En 2012 los mexicanos nos convertimos en los principales consumidores de bebidas azucaradas y agua embotellada: los ciudadanos que más se hidratan a través de una botella en el mundo. Se estima que ese año consumimos en promedio 163 litros de bebidas azucaradas y 234 litros de agua embotellada por persona. Un bien público se había convertido en un bien escaso, es decir, en una mercancía empaquetada y con marca. En muchos casos la hidratación incluso se trasladó del agua a una bebida endulzada cuyos ingredientes (azúcar y cafeína) provocan una importante adicción. Se trata, así, de un logro más de la sociedad de hiperconsumo.
Los costos
Cuando se consume embotellada, el costo del agua de la llave puede multiplicarse hasta por mil. Para las empresas embotelladoras se trata de un estupendo negocio, pero los costos ambientales y la repercusión en las finanzas de las familias son muy altos. Existen pocos ejemplos tan claros como éste sobre la forma en la que los beneficios se privatizan y los impactos negativos, los daños, se socializan. Como es común, la marginación social suele corresponderse con la injusticia ambiental. Normalmente, las regiones más pobres de las ciudades, las zonas marginales rurales y las regiones indígenas son las que más sufren por el acceso al agua y al agua de calidad. Son las familias de estos lugares las que suelen pagar más por el abasto de agua a través de pipas y suelen tener que comprar garrafones para beber y muchas veces incluso para bañar a los niños pequeños. Para ellas el gasto en agua embotellada puede representar entre 5 y 10 por ciento de su presupuesto.
Venta de refrescos cerca del Templo Mayor. Fotografía de Quite Peculiar, 2007
El ambiente
Se calcula que cada año se desechan 9 mil millones de botellas de plástico en México y solamente 20 por ciento se recicla. Las primeras en conocer la magnitud del impacto generado por las botellas de plástico fueron las empresas, y previendo los ataques por su responsabilidad en la que con el tiempo sería reconocida como una catástrofe ambiental (islas de plásticos en los océanos, micropartículas plásticas en los productos del mar, en el agua y en los alimentos) lanzaron una estrategia para simular que eran las primeras interesadas en solucionar el problema. No se trataba de dejar de producir botellas de plástico sino de popularizar la idea de que la solución era reciclar. Se trató de una estrategia de marketing, de lavado de imagen, para continuar con la expansión de la fabricación y uso de los envases desechables de plástico en sustitución de los retornables de vidrio. Las corporaciones de bebidas y alimentos industrializados crearon hace 20 años la asociación Ecoce para realizar labores de reciclado, pero principalmente para generar la percepción de que los plásticos no eran un problema, y si lo eran, ellos no tenían responsabilidad. Es interesante ver cómo Ecoce define sus orígenes:
En México la falta de educación ambiental, infraestructura y políticas públicas para la gestión y disposición final de los residuos de envases generaron dos problemáticas: a) la contaminación visual b) la insuficiente y deficiente recolección, tratamiento y disposición final de los residuos en general y de envases en particular.
Esto sugiere que la responsabilidad no recae en las empresas que producen las botellas de plástico sino en los consumidores que no tienen “educación ambiental” y en los gobiernos que no han establecido la infraestructura y las políticas para el reciclado de sus productos. La postura es clara: las ganancias son para las corporaciones y lo demás es responsabilidad de los consumidores y los gobiernos. Y sobre los impactos ambientales, para las corporaciones sólo se trata de “contaminación visual”. Los miles de millones de envases plásticos que han producido desde hace decenios, que ahora contaminan tierras, mares, ríos y que se han ido incorporando como micropartículas en las cadenas alimenticias y causado la muerte de animales marinos simplemente no existen. Se trata de un asunto meramente estético.
Agua para bebidas
Hay distintas estimaciones de la cantidad de agua que debe usarse para ofrecer en el mercado un litro de agua embotellada o un litro de refresco. La estimación más cercana a la cantidad de este líquido que se gasta en la fabricación de un litro de Coca Cola, la bebida azucarada más consumida, se puede inferir por lo que ocurrió en 2010 en Holanda. El holandés Arjen Hoekstra creó el concepto de “huella hídrica” para estimar la cantidad de agua gastada en cada producto, una herramienta indispensable para hacer un uso racional de este recurso en un mundo que tiene cada vez más problemas para abastecer a sus poblaciones. Este nuevo concepto comenzó a llamar la atención internacional de instituciones financieras y grandes empresas. Coca Cola se puso en contacto con Hoekstra y se reunió varias veces con él, preocupada por lo que la huella hídrica podría representar para su marca. Para determinar la huella hídrica en el caso de estas bebidas se debe tomar en cuenta el agua utilizada en los ingredientes con los que se elaboran, la que se utiliza durante la fabricación de sus envases y la que se emplea como ingrediente directo. La estimación realizada en Holanda fue que para producir un litro de Coca Cola se requerían 70 litros de agua; gran parte se utiliza para la producción del azúcar, otra parte para la elaboración de la botella y una más para la fabricación del líquido, así como una fracción menor para las labores en las plantas de embotellamiento. Setenta litros de agua para un litro de refresco. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere al menos 100 litros diarios de agua para consumo e higiene. Se estima que en 55 países (35 de ellos en África) el consumo medio de agua por persona es de 50 litros.
La involución de la hidratación o cómo llegamos hasta aquí
Mientras la población mexicana iba dejando de consumir agua del servicio público el país se convertía en un páramo inundado de botellas de plástico y la población mexicana se transformaba en una de las más obesas del mundo, con los mayores índices de muertes por diabetes. Dos acontecimientos provocaron una gran desconfianza en el agua de la llave, esa que llega a nuestras casas y que pagamos con recibos que indican que es agua potable. El primero fue el terremoto de 1985, que provocó la ruptura de tuberías y la contaminación del servicio de agua potable en la capital del país, y el segundo los casos de cólera que se presentaron en 1991 y que provocaron la muerte de poco más de 30 personas. La respuesta de la industria de bebidas, a través de multimillonarias campañas publicitarias, fue ofrecer agua embotellada como una opción saludable. A estos eventos se sumó la falta de comunicación del Estado sobre la calidad del agua que brindaba, lo que terminó por provocar en los consumidores una gran desconfianza hacia el agua de la llave. En una generación pasamos de ser niños que tomaban agua de la manguera o de las llaves de los parques y nuestras casas a tomar agua embotellada por una sola razón: la desconfianza en la calidad del agua del servicio público. En 2017, de acuerdo con el INEGI, 64.9 por ciento de la población opinaba que el agua embotellada era la más saludable. A pesar de que la Comisión Nacional del Agua afirma y reafirma que el agua que distribuye es potable y cumple con las normas, la desconfianza persiste. En realidad existen zonas en las que el agua es de calidad potable, y otras en las que es evidente que no lo es a juzgar por su apariencia.
Pipa de agua potable. Fotografía de Kim Jenkins, 2010
La falta de un sistema gubernamental de información sobre la calidad del agua en nuestras ciudades, por zona y en tiempo real, ha alimentado la desconfianza. Estas situaciones —los terremotos y las epidemias—, son ideales para las grandes corporaciones embotelladoras. Parece haber una correspondencia entre la falta de comunicación de los gobiernos sobre la calidad del agua y las campañas de publicidad y estrategias de mercadeo de las embotelladoras, cuyo fin es aumentar sus ventas de agua embotellada y bebidas azucaradas.
Acaparamiento del agua
El proceso ha ido acompañado de un acaparamiento de excelentes recursos hídricos por parte de grandes corporaciones de bebidas, pero existen muy pocos estudios sobre esta apropiación. Destacan como las grandes acaparadoras Coca Cola-FEMSA, Pepsico, Danone y Nestlé, así como la industria cervecera, en la cual también participa FEMSA. En El negocio de bebidas en el acceso y usufructo del agua en México, coordinado por Gian Carlo Delgado y publicado por la UNAM y Oxfam en 2014, Delgado hace un recuento de las concesiones de agua superficial y subterránea que tienen estas empresas en el territorio nacional y analiza casos concretos para exponer cómo afectan a las comunidades, como ocurre con Nestlé Waters en Tlahuapan, Puebla, FEMSA-Coca Cola en Apizaco y la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma en Orizaba, Veracruz. El estudio reporta que en ese momento existían 369 012 títulos de concesión de agua, de los cuales, 5 mil eran para industrias. De éstas, 500 declaraban ser embotelladoras. Lo importante de estas concesiones es la cuota de agua que les autorizan extraer. En el caso de la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma en Orizaba, Veracruz, su concesión representa 50 por ciento de lo otorgado a esa industria en todo el país. FEMSA, que es la principal embotelladora de Coca Cola, no sólo en México sino en el mundo, tiene acciones de esta cervecera y es la empresa que acapara la mayor cantidad de concesiones de agua para la industria de bebidas. Cada concesión ofrece a estas corporaciones el derecho a extraer una cuota de agua que no es verificada por la autoridad, es decir que fácilmente puede rebasarse, agudizando la sobreexplotación de los acuíferos. Por otro lado, se establece un costo del metro cúbico de agua que no representa el valor del líquido en regiones donde las poblaciones suelen tener problemas para acceder a él. El acceso al agua es, cada vez más, un tema de conflicto social entre las comunidades y las grandes empresas. Una práctica usual de las corporaciones es desarrollar estrategias para congraciarse con las autoridades y con las comunidades, o con parte de ellas. Aprovechándose de la pobreza de los municipios, estas empresas regalan útiles escolares, mejoran las canchas de básquetbol o futbol, patrocinan eventos, etcétera. Sin embargo, tales estrategias no siempre son efectivas, o dejan de serlo cuando los daños que generan sus actividades no pueden ocultarse. Algunos casos han llamado la atención nacional e internacional, como el de la planta de Coca Cola-FEMSA en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que extrae agua en una región donde hay comunidades que no tienen acceso al recurso y donde el consumo de refrescos ha penetrado profundamente en las tradiciones de los grupos indígenas, provocando una explosión de casos de diabetes donde antes era una enfermedad muy poco común.
¿Qué hacer…?
Nuestra Constitución política establece el derecho humano al agua, que el Estado incumple de distintas maneras, por ejemplo al cobrarnos un servicio de agua potable (a los que lo tenemos) sin garantizarnos que realmente sea potable y también viola, así, nuestros derechos como consumidores. El derecho al acceso a agua de calidad para beber debe cumplirse, pero para hacerlo se requieren enormes recursos y voluntad política. Para que se respete nuestro derecho al agua y para mitigar los daños a la salud y al medio ambiente que implica el consumo de refrescos es urgente volver al agua como fuente de hidratación. Mientras demandamos el cumplimiento de lo que señala la Carta Magna nos planteamos dar uno de los primeros pasos en esa dirección encaminados a reducir el consumo de refrescos y avanzar en el cumplimento del derecho al agua, al menos para los niños que se encuentran varias horas al día cautivos en los planteles escolares. Fue así que en 2013 exigimos que se estableciera un impuesto a las bebidas azucaradas y que parte de los recursos se dirigieran a la instalación de bebederos de agua con sistemas de purificación en las escuelas del país. El impuesto se estableció en 2014 en alrededor del 10 por ciento del costo de estas bebidas, a pesar de que la OMS recomendaba que fuera al menos del doble. Al mismo tiempo, el poder Legislativo estableció la obligatoriedad de instalar bebederos de agua en las escuelas y dispuso un periodo de tres años para que se hiciera. También indicó en la Ley de Ingresos que cada año debía destinarse una cantidad importante de los recursos recaudados por dicho impuesto a los bebederos en escuelas y a programas de salud. Sin embargo, en las leyes de egresos de esos años el poder Legislativo mismo incumplió. Por su parte, el poder Ejecutivo se comprometió a la instalación de bebederos en 40 mil escuelas. Al final de la administración pasada se reportaba que se habían instalado en solamente 11 mil planteles educativos. No se sabe si se encuentran en buena condición o si se les ha dado mantenimiento.
Bebederos en una primaria pública de San Pablo Huixtepec. Fotografía de Germán Tenorio, 2013
La idea de generar un mayor diferencial entre el costo de las bebidas azucaradas y el agua embotellada no se cumplió del todo, pero sí logró un impacto. El primer año se redujeron las compras de refresco en 6 por ciento, y el segundo aproximadamente en 9 por ciento. El British Medical Journal acaba de publicar un estudio realizado a 1 770 adultos del sector salud tres años después de haberse establecido el impuesto. Se encontró que en ese periodo se redujo en 4.7 por ciento la cantidad de consumidores de estas bebidas, disminuyeron en 6.8 y 6.1 por ciento los consumidores medios y altos, y la posibilidad de ser un consumidor bajo aumentó 8.3 por ciento. Tras instaurarse el impuesto a las bebidas azucaradas en México varias naciones y ciudades replicaron la medida con éxito. A diferencia de nuestro país, en esos lugares lo fijaron en 20 por ciento o más, y con los ingresos crearon fondos transparentes para programas de salud y de apoyo a grupos vulnerables. Después de México, el impuesto a las bebidas azucaradas, con resultados claros en la reducción del consumo, se ha establecido en Reino Unido, Portugal, Filipinas, India y las ciudades de Filadelfia, Berkeley y San Francisco, entre otras. Como puede verse, el regreso a la hidratación natural con agua y al derecho al acceso a agua de calidad para beber, forma parte de una serie de demandas e iniciativas para reducir el consumo de bebidas azucaradas y de agua embotellada. En todos estos casos, como parte de estas políticas se cuentan la instalación de bebederos y dispensarios de agua en espacios públicos, instituciones académicas y centros comerciales donde los ciudadanos pueden hidratarse directamente o rellenar sus botes de agua. Lo anterior forma parte de un proceso de exigencia ciudadana del derecho al agua que tiene como expresión más clara la defensa comunitaria del agua, de la cual tenemos varias expresiones en nuestro país.
Imagen de portada: Montaña de botellas en Thilafushi, la isla de basura. Fotografía de Shafiu Hussain, 2010