer asuntos que nos afectan a todos.

Imagen de portada: Fotografía de Elimende Inagella, 2020. Unsplash